En México, sólo una de cada 10 mujeres separadas logra cobrar pensión alimenticia; 67.5% de madres solteras enfrentan la evasión de obligaciones alimentarias de sus exparejas; 4 de 10 mujeres son abandonadas y cada una tiene en promedio tres hijos; 74% de éstas los saca adelante con un salario mínimo mensual. “Esto genera un ciclo de pobreza interminable”, denuncian 15 colectivas que exigen el fin de este tipo de “violencia sistémica”. En Guerrero, dentro de las agencias del MP “ni siquiera son atendidas las mujeres para levantar un acta por violencia”
El Sur / Ciudad de México, 13 de febrero de 2025. Decenas de mujeres víctimas de violencia vicaria se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en demanda de que las y los ministros modifiquen los criterios necesarios para que el Estado mexicano proteja a las mujeres y sus hijos cuando deciden huir de sus parejas violentas.
En un hecho “sin procedentes”, como las propias víctimas lo definieron, pidieron la intervención de la Suprema Corte a fin de que resuelva de fondo “la violencia sistémica que el Estado mexicano ha ejercido por décadas” en contra de ellas.
Integrantes de al menos 12 organizaciones civiles acudieron a la protesta con vestidos de novia blancos, en solidaridad con la colectiva Caso 992, nombre también de la iniciativa que busca proteger a las mujeres de la violencia vicaria en México.
Este tipo de violencia, recordaron, es la agresión hacia hijas e hijos, cualquier familiar o ser querido de una persona, generalmente mujer, con la intención de dañarla psicológica o emocionalmente. Por lo general, la agresión viene de parte de una expareja o de la familia de ésta.
Bajo la figura amicus curiae (amigos de la Corte), que consiste en proporcionar informes técnicos presentados por personas ajenas a un litigio pero que tienen interés en la materia, la mañana del mar-tes pasado las mujeres vestidas de novias entregaron formalmente a la Suprema Corte la petición para que atraiga el Caso 992, por ser emblemático de la violencia sistémica en contra de las mujeres violentadas por su esposo, cónyuge, concubino, pareja o novio, acompañante o tutor.
En el acto efectuado afuera del máximo tribunal del país, Ingrid Tapia, de la colectiva Caso 992, dijo que “en las instancias judiciales inferiores, la impartición de justicia sólo ha quedado en un discurso retórico y humillante para miles de mujeres”.
Enfatizó que independientemente de su condición social, mujeres de casa, profesionistas, empresarias, comerciantes, trabajadoras del campo, actrices, legisladoras, comunicadoras, periodistas, intelectuales, estudiantes y más han sido discriminadas reiteradamente en su acceso a la impartición de justicia.
“Sin importar si son madres, madres divorciadas, separadas, maltratadas, violadas y abusadas física y psicológicamente, o por carecer de conocimientos o recursos para iniciar, seguir, sostener y concluir juicios en contra de sus violentadores o agresores, la impunidad sistémica del aparato de justicia mexicano está mayoritariamente en su contra”, expresó.
En Guerrero, violencia desde las agencias del MP
María de la Luz Reyes Ríos, integrante del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero y colaboradora de la colectiva Caso 992, indicó vía telefónica que la entidad no está exenta de este tipo de violencia.
“En Guerrero, las mujeres son víctimas de violencia vicaria y en todos los aspectos, incluso en lo laboral, pues suele no haber empleos para las mamás que tienen hijos. Por ello exigimos beneficios para las madres de familia que son abandonadas por sus cónyuges o cuando ellas huyen porque consideran que sus vidas peligran”, comentó Reyes.
Agregó que “ya somos varias asociaciones que exigimos más al gobierno para que los tribunales otorguen justicia a las mujeres y a sus hijos, y castigo a los responsables. Tenemos violencia en las agencias del Ministerio Público. Ni siquiera son atendidas las mujeres para levantar un acta por violencia”.
