Aduce la diputada Erika Alcaraz falta de responsabilidad, de profesionalismo, probidad y eficacia de Javier Olea Peláez, y pide al gobernador hacer uso de sus facultades para destituirlo. Respaldaron el proyecto MC, Morena y diputados independientes, y desatendió la votación el panista Iván Pachuca
Chilpancingo, Gro., 6 de octubre de 2017. Los diputados del PRI y el PVEM bloquearon un punto de acuerdo presentado por el PRD por el que se exhorta al gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, para que haga uso del derecho que le concede el artículo 142 de la Constitución del estado y remueva, “por su evidente falta de responsabilidad, profesionalismo, probidad y eficacia”, al fiscal General del Estado Javier Olea Peláez.
En tribuna, la coordinadora de la bancada del PRD, Erika Alcaraz Sosa, presentó el punto de acuerdo, pero en la votación, solo los respaldaron MC, los diputados independientes y la representación de Morena, no así el diputado panista Iván Pachuca Domínguez, que prefirió quedarse sentado sin votar ni abstenerse.
Alcaraz Sosa argumentó que el fiscal debe ser removido de su cargo por el gobernador, a consecuencia de “las faltas graves en que ha incurrido en el ejercicio del cargo que le fue encomendado”.
Afirmó que el fiscal no ha garantizado la protección de los derechos humanos ni la garantía de seguridad jurídica.
Recordó que el fiscal fue designado es por el tiempo de seis años. La propia Constitución señala que podrá ser removido por causas graves que señala la propia norma constitucional.
La Constitución del estado establece en su artículo 142 la elección y designación del fiscal general, que fue adicionado por última vez el 29 de abril de 2014. Apunta que durará en su encargo seis años improrrogables, pero en su numeral 7 establece que podrá ser removido por el gobernador por causas graves previstas en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Pero incluso la remoción podría ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso (31 diputados) dentro de un plazo de 10 días hábiles.
La Constitución establece también en su sección de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en su fracción segunda del artículo 191, que los servidores públicos “están obligados a cumplir con sus responsabilidades en las formas y en los términos dispuestos” en la Constitución.
Asimismo, en el artículo 196 se establece la responsabilidad penal de los servidores públicos que realicen actos u omisiones considerados como delitos.
Erika Alcaraz dijo que una de las responsabilidades y obligaciones que ha incumplido “de manera deliberada el fiscal, a pesar de haber sido requerido por este Poder Legislativo, es la de remitir los nombramientos de los Fiscales Especiales que deben formar parte de su estructura organizacional de esta institución y, que el Congreso debe emitir el visto bueno de los citados nombramiento. Esto debe entenderse como una forma de garantizar el profesionalismo, capacidad y, sobre todo, autonomía de quienes ostenten este tipo de cargos, en lo que su responsabilidad y funciones”.
La perredista a nombre se su fracción, afirmó que Javier Olea no tiene probidad, honradez ni profesionalismo, porque dijo que en su encargo no ha demostrado imparcialidad.
Pero también habló de un tema que poco se ha hablado en tribuna, el tema del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, acusado de homicidio calificado y señalado como jefe del grupo criminal Los Tequileros de la Tierra Caliente.
“Nunca y siempre se negó a cumplir una orden de aprehensión en contra de un representante popular, cuando no había fundamento legal para no cumplimentarla, a pesar que él mismo aseveró ante habitantes del municipio de San Miguel Totolapan, que este legislador era el Tequilero Mayor”, dijo la perredista en tribuna.
También recordó que no ha resuelto los asesinatos de representantes populares y líderes sociales, ni el asesinato de quien fuera el presidente del Congreso, Armando Chavarría Barrera.
Dijo que la averiguación previa que remitió al juez en el caso del extinto diputado Armando Chavarría, no ha generado ningún resultado, porque no se ha detenido a ninguna persona por su asesinato, no se conoce quienes fueron los autores materiales, “es decir, el asunto está como desde el momento mismo que se cometió el delito, sin ninguna pista de los perpetradores materiales, ni mucho menos de los intelectuales. Esto da por sentado la falta de capacidad institucional, pero sobre todo, profesional del fiscal general, al querer utilizar los asuntos que representan un ícono en la vida democrática del estado, para beneficio político propio, olvidando que la institución que representa es de las que deben de olvidarse de este tipo de actores”.
Texto: Rosalba Ramírez García, Chilpancingo / Foto: Jessica Torres Barrera
