Chilpancingo, Guerrero, a 7 de julio de 2026.- La asamblea de San Felipe de Jesús, en el municipio de Ñuu Savi, recibió a un comandante de la Policía Ministerial que llevó un requerimiento de un juez federal para liberar a un joven sometido a un proceso de reeducación de seis meses de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), y la población se negó a soltarlo.
En consulta telefónica sobre la reunión del viernes, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC, Juan Antonio García Fidencia informó que participaron unas 180 personas entre hombres y mujeres, y la mayoría optó por no darle la libertad.
Por mayoría sólo accedieron a reducir un mes la sanción, por la falta que se estableció en la comunidad de origen del detenido, si su familia desiste del juicio de amparo, de acuerdo con el informe que recibió del comisario de San Felipe de Jesús, Celestino Jiménez.
El coordinador explicó que las comunidades establecen directamente los plazos de reeducación en faltas menores para agilizar los procedimientos, y envían el acta de asamblea a la Casa de Justicia que aplica el procedimiento.
Indicó que el detenido fue enviado a reeducación a San Felipe de Jesús, por faltar el respeto a otro ciudadano de su propia localidad.
Aunque la sanción que corresponde en condiciones normales es de tres meses, se duplicó porque es consejero y su conducta debe ser ejemplar.
Recordó que cuando entrevistaron al detenido aceptó que cometió un error, pero no estaba de acuerdo con el plazo, porque la falta tenía antecedentes en problemas familiares de mucho tiempo.
No obstante, García Fidencia aclaró que cuando hay golpes o violencia interviene la seguridad de la comunidad.
La esposa del detenido también dijo que no sabía que sus familiares en Acapulco habían promovido un juicio de amparo, la había engañado.
Entre las intervenciones en la asamblea plantearon reducir un mes la sanción, si retiran la demanda en el poder Judicial.
Explicó que la discusión con el comandante de la Policía Ministerial que solicitó ir a verificar la condiciones de la detención; “escuchó lo que acordó la asamblea y de inmediato se regresó”.
No obstante advirtió que aún no existe un trato institucional de los funcionarios de gobierno para la CRAC-PC, pues el comandante llegó tarde a la cita de las 10 de la mañana, donde la asamblea lo estaba esperando, pero ni siquiera llevó oficios escritos.
Asimismo, denunció que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) envió a la Casa de Justicia de El Paraíso una copia del oficio dirigido al comisario municipal, con la convocatoria del proceso de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la propuesta de la iniciativa y un cuadernillo explicativo.
La insiste en que las instituciones de gobierno no respetan la autodeterminación de los pueblos.
Texto: Lourdes Chávez
