Ciudad de México, 24 de abril de 2022. Luego de la conmoción que causó los casos de María Fernanda y Debanhi, dos jóvenes que fueron encontradas sin vida tras ser reportadas como desaparecidas, organizaciones denunciaron fallas en la aplicación de los protocolos de búsqueda inmediata.
Leticia Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), dijo que en la mayoría de los casos los familiares de personas desaparecidas viven un calvario desde la denuncia.
Explicó que esto sucede por muchos motivos, que van desde la falta de orientación y malos tratos, hasta sesgo en la investigación por estereotipos de género.
“Ellos emiten un juicio y no realmente un protocolo”, dijo la activista. “Emiten un juicio diciendo: ‘Ah, pues se fue por su propia voluntad, no es una persona desaparecida'”.
Consideró que esto repercute en la manera como se aborda una investigación durante las primeras horas, las más críticas.
Dijo que cuando se presume la existencia del delito de desaparición forzada, la autoridad tarda más tiempo en responder.
“Ahí ellos se toman 72 horas para mandarlo al Ministerio Público, en donde en 72 horas nadie mueve un dedo”, mencionó.
Explicó que en Estados Unidos existe una división para cada tipo de enfoque de investigación, por ejemplo, si se trata de una posible sustracción parental de un infante, de una mujer o si se presume la comisión de un crimen, entre otros.
En Europa, dice, hay padrones de habitantes, incluyendo personas en situación de calle.
En tanto, en Nuevo León ni siquiera se ha homologado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que fue aprobada desde noviembre del 2017.
Esta Ley crea el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas que establece obligaciones estatales y municipales.
La ex diputada Claudia Tapia promovió una iniciativa para crear la ley en 2021, la cual fue aprobada en comisiones, pero ya no pasó al Pleno debido a que acordaron realizar mesas de trabajo con organizaciones civiles, cosa que tampoco se ha hecho.
Irma Alma Ochoa, de Arthemisas por la Equidad, indicó que ya existe mucha información que puede servir para generar diagnósticos y políticas públicas de prevención al analizar las colonias, municipios y horarios en donde más suceden las desapariciones, las edades de las víctimas, entre otros.
“Con el diagnóstico se pueden diseñar estrategias para prevenir este problema que aqueja a la sociedad en general”, expuso.
Todas coincidieron en que la falta de recursos y personal es un obstáculo en las búsquedas.
Afirma Fiscalía cumplir con protocolos
Pese a que existe un limbo legal debido a que no se ha homologado en Nuevo León la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la Fiscalía General de Justicia afirmó que ya existen procesos para atender casos de desapariciones.
A nivel local, explicaron, una vez que se presenta la denuncia formal de desaparición se detona una alerta y entra el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) a realizar las primeras indagatorias.
Adicionalmente, cuando se presume la comisión de un delito se aplica el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas que contempla obligaciones para autoridades de los tres niveles de Gobierno.
También existe la Alerta Amber que puede activarse sin la necesidad de una denuncia formal desde el momento en que las autoridades tienen conocimiento de la desaparición de un menor de edad que pueda estar en peligro.
Los protocolos incluyen difusión de fichas de búsqueda en medios y entes gubernamentales, búsqueda en cámaras de video, sábanas de llamadas, georreferenciación del teléfono e identificación del vehículo en el que viajó.
El pasado 15 de abril el gobierno estatal anunció una partida de 50 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y el inicio de los trabajos para implementar el Protocolo Alba.
Este protocolo comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2003, y en cumplimiento a la sentencia conocida como “Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se modificó en el 2012.
Este mecanismo contempla la coordinación de los tres órdenes de gobierno con medios de comunicación, sociedad civil y organismos públicos y privados.
En 2018 se acordó la instalación del Protocolo Alba en todo el país y, aunque ya fue anunciada, en Nuevo León aún no se aplica.
Texto y foto: Agencia Reforma
