René Vargas Pineda
Los municipios tienen solo cuatro fuentes de financiamiento ordinario, tres de ellas provienen del pacto fiscal y son parte del gasto federalizado: Ramo 28, participaciones federales (PF) y Ramo 33 en dos fondos, el de infraestructura social municipal (FISM) y para el fortalecimiento de los municipios (Fortamun). La cuarta fuente es generada por los esfuerzos recaudatorios de sus ingresos propios (IP), y precisamente esta última es la gran debilidad que produce la altísima dependencia financiera de los fondos federales. En este año 2021, la dependencia promedio de los 81 municipios es de 84.9% y la del gobierno del estado de 97.4%.
Pero la realidad entre los municipios es muy dispar. Mientras Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa concentran el 85.7% de todos los IP municipales, los otros 75 municipios apenas generan el 14.3%; así también, estos seis municipios obtienen el 47.9% de las PF, el 21.9% del FISM y el 43.6% del Fortamun.
Este contexto muestra el permanente estado de vulnerabilidad financiera de los municipios y del estado, porque si la recaudación federal participable (RFP) disminuye, las PF caen desestabilizando las finanzas y la escasa recaudación de IP no compensa la caída. Esto pasó en 2020: la RFP cayó por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación (producto de la parálisis económica provocada por el Covid-19) y provocó de inmediato un efecto negativo en las finanzas estatales y municipales.
Aparte de estas condiciones, hay algo más grave. De acuerdo con la SHCP ¡los municipios destinan en promedio el 68% de sus ingresos al gasto corriente! Y esta es una constante en los municipios de Guerrero, en donde una parte determinante es el pago de nómina, en el cual se usa la mayor parte de las PF e IP, porque son los únicos fondos de libre disposición. A esto habría que agregar el pago de deudas, laudos y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Así las condiciones de vulnerabilidad financiera en que las nuevas autoridades asumirán las administraciones municipales y estatal. Pero aun cuando es una problemática seria, se tienen que ver como oportunidad, porque finalmente la sociedad eligió a sus gobernantes para resolver problemas, no para quejarse. En este sentido, para comenzar, es importante que las nuevas administraciones tengan la verdadera disposición de diseñar objetivamente políticas públicas de corte transversal en materia de transparencia, austeridad presupuestal, eficiencia del gasto público y de participación ciudadana, que en conjunto reduzcan el gasto corriente, la carga financiera de las deudas, mejore la eficiencia recaudatoria de IP, aumente el gasto en inversión para incrementar el valor público y se ataque uno de los principales problemas sociales: la pobreza.
Si no se asumen nuevas visiones para mejorar la administración de los ayuntamientos, tocará ser meros administradores de recursos humanos, porque el pago de la nómina será el constante dolor de cabeza y el principal problema a resolver quincena tras quincena.
