Según cifras oficiales, 80 mil personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en México, lo que representa el 40% de la población penitenciaria total, de acuerdo con Human Rights Watch.
Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018. La Cámara de Diputados debe rechazar el proyecto que amplía el uso de la prisión preventiva obligatoria, urgió Human Rights Watch (HRW).
El proyecto contempla modificar la Constitución para que las personas acusadas de corrupción, posesión de armas, abuso infantil, desapariciones, robo a casa habitación y robo de transporte de carga sean encerradas mientras se investiga si son culpables o no.
La iniciativa fue aprobada en el Senado el 6 de diciembre y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.
“México debería tomar medidas para eliminar la prisión preventiva automática, no para expandirla”, consideró Daniel Wilkinson, director adjunto de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Para la organización internacional, la reforma incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no han sido condenadas.
Recordó que, según cifras oficiales, 80 mil personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en México, lo que representa el 40 por ciento de la población penitenciaria total.
“La forma de mejorar la seguridad pública en México es fortalecer la capacidad de las autoridades de la justicia penal ordinaria para investigar y perseguir delitos, no encerrar a los presuntos responsables antes de que un juez haya decidido si ello es necesario en razón de las circunstancias específicas del caso”, agregó Wilkinson.
El llamado de HRW se suma a los que han hecho la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de organizaciones civiles en México.
“El derecho internacional de los derechos humanos exige que la prisión preventiva no sólo este prevista en la ley y sea razonable, sino además que sea el resultado de una determinación individualizada de que es necesaria para fines como impedir la fuga del imputado, la alteración de las pruebas o la comisión de nuevos crímenes”, sentenció HRW.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
