Los civiles se armaron ante la incapacidad del gobierno del estado, dice el legislador de Morena, Félix Salgado. El gobernador Héctor Astudillo tiene que atender el problema, agrega Nestora Salgado. El coordinador de la CRAC, Julián Cortés solicita legislar la operación de los grupos civiles armados “infiltrados de la delincuencia y manipulados por un puñado de líderes vitalicios que hacen negocio con su supuesta lucha por la seguridad”.
Ciudad de México, 25 de enero de 2019. Este jueves se celebró en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República el foro Hacia una agenda de pacificación de Guerrero en el que los senadores Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado, así como víctimas de la violencia y académicos urgieron a que los gobiernos federal y estatal a que atiendan la grave crisis de seguridad que enfrenta el estado, que ha provocado el surgimiento de grupos armados civiles y desplazamiento forzado interno.
Convocado por el senador Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, en el foro destacó la presencia de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre ellos el coordinador regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, quien solicitó legislar la operación de los grupos civiles armados que maniobran con distintos nombres en comunidades indígenas de varias regiones del estado.
El año pasado el Congreso de Guerrero aprobó modificaciones al Artículo 14 de la Constitución del estado, y se eliminaron las figuras de “policías comunitarias y rurales”.
“Es una necesidad urgente, pues si no se incluyen quedarían en el aire como hasta ahora, además varios de estos grupos han comenzado a actuar cometiendo atrocidades. Se debe de controlar a estos grupos que no están bajo el mando de las asambleas comunitarias ni regionales, por lo cual son infiltrados de la delincuencia y manipulados por un puñado de líderes vitalicios que hacen negocio con su supuesta lucha por la seguridad”, indicó Cortés.
En su intervención el coordinador regional de la CRAC-PC hizo propuestas para la pacificación de Guerrero y la región La Montaña, entre ellas cancelar reformas a la constitución de Guerrero con las que eliminaron la figura jurídica de la policía comunitaria.
“Se trata de la Ley 701 con la que se borra a la CRAC-PC. Por iniciativa del gobernador Héctor Astudillo se aprobó en el Congreso local el año pasado”, agregó.
El activista indicó que en octubre de 2018 con apoyo del Ayuntamiento de Malinaltepec y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se interpusieron dos controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y diputados de Morena tramitaron un recurso de inconstitucionalidad en contra.
Piden la libertad de los presos políticos, la cancelación de concesiones mineras y de La Parota
“Solicitamos la intervención del presidente López Obrador ante la Suprema Corte para que agilice el fallo a favor de nuestras iniciativas”, indicó Cortés, quien además solicitó la intervención presidencial “para la liberación de nuestros compañeros presos políticos del Cecop y de la CRAC-PC. Son 19 que permanecen encarcelados desde el 7 de enero de 2017, y también la liberación de Gonzalo Molina de la Casa de Justicia del Paraíso, recluido desde el 2013. La CRAC-PC ha sido reprimida por el gobierno, principalmente por el de Guerrero”, denunció ante los senadores Nestora Salgado y Félix Salgado Macedonio.
Pidió la cancelación definitiva de las concesiones mineras en territorio comunitario, así como del proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
“La amenaza de esta construcción ha generado confrontaciones en el gobierno del estado, resultando personas lesionadas, asesinadas, encarceladas desde hace 15 años, pero más reciente el 7 de enero de 2018”.
“Solicitamos al presidente que firme un decreto de cancelación definitiva, exigimos al gobierno del estado y al poder Judicial se respete a las comunidades indígenas de los bienes comunales de Cacahuatepec para evitar la explotación ilegal del río Papagayo”, enfatizó.
Al foro acudieron diversas voces tanto de víctimas de desplazamiento y violencia, pero también académicos, periodistas y representantes de las organizaciones civiles como Omar Villareal Salas y María Elena Hernández, de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), y Daniel Zúñiga Maldonado de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN).
Mal gobierno provocó tomar las armas: Félix Salgado
El senador Félix Salgado Macedonio inauguró el foro y llamó a apoyar a las policías comunitarias de Guerrero “ante la incapacidad” del gobierno del estado para resolver la inseguridad.
El senador por Morena dijo que todos conocen la situación de Guerrero, “allá donde casi se tiene que pedir permiso para andar en nuestras propias tierras, donde hay desplazados, ejecutados, amenazados, presos injustamente por defender sus tierras, allá donde hay mucha injusticia. Esto llevó a los ciudadanos a tomar las armas y a conformar las policías comunitarias”.
“Si tuviéramos o hubiéramos tenido un buen gobierno no habría necesidad de tomar las armas para defenderse, pero como el gobierno no pudo y no ha sido capaz de defender la vida de los ciudadanos y garantizar la paz y la tranquilidad, la gente tomó las armas”.
El foro se dividió en cuatro mesas: Impacto de la violencia de Estado en Guerrero, Vacío de poder y surgimiento de grupos armados, Desplazamiento forzado interno y Estrategias de pacificación.