En su manifestación frente a la Suprema Corte, las colectivas de mujeres pidieron que sea atraído el Caso 992, y solicitaron que existan los precedentes judiciales para, de acuerdo con un documento proporcionado por ellas, reconocer: a) el derecho de toda madre de poner a salvo a sus hijos y a su persona; b) el derecho de toda mujer a administrar y percibir las ganancias de los bienes obtenidos por su propio trabajo; c) el derecho de toda mujer casada a denunciar y obtener restitución cuando ha sido víctima de robo, despojo o malversación por parte de su cónyuge; d) el derecho de toda mujer a conservar los documentos personalísimos, especialmente los necesarios para el ejercicio de su oficio; e) “el derecho de toda persona portadora de una condición neurodivergente y víctima directa de violencia en su infancia de acceder a la verdad y de ser oído en justicia y con respeto a su testimonio”; f) que se reconozca que “no existe evidencia científica que permita siquiera insinuar que el abandono total parental no produce serio menoscabo en todas las áreas de desarrollo de las madres solas y no sólo en sus hijos”; y g) que “no existe soporte o evidencia alguna para sostener que el régimen de sociedad conyugal garantice por sí solo que no existirá disparidad patrimonial al momento de la disolución”.
Despropósito, criminalizar a quien huye de la violencia
En entrevista con El Sur, la abogada Ingrid Tapia remarcó que 3.2 millones de mujeres en México sufren violencia vicaria, y que hace ocho años se planteó un litigio estratégico para cambiar el marco normativo “que afecta de manera muy grave” a las madres abandonadas.
“En México, 4 de 10 mujeres son abandonadas, y cada abandonada tiene un promedio tres hijos. 74 por ciento los saca adelante con un salario mínimo mensual. Esto genera un ciclo de pobreza interminable. Madres solas que luchan y que llegan a ser mayores sin ahorros, enfermas. Se convierten en carga para sus hijos jóvenes adultos”, expuso.
“En el Caso 992 –continuó– se aplicó el criterio de que las mujeres cuando salimos del hogar huyendo de la violencia, nos acusan de abandono de hogar. Nos acusan de sustracción de menores, utilizan las fiscalías las alertas Amber para criminalizarnos y mandarnos a la cárcel”.
Tapia dijo que se solicitó a la Corte que reconozca el derecho que tiene toda mujer de poner a salvo a sus hijos y a su propia persona. Es un despropósito “que se criminalice a la mujer por huir de la violencia (…) Hace ocho años impulsamos la violencia vicaria, que en un caso muy fuerte es el asesinato de un hijo por el padrastro o el padre”.
Dora Talamantes, integrante de la asociación Mujeres Transformando Vidas, mencionó que los legisladores de Ciudad de México ayudaron a que la Constitución contemple la violencia vicaria. “La pueden ejercer hombres y mujeres. La estadística muestra que en su gran mayoría son hombres que, al ejercer violencia sobre sus parejas para castigarlas, retienen a sus hijos. Buscan abogados que los respalden, compran autoridades para meterlas a la cárcel, acusándolas de que sustrajeron a sus hijos sin ninguna razón.
“Las mujeres aguantamos mucho, hasta que vemos señales de que están en peligro nuestra integridad y la de nuestros hijos. Empezamos el movimiento para proteger a las mujeres de Ciudad de México, pero ahora buscamos que la Suprema Corte atraiga el Caso 992 para que no nos metan en la cárcel por ponernos a salvo, y para que la mujer no pierda sus bienes cuando fueron adquiridos por bienes mancomunados”, abundó Talamantes.
Denegación sistemática de justicia
De acuerdo con datos de Caso 992, de cada 100 madres de familia que presiden hogares monomarentales, 33 padecen denegación sistemática de justicia, y más de 11.2 millones de mujeres en México son afectadas por la falta de pago de alimentos (pensión), lo cual impacta a 28 millones de personas, incluidos niños y adolescentes.
La organización afirma que sólo una de cada 10 mujeres que demandan pensión alimenticia logran cobrarla efectivamente, y 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan evasión de las obligaciones alimentarias por parte de sus exparejas.
Texto: Guillermo Rivera
