Miles de centroamericanas dejan sus países de origen por la violencia que viven, pero en su camino hacia Estados Unidos las violaciones a sus derechos humanos continúan. Desde 2019 se enfrentan a políticas más restrictivas, lo que aumenta las condiciones de vulnerabilidad durante su tránsito, que muchas veces culmina en una repatriación que las devuelve al lugar de donde huyeron
Ciela Ávila
Rocío dejó El Salvador y llegó a México; permanece en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, que colinda con El Paso, Texas, Estados Unidos. Tiene 25 años y quiere cruzar hacia ese país con su hijo de ocho. “No quisiera regresar porque el papá del niño… estando allá, donde quiera que esté me va a buscar, amenazó con matarme”, relata en entrevista.
La joven salvadoreña sueña con que en Estados Unidos su hijo estudie y, desde allá, ella pueda ayudar económicamente a su padre, quien la apoyó para salir de El Salvador. “La idea es cruzar al otro lado, pero si no se puede me va a tocar pedir el asilo acá. No tengo de otra”, dice desde un albergue en Chihuahua.
En su primer intento fue expulsada bajo la política migratoria Título 42. “Me quedé en el puente, sentada, llorando”, recuerda. Esta política se activó a causa de la emergencia por la pandemia de Covid-19 e impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos.
Al respecto, en agosto pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas solicitantes de asilo en virtud de esa orden de salud pública estadunidense.
“Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades”, advirtió Matthew Reynolds, representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe.
“Estos vuelos –continuó la agencia de la ONU–, a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el Covid conocida como Título 42.
“La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena –devoluciones sucesivas por parte de diferentes países– de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”.
Se viola el principio de no devolución
Sofía Cardona, asociada senior de Protección en ACNUR México, manifiesta que, efectivamente, “se debe garantizar el acceso a un procedimiento y no se debe devolver ni a su propio país ni a un país de donde potencialmente sea devuelto a su vez”.
Cardona explica que el rechazo de migrantes en la frontera es una violación al principio de no devolución, que es “la piedra angular de la protección internacional (…) Si alguien expresa un temor de regresar a su país, se le debe admitir a un procedimiento para determinar si efectivamente es una persona que requiere protección internacional. Se debe garantizar el acceso a un procedimiento”.
La violencia también fue el motivo por el cual María, de 20 años, dejó su natal Guatemala acompañada de su prima de 16.
“Siempre que salía a la calle y me encontraba con él me amenazaba. Vivía cerca de la casa (…) quería que me casara con él, decía que no le dijera nada a la policía porque iba a matar a mi mamá”, comenta en entrevista sobre el integrante de una pandilla guatemalteca que la acosaba.
La joven tardó un mes en llegar a la frontera norte de México. Intentó cruzar a Estados Unidos, pero la regresaron a Ciudad Juárez porque no llevaba sus papeles.
Actualmente María está en un albergue sin su prima; las separaron. “Hay días que me siento desesperada, me pongo a llorar en las noches. No sé qué va a pasar conmigo”.
Quiere trabajar para pagar las medicinas de su mamá, quien tiene diabetes, y ayudar a sus cinco hermanos. “A lo mejor se recupera todavía (…) quiero sacar adelante a mi familia, nosotros somos pobres, no tenemos casa, tengo de meta hacerle una casita, aunque no sea tan grande”, cuenta.
Precisamente fueron dificultades económicas las que orillaron a Carolina a salir de Guatemala. A sus 22 años tuvo que desplazarse para pagar una operación de hernia a su madre y la deuda de su padre fallecido, la cual suma más de 200 mil quetzales (más de medio millón de pesos mexicanos).
“La intención de salir de allá es luchar por mi mamá y después comprarle un sitio para construirle una casita, por lo menos, y ya cumpliendo con eso me regreso con ella”, asegura en entrevista.
Carolina caminó cinco horas para llegar al muro fronterizo entre México y Estados Unidos y otras cinco horas para llegar a un lugar donde iban a recoger a los migrantes que querían cruzarlo, pero fue deportada.
“Ya estábamos ahí y aparece la migra (la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos) y nos deporta. Yo ya no podía seguir porque me caí del muro, no podía seguir viajando (…) no me sentía bien porque tenía la pierna fracturada, me alejé de los muchachos”, recuerda.
Un hombre que la vio lastimada se ofreció a llevarla al albergue en donde se está recuperando. Lleva más de tres meses en Ciudad Juárez, pero está preocupada, porque mientras el tiempo avanza, la deuda aumenta. “Me siento triste, con mucha depresión, ¿cómo salir de aquí y cómo pagar la deuda?”, se pregunta.
