Anula la Corte impuestos en Leyes de Ingresos de 35 municipios de Guerrero
Chilpancingo, Guerrero, 1 de septiembre de 2023. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos impuestos de las Leyes de Ingresos en 35 municipios de Guerrero, como parte del análisis de la acción de inconstitucionalidad 34/2023 y sus acumuladas 36 y 49/2023, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
La sentencia que propuso la ministra, Loretta Ortiz, anula el tributo adicional en los pagos de licencias y permisos, el costo excesivo de copias, por la búsqueda y firma de documentos, que son parte de las obligaciones de funcionarios, señaladas en la ley.
De acuerdo con el boletín del Poder Judicial, fechado el 29 de agosto, los organismos públicos demandaron la invalidez de “diversas disposiciones” en las Leyes de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2023, publicadas el 20 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del estado de Guerrero.
Con la aprobación del dictamen se eliminan las contribuciones adicionales al pago de impuestos y derechos municipales, tales como licencias, permisos y autorizaciones, así como a los servicios catastrales, de tránsito y agua potable, que contravienen “los derechos de legalidad y de seguridad jurídica, al no estar vinculadas a la verdadera capacidad contributiva de los causantes”.
Así como el pago de derechos por la búsqueda de información, expedición de copias y certificación, no relacionadas con el acceso a la información pública, “por violar el principio de proporcionalidad tributaria, el cual exige que las tarifas respectivas guarden una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados, lo que no ocurría en estos casos”.
En el comunicado argumentan que, la búsqueda de documentos no requiere el uso de recursos extraordinarios, cuando hay un funcionario encargado de realizar esta labor.
Asimismo, señala que el costo establecido de copias no es razonable, en relación al costo que representa para el Estado la prestación del servicio.
Además, aclaró que el pago por la certificación de documentos tampoco corresponde “al costo de la firma del funcionario público”, porque esta acción es parte de la obligación que le impone la ley.
En la promoción de la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, el 23 de enero de 2023, publicada en su página oficial, detalla la impugnación de normas generales que aprobó el Congreso del estado y publicó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de 35 ayuntamientos.
Denunció indeterminación de los elementos de alumbrado público, el pago de contribuciones estatales y cobros injustificados por expedición de copias certificadas en varios artículos de las leyes de ingreso de Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Apaxtla, Buena Vista de Cuellar, Coyuca de Benítez, Cualac, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Eduardo Neri, Olinalá, Coyuca de Catalán, Atlamajalcingo del Monte, Acatepec, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Azoyú, Atoyac, Copala, Cocula, Ajuchitlán del Progreso, Cuauhtépec, Iliantenco, Copanatoyac, Igualapa, General Canuto Neri.
Así como en Igualapa, General Canuto Neri, Mártir de Cuilapa, Marquelia, Metlatónoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tlacoachistlahuaca, Tlapehuala, Tetipac, Benito Juárez y Xochihuhuetlán.
Texto: Lourdes Chávez
