Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los cohetes festivos despertaron Tlatzala, población nahua de 2 mil habitantes. Desde semanas antes esperaban la llegada de la señora Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU: “Ojalá ella pueda hacer algo para que nos construyan la clínica que llevamos pidiendo por más de 20 años, o al menos lograr que el Centro de Salud sea acondicionado y cuente con los muebles y el medicamento necesario para atender a la población”, dijo uno de los pobladores de Tlatzala, al norte de Tlapa.
La regla de salud requiere de un mínimo de 2 mil 500 habitantes para construir una clínica en una comunidad, pero dado que Tlatzala cuenta con 500 habitantes menos, su derecho a la salud es vulnerado, junto con su derecho a la vida; así informaron habitantes a la experta internacional, que el sábado 11 de noviembre pisó la Montaña de Guerrero.
Con el ánimo comunitario, la población se organizó para esta visita. El comisario municipal, estudiantes, la banda de música de viento y los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, joven nahua ejecutado extrajudicialmente por el Estado, y de Magdaleno Lauro, normalista desaparecido de Ayotzinapa (ambos originarios de Tlatzala) recibieron a la relatora y a la delegación que la acompañó.
La madre de Bonfilio, sus hermanas y cuñada, desde un día antes comenzaron a preparar un mole rojo tradicional que ofrecieron a su visitante, junto con tortillas hechas a mano. “De aquí era Bonfilio, a quien el Ejército le arrebató la vida cuando tenía 29 años. Nos han tratado de comprar con 160 mil pesos, pero la vida de mi hermano no tiene precio. Estamos orgullosos de los logros que hemos alcanzado pero nuestra voz no cesará hasta lograr totalmente la justicia para mi hermano”, dijo a la relatora José Rubio Villegas, que con su madre y padre de avanzada edad se presentó con su esposa e hijos frente a la relatora de nacionalidad filipina.
Con curiosidad y energía chispeante, niñas y niños asomaban sus miradas a la cancha municipal que albergó a más de 300 personas. Es la primera vez que Tlatzala (lugar en medio de los cerros) recibía a una autoridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Las escuelas no cuentan con maestros/as ni materiales suficientes, los niños y niñas tienen que cruzar ríos para poder llegar a las de otros municipios por no contar con centros educativos en sus comunidades. La educación y material didáctico es en castellano solamente, lo que busca ir desapareciendo nuestra lengua”, advirtieron a Victoria Tauli-Corpuz, madres y padres de la comunidad me’phaa de Buena Vista, municipio de Atlixtac y de El Coyul, comunidad nuu savi perteneciente al municipio de Cochoapa El Grande, ambas comunidades se han organizado con sus autoridades tradicionales para exigir al Estado la garantía del derecho a la educación para niñas y niños indígenas.
Con miradas determinantes y sonrisas inigualables, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú colocaron sobre la relatora collares de cempasúchil como distinción, y para anunciar el gozo y alegría que su visita impregnó a la comunidad. “Seguimos en la lucha, es importante continuar alzando la voz para que las mujeres sepan que no por ser indígenas no podemos alcanzar la justicia”, dijo Valentina. “Luchamos no sólo por nosotras, sino por todas las mujeres de la Costa-Montaña y para que el Estado cumpla con las recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos llevó 10 años para lograr esa sentencia y hasta la fecha las autoridades no han cumplido con ella en su totalidad, el Centro Comunitario de Mujeres y albergue que la Corte mandata se construya en Ayutla, las autoridades lo quieren hacer como un Centro de Atención Médica Integral (CAMI) más, pero eso no es lo que queremos, nosotras lucharemos hasta lograr un Centro con el equipo y personal capacitado”, expresó en me’phaa Inés Fernández Ortega, quien viajó por más de cinco horas para hablar con la relatora y expresarle la situación actual de su caso.
Con sus uniformes y armas en mano, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) llegaron también a Tlatzala. Angel García y Florentino Castro García, ex presos de la CRAC-PC pidieron a la relatora que interceda por la liberación de Arturo Campos y sus compañeros que aún siguen presos: “No somos delincuentes como el gobierno dice, somos gente del pueblo que nos organizamos para dar seguridad a nuestras comunidades. Ya hemos demostrado que no somos secuestradores, por eso mismo nuestros compañeros también deberían estar libres y no presos injustamente”, advirtieron a la relatora, quien conoció de la criminalización que existe sobre el sistema de justicia comunitaria y la pretensión de derogar la Ley 701 que lo reconoce y avala.