Ser mujer, razón para dejar Centroamérica
Las historias de Rocío, María y Carolina –los tres son seudónimos para mantener la confidencialidad de sus datos personales– demuestran que ahora hay más mujeres migrantes.
“Se ha elevado el que la mujer decide migrar sola y trae con ella a sus hijos. Los perfiles más comunes que nosotros hemos identificado son cuidadoras solas (…) mujeres adultas jóvenes”, confirma en entrevista Adriana Torres, asistente de Monitoreo y Evaluación del Programa CBI y Vivienda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Sus casos coinciden con la contingencia sanitaria y, de acuerdo con el micrositio Observatorio Género y Covid-19 en México, hasta 2018 las mujeres representaban entre 20 y 25 por ciento de los flujos migratorios en tránsito irregular. Sin embargo, a partir de octubre de 2018 se observó un cambio en la migración, y en 2019 mujeres y niñas ya representaban 40 por ciento de las personas detenidas en estaciones migratorias en todo el país.
Desde hace más de cinco décadas, agrega el Observatorio, las mujeres son la mitad de las personas que migran en el mundo. Pero sus tiempos y formas de migrar son distintos a los de los hombres, pues están atravesadas por las violencias de género.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), asociación civil que trabaja con personas en movilidad y LGBT+ en Ciudad Juárez, explica que de enero a septiembre han atendido 133 casos de mujeres sobrevivientes de violencias de género.
“Un número importante de estos hechos han ocurrido en su lugar de origen, principalmente en el triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). Esto nos demuestra que la violencia basada en género es también una causa por la cual las mujeres optan por moverse de sus países de origen”, afirma.
Adriana Torres y Blanca Navarrete coinciden en que las violencias de las que huyen las mujeres en sus países de origen se perpetúan también en su tránsito por México, y no acceden a servicio médico, atención sicológica y tampoco reportan estas situaciones porque se les discrimina por ser personas migrantes.
“Muchas de las mujeres que atendemos –de Honduras y El Salvador– han sido víctimas de violencia, en específico, de violencia sexual durante el camino (…) son víctimas de delito, pero no acuden a la fiscalía por miedo. Muchas llegan a la frontera norte con un estado emocional fracturado”, especifica Torres.
Rocío, María y Carolina comparten el haber dejado Centroamérica entre los 20 y 25 años de edad por amenazas de muerte por parte de hombres a ellas o a sus familiares, y por la promesa del “sueño americano”. Las tres viajaron movidas por la intención de ayudar económicamente a sus padres, madres y hermanos desde Estados Unidos.
“Muchas de ellas son jefas de familia, tienen la carga emocional de las deudas adquiridas en el país de origen para hacer el tránsito o, si están acá solas, cómo enviar el dinero a sus familias que se quedaron” en sus países de origen, contextualiza la directora de DHIA.
El Observatorio Género y Covid-19 en México reporta que, en general, a partir de 2019 las mujeres migrantes se enfrentan a políticas migratorias más restrictivas, lo que incrementa las condiciones de vulnerabilidad en su tránsito y al llegar al país de destino –como sucedió con Rocío, María y Carolina– las migrantes son retornadas.
Acciones para personas migrantes en pandemia
Para hacer frente a estas afectaciones, que se han visto agravadas por la pandemia, el gobierno federal ha llevado a cabo algunas acciones, según reconoce el Observatorio Género y Covid-19 de México.
La Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar) ha optado por adaptarse a la situación realizando entrevistas de elegibilidad a distancia y recibiendo solicitudes de asilo. En tanto, el gobierno aplica protocolos sanitarios en Centros para Migrantes para prevenir el Covid-19 en la frontera norte.
El Instituto Nacional de Migración ha creado un Protocolo de Actuación para la prevención y atención de casos de Covid-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, avalado por la Secretaría de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y se ha desarrollado un Plan Operativo de Atención a la Población Migrante.
Respecto a las acciones a favor de las mujeres migrantes, las organizaciones civiles lograron una resolución histórica en la que un juez ordenó 11 medidas para proteger la vida y salud de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.
También se han distribuido despensas e insumos sanitarios y se ha dado atención y acompañamiento en línea, telefónico y físico, al tiempo que se han documentado las violaciones a derechos humanos.
“En julio vimos muchos casos de violencia sexual hacia las mujeres. Allí era muy importante darles información de los derechos que tienen para ejercerlos, y creo que eso es vital, es muy importante que la atención que reciben sea integral (…) que también estemos cuidando la parte física y la parte mental”, menciona Vanessa Lizárraga, asociada de Protección en ACNUR México.