Militares deben ser cuestionados y sigue recibiendo amenazas, dice Nestora
Tras escuchar testimonios la senadora Nestora Salgado mencionó que fue comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, y que se le encarceló porque denunció los agudos problemas de inseguridad en el estado.
“La denuncia que hacen ustedes ahora la hemos hecho nosotros. El hecho de que fui encarcelada por no haber tenido miedo tuvo consecuencias fuertes, pero sigo de pie y en la lucha, siempre estoy del lado de las víctimas y lo hemos demostrado cuando los 43 (de Ayotzinapa), en donde tuvo participación el Ejército, Policía Federal, Estatal y Municipal”, indicó.
Dijo que los gobiernos siguen “callados. Deberían ser cuestionados los militares, pero se dice que no va a ser así y en eso no estoy de acuerdo, porque para terminar con estos delitos y abusos quienes nos han reprimido tienen que ser llamados a cuentas, sean altos mandos del Ejército, Marina y quien tenga que ser, porque el pueblo necesita verdades y justicia”.
Denunció que no puede ir a Guerrero porque continúa recibiendo amenazas de muerte.
“Saben que hablo con verdades, he denunciado lo que pasa en el estado y por eso no puedo estar ahí. He pedido medidas cautelares y se me han negado”.
Afirmó que ha recibido cabezas de perro en su casa, “lo denuncié y no me dan las medidas porque yo denuncio que el problema son los gobiernos y la división de los pueblos. Para que tengamos resultados tenemos que hacer lo que dije en campaña: pacificar y unificar a los pueblos”.
Visiblemente molesta y ante un público atento, Nestora señaló que existen diversos grupos armados en Guerrero, “ya no sabemos cuáles son buenos o malos porque hay denuncias por todos lados. Yo hablo por la CRAC que está puesta por los pueblos. Yo invité a los grupos a que se unificaran, o al menos que no estén peleando unos con otros, que hagan su trabajo porque se supone que nacieron para defender al pueblo”.
Agregó que las policías comunitarias nacieron por la falta de participación del Estado, “porque nos dejaron sin cobijo. Las mujeres no teníamos ninguna necesidad de cargar un arma, de recibir balazos, no a dar seguridad pero el abandono del Estado ha hecho que estos grupos salgan”.
Astudillo debe atender problemas
Nestora Salgado dijo que interpuso un punto de acuerdo sobre los desplazados por la violencia que no ha sido discutido, y propuso mesas de trabajo en las que se invite a gobernadores para que den soluciones.
“El pueblo, las víctimas y los gobernadores debemos llegar a acuerdos para trabajar en acciones, hacer pliegos petitorios de parte de ustedes para un acuerdo. Hagamos una mesa de trabajo en la que se le cite a (Héctor) Astudillo, por ejemplo. Si Félix me apoya citemos al gobernador y que vengan las víctimas de los desplazados, que en Guerrero son mucho y en diferentes municipios, y que escuchemos del propio gobernador cuál es el plan de trabajo que tiene para el estado, porque yo no he escuchado un verdadero plan”.
“Siempre dicen que no pasa nada en Guerrero pero los muertos se siguen levantando cada día, mujeres asesinadas. Nos toca exigir una respuesta porque se va este gobernador y Guerrero seguirá en llamas”.
La senadora cuestionó: “¿Qué han logrado estos foros?, el mundo lo sabe. El tema de los 43 cruzó fronteras, se sabe lo que vive Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas. Hemos ido a hacer denuncias internacionalmente, hemos llegado a la ONU, a la Comisión Interamericana para ver si por medio de otro país hay una alternativa de solución y no la hemos tenido. Hay recomendaciones de organismos internacionales y no pasa nada”.
“¿Qué hemos tenido por parte de los militares?, abusos, violaciones a mujeres y el pueblo con miedo ha buscado en foros que alguien se compadezca de nosotros. Hay que exigir pero que nos den una respuesta, que no nos engañen. Poner un plazo, tenemos problemas ejidales, la gente se está matando. Yo les ofrezco la mano amiga para acompañarlos pero que sean hechos”, concluyó.
Entre las víctimas estuvieron María Cruz, hermana de Felipe Torres Cruz asesinado en diciembre en El Camalotito, municipio de Petatlán, quien denunció que “viven una situación desesperante” acosados por el grupo criminal Guardia Guerrerense.
Contó que han intentado despojarlos de sus tierras y son agredidos por oponerse a la tala de árboles.
“Nos vemos obligados a vivir en esta forma, porque no tenemos a donde ir, somos de familias pobres que no cuentan con lo suficiente para salir”, dijo.
Las comunidades más afectadas, detalló, son La Morena, El Camalote, El Camalotito, Humedades, Rancho Nuevo, Cabecilleras, Barranca del Bálsamo, Huamilon, Roblar, La Botella, Zapotillos, Lorida y Los Limones.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Senado de la República