“Nos levantamos desde las seis de la mañana para ir por el pollo, la compañera Aureliana, quien se encarga de la cocina del Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña, nos pidió todo el material desde días antes, pues esta vez cocinaría para más personas y no quería que le faltará nada. Compramos cebolla, chiles verdes, pepitas, frijoles, arroz, jitomate y todo lo necesario para que la relatora y la comunidad probaran el pipián de la región y compartieran una comida hecha con el anhelo de que las voces que la relatora escuchó sean llevadas más allá de nuestro territorio”, compartió Flores Sánchez Crescencio, encargado del registro de jornaleras y jornaleros que emigran a los campos agrícolas del norte del país.
“Los indígenas sufrimos discriminación en nuestro propio pueblo, no contamos con escuelas, clínicas, ni empleos, nos discriminan por hablar nuestra lengua materna y los políticos nos buscan sólo cuando quieren alcanzar un puesto en el poder. Ese olvido nos obliga a migrar dentro de nuestro propio país y las autoridades estatales no hacen nada para garantizar nuestros derechos y no tengamos que salir de aquí. Cada año cientos de jornaleras y jornaleros agrícolas se trasladan en camiones destartalados a cultivar jitomate, lechuga, entre otros alimentos, unos regresan, otros no, pero al gobierno no le importa nada”, aseguró el joven nahua.
Con lágrimas en los ojos, familiares de víctimas de feminicidio dieron su testimonio ante la relatora. Habló también una joven de 18 años, quien en junio de este año sufrió violencia obstétrica en el hospital de Tlapa: “Después de dar a luz a mi hija, sentí un dolor muy fuerte tres veces, me asusté y pregunté qué pasaba. Nadie me contestó. Sólo escuché como le decía una mujer a otra, ‘eso no era, le jalaste la matriz’. Los dolores eran resultado del intento de la mujer de regresar la matriz que en ese momento lamentablemente perdí”, informó la joven a la relatora.
“Tengo desaparecido a uno de mis hijos desde el 12 de diciembre de 2014, y a dos más me los mataron en la cancha de Chilapa, la violencia no cesa al contrario ya hay muchos pueblos desplazados y las autoridades no actúan, sólo crean miedo y terror”, dijo desesperado Juan Apolinar, indígena me’phaa radicado en Chilapa a la experta en los derechos de los pueblos indígenas.
Alrededor de 30 hombres y mujeres del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña fueron escuchados por la señora Victoria Tauli-Corpuz: “Los fenómenos naturales Ingrid y Manuel afectaron a 200 comunidades de 15 municipios, 16 mil familias fueron afectadas y 13 comunidades fueron desplazadas. Han pasado cuatro años y las autoridades han desaparecido, incumplieron con su obligación y ni siquiera los derechos fundamentales nos han sido garantizados, no tenemos tierra donde sembrar, ni techo digno que nos cobije, las viviendas que construyeron son inhabitables, las hicieron de materiales baratos, lo que pone en riesgo incluso nuestra vida”.
Los procesos organizativos y logros comunitarios también fueron expuestos ante la relatora, cuando integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parata (Cecop) y del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) advirtieron orgullosos: “En la Montaña las minas no pasarán, Juba Wajiín es un ejemplo de lo que estamos dispuestos a hacer por defender nuestra tierra y sus recursos naturales”, advirtió Valerio Mauro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Juba Wajií, comunidad me’phaa que se ha amparado frente al Estado mexicano para que su territorio sea respetado y libre de proyectos de exploración y explotación minera.
Una vez más la Montaña cobija la esperanza. Escuchó reunidos a decenas de guerrerenses que en distintas partes del estado construyen un mundo distinto. “Admiro su unión y determinación”, dijo la Relatora antes de irse. Abonar con lo que esté a su alcance para que accedan a la justicia, fue su compromiso frente a los pueblos me’phaa, nahua y nuu savi.
En medio de esta crisis en materia de derechos humanos las mujeres han emprendido una lucha ejemplar. Decenas de ellas se apostaron bajo la sombra de un amate, lugar donde recolectan el agua para alimentar a sus hijas e hijos, ahí colgaron una manta con la frase “Señora Victoria, bienvenida a la Montaña, cuna de las resistencias”… y lugar lleno de esperanza.
