Tlapa, Guerrero, a 24 de marzo de 2025.- El 10 por ciento de los internos del sistema estatal carcelario es indígena, tomando en cuenta solamente el criterio lingüístico, el grupo hablante de lengua tlapaneca es mayoritario, seguido de los idiomas náhuatl, mixteco, amuzgo, quiché, maya, mazahua, purépecha y zapoteco, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante el lento mecanismo de acceso a la información.
De los 3 mil 890 internos en las cárceles del estado, 394 serían indígenas, y de ellos, 118 tlapanecos, 111 nahuas, 100 mixtecos y 55 amuzgos, y el resto sería de las otras lenguas citadas.
Se estima que el porcentaje real es mayor a los datos proporcionados por la SSP, a través de mecanismos oficiales de Transparencia, en tanto que éstos son un registro lingúistico, pero si se atendiera el criterio constitucional de autoadscipción, el porcentaje crecería como lo hace en la población nacional que asume esa identidad cercana al 25 por ciento, mientras que por el lado lingüístico, como en las cárceles guerrerenses, se sitúa por debajo del 10 por ciento.
Persiste racismo
En entrevista la especialista Angélica Ramírez Hernández dijo que dos décadas de ejercer el peritaje antropológico le dan certeza de que el racismo persiste en múltiples formas contra la población carcelaria, como con el subregistro y la falta “no sólo de peritos intérpretes, sino de abogados defensores y, peor aún, de jueces indígenas u otros que mínimo entiendan el artículo segundo constitucional”.
“En más de 20 años que tengo de estar entre juzgado y juzgado, no conozco a un solo juez indígena”, asevera.
Además de torturas que han sufrido algunos presos, denuncias publicadas en estas páginas, a este sector históricamente le han violado sus derechos más elementales, entre los que destaca no ser procesados en sus propias lenguas.
Incluso, dice la también antropóloga, hay defensores públicos que ignoran que desde que llega una persona indígena se deben de solicitar intérpretes, también lo ignoran peritos de otras especialidades, lo que resulta en perjuicio de los acusados.
Ante esa carencia, “muchas veces nos auxiliamos de otros presos que hablan lenguas indígenas y español”, por lo que es necesario que el sistema judicial se nutra de especialistas en lenguas y culturas originarias, ya que habría muy pocos abogados, probablemente ningún juez, “y ya no se diga magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia”, con ese ascendente cultural.
A pesar de este panorama, Ramírez Hernández asegura que “estaba peor antes del cambio constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Se vino un boom de atención”, mediante el que se encontraron casos de presos con más de 10 años sin haber sido sentenciados, además de otras prácticas vejatorias, como la tortura que aún prevalece.
Estima, sin embargo, que “el camino aún es largo” para que en la justicia mexicana se reconozcan los sistemas normativos centenarios de los pueblos preexistentes a la colonización europea de hace cinco siglos, lo que se expresaría en un verdadero régimen de pluralidad jurídica.
En 20 años recuerda casos de jóvenes “que no hablaban absolutamente nada de español, primo delincuentes, acusados de posesión de una bolita de goma que iban a malbaratar por la necesidad de comer”, y que fueron procesados como grandes criminales.
En sus péritajes ha querido llamar la atención sobre factores que orillan a esas prácticas, como “la pobreza y la marginación tremenda, histórica, que padecen los pueblos”, como en otros casos de jóvenes acusados de delitos sexuales, “porque no pudieron pagar el dinero que pedía el papá por la muchacha… casos recurrentes en la Montaña, en donde los jóvenes no alcanzan a cubrir la cuota por la muchacha”.
En todos los casos ha procurado llamar la atención de los juzgadores sobre el contexto socio cultural de los inculpados, pero está conciente de que sus peritajes, como los de otros profesionales, en la mayoría de los casos sólo los aceptan como requisito, “pero rara vez los toman en cuenta… creo que ni siquiera los leen los jueces”.
Estima no sólo el subregistro de población carcelaria indígena, sino la persistencia de toda clase de violaciones a sus procesos legales, sobre los que las instituciones facultadas para intervenir, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), mantienen silencio.
Texto: Martín Equihua/ Foto: El Sur
