El secretario General del Ayuntamiento informa que el litigio es del periodo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pero fue hasta 2009 que se perdió el caso y se vinculó al Ayuntamiento como corresponsable del cumplimiento de ese laudo. Se están pagando 100 mil mensuales a cargo de ese juicio, revela el funcionario
Acapulco, Guerrero, 1 de septiembre de 2023. El secretario General del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, afirmó que ya es complicado meter un recurso legal para contravenir la resolución de pago de 100 millones de pesos a una ex trabajadora de la CAPAMA y señaló que anteriormente los casos de demandas laborales se perdían a propósito o los dejaban listos para ejecución de sentencia.
Indicó que la que demandó y a la que se tiene que pagar 100 millones de pesos era secretaria de la dirección de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
“Tenemos contabilizado 2 mil millones de pesos en laudos, no todos están en la misma situación, y la política que hemos establecido es pelearlos todos hasta el final y pagar aquellos donde no haya otra alternativa”, dijo el funcionario que mencionó. “tenemos una docena que rebasan los 20 millones y de ahí 500, 700 hasta 900 mil pesos”.
Agregó que la presidenta, Abelina López Rodríguez, ha dicho que no dejará ningún caso en el Tribunal y los 800 trabajadores que han sido dados de baja en estos dos años de gobierno se ha pagado su liquidación, en caso de que la persona no acepte “para evitar dejar un problema elaboramos un cheque del cálculo de su liquidación y lo depositamos en el Tribunal para que no crezca esa cifra”.
Ayer en declaraciones en su oficina, dijo que la demanda es del periodo de Zeferino Torreblanca Galindo, pero fue hasta el 2009 que se perdió el caso y se vinculó al Municipio como corresponsable del pago de ese laudo, y a pesar de que “hemos hecho un esfuerzo de pago, se están pagando 100 mil mensuales a cargo de ese juicio”.
En el 2009 el alcalde era el priísta Manuel Añorve Baños.
“Se trata de un caso que data del 2001, en el que a una persona en CAPAMA se le emitió una constancia laboral fraudulenta, diciendo que una auxiliar administrativa de la contraloría ganaba 2 mil 500 pesos diarios, lo que es falso, yo hoy 23 años después que tengo nivel dos en el tabulador después de la alcaldesa, los síndicos y regidores ganó mil 28 al día, nadie gana 2 mil 500 pesos diarios”, dijo.
Abundó que fue una constancia “fraudulenta” en el 2001, que no tenía en ese momento el nombre de quien era director de Recursos Humanos de CAPAMA, pero “esa persona lo firmó”. En el 2009 CAPAMA perdió el caso, y ese mismo año se vinculó al Ayuntamiento como “corresponsable del pago y no sólo CAPAMA”, dijo Ayala Villaseñor.
El funcionario comentó que “el promovente inició un recurso de no cumplimiento de la sentencia y es muy probable que en los siguientes meses el Tribunal nos exija una demostración fija de pago, en la peor de las consecuencias la Suprema Corte emitirá una sentencia ‘páguese por completo o destituya al Cabildo a la presidenta por el no pago’, pero faltan varios meses”.
Reiteró que el Ayuntamiento demostrará voluntad de pago, por lo tanto, contrató una empresa actuarial para dar certeza al Tribunal que tenemos la disposición de cumplir, pero la capacidad de pago no es liquidar toda, “estimo que serán 4 o 5 millones de pesos, pero eso va a decir el estudio actuarial y esperamos con eso demostrar la capacidad de pago”.
Al preguntarle si no se puede demostrar que la trabajadora no ganaba esa cantidad, respondió: “los casos perdían a propósito o los dejaban listos para ejecución de sentencia y ya está complicado meter un recurso legal para contravenir la resolución”.
“Nuestra apuesta es que la Corte nos permita hacer exhibiciones mensuales, esperamos pagar inicialmente 5 millones de pesos y lo demás al mes demuestre que hay voluntad de pago”, declaró el funcionario.
Ayala Villaseñor dijo que durante “estos dos años hemos logrado ahorrar 280 millones de pesos, aquellos en los que no asiste la razón a las personas demandantes la vamos a seguir (…) lo que ha dicho la alcaldesa es que el año pasado limitamos el gasto”.
Explicó que las demandas laborales más viejas son del año de 1997 y “tenemos casos de todas las administraciones, ahora lo más importante es que este gobierno, no vamos a dejar ninguna a las siguientes administraciones, nosotros hemos establecido no dejar caos en los tribunales y las personas que han sido despedidas justificada e injustificadamente han sido liquidados ante el Tribunal”.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Archivo-Carlos Carbajal
Entérate más
