Guillermo Álvarez Nicanor
En el complejo entramado de la lucha social, la figura del líder se erige como un faro de esperanza y cambio. Sin embargo, en tiempos recientes, una crítica recurrente ha emergido para cuestionar la legitimidad de estos líderes, especialmente cuando transitan de las marchas de protesta a los despachos del poder público o cuando simplemente buscan un empleo formal y remunerado. El caso del licenciado Vidulfo Rosales Sierra es un claro ejemplo de este debate, donde algunos le juzgan por sus decisiones personales y profesionales. Se ha planteado si un líder social debe renunciar a sus aspiraciones personales, a un salario digno, e incluso a la posibilidad de ocupar cargos en el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Desde una perspectiva ética, esta postura no solo es insostenible, sino que también revela una comprensión errónea de la justicia y la dignidad humana.
La crítica fundamental se basa en una supuesta incompatibilidad entre el compromiso social y la aspiración personal. Se percibe al líder como un mártir, alguien que debe sacrificarse por el bien común, renunciando a cualquier beneficio individual. Esta visión, aunque romántica, choca frontalmente con los principios éticos que buscan el bienestar de todos, incluyendo al propio individuo. Immanuel Kant, en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres, argumentó que las personas no deben ser tratadas meramente como medios para un fin, sino como fines en sí mismas. Un líder social que se ve obligado a vivir en la precariedad para ser considerado auténtico, está siendo utilizado como un medio para la causa, sin que se respete su propia dignidad y bienestar como ser humano. En esta lógica, la causa, por muy noble que sea, se convierte en un imperativo tiránico que deshumaniza a sus propios defensores. La ética kantiana nos recuerda que la moralidad reside en la autonomía y la capacidad de cada individuo para decidir sobre su propia vida, siempre y cuando no se transgredan los derechos de los demás. Negar a un líder el derecho a una vida digna y a un salario justo es una transgresión de su autonomía personal.
Además, el utilitarismo, en su vertiente más sofisticada, nos invita a pensar en la maximización de la felicidad o el bienestar para el mayor número de personas. John Stuart Mill, en El utilita-rismo, sostuvo que las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad. La idea de que un líder deba vivir en la miseria para ser éticamente puro es contradictoria con este principio. Un líder que ha dedicado su vida a defender los derechos de los más vulnerables, a menudo a costa de su propia seguridad y tranquilidad, ¿no merece acaso un mínimo de estabilidad para sí mismo y su familia? La estabilidad económica y la seguridad personal de un líder no solo benefician a su círculo cercano, sino que también le permiten seguir contribuyendo a la causa de manera más efectiva y sostenible. Un líder con un empleo formal, con un salario que le permita vivir sin angustias, puede dedicar sus energías a la lucha social de manera más estratégica y menos reactiva. Negar esta posibilidad es un acto de miopía que, en lugar de fortalecer el movimiento, lo debilita al perpetuar la precariedad de quienes lo defienden.
La concepción de la justicia social de John Rawls en su obra Teoría de la Justicia es particularmente relevante en este debate. Rawls propuso que una sociedad justa se basa en dos principios: el de la libertad y el de la diferencia. El primer principio asegura que cada persona tenga un derecho igual al sistema más extenso de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertad para todos. El segundo principio establece que las desigualdades sociales y económicas deben ser estructuradas de tal forma que beneficien a los menos aventajados y que los cargos y posiciones estén abiertos a todos bajo condiciones de una justa igualdad de oportunidades. Negar a un líder social la oportunidad de ocupar un cargo público o un empleo bien remunerado es una clara violación del segundo principio de la justicia de Rawls, ya que se le estaría negando una justa igualdad de oportunidades, no por falta de mérito, sino por un juicio moral infundado. La premisa de Rawls es que la movilidad social y el acceso a puestos de poder no deben estar limitados por el origen social o las actividades previas de una persona.
Por otro lado, la idea de que un líder social debe renunciar a la oportunidad de influir desde dentro del sistema es una visión simplista. Los movimientos sociales buscan, en última instancia, un cambio estructural que a menudo requiere la participación en las instituciones. Ocupar un puesto en el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial no es una traición a la causa; puede ser una estrategia para lograr los objetivos del movimiento de manera más eficiente y con un impacto más amplio. Desde una posición de poder, un líder puede impulsar leyes, políticas y programas que beneficien directamente a las comunidades que ha defendido. La crítica de que esta acción es una “venta de principios” a menudo ignora que el objetivo final de la lucha es la transformación social, y esta puede lograrse tanto desde las calles como desde los pasillos del poder.
La exigencia de que los líderes sociales vivan en la pobreza y renuncien a su desarrollo profesional es una falacia ética. Esta visión no solo vulnera los principios de la dignidad humana y la autonomía personal, sino que también debilita a los propios movimientos al obligar a sus defensores a elegir entre su bienestar y su compromiso. La ética, en su sentido más profundo, busca el bienestar de todos, y eso incluye el derecho de un líder social a percibir un salario digno, a proteger a su familia y a aspirar a un crecimiento profesional, incluso si eso implica ocupar un puesto de poder. En lugar de juzgar a quienes asumen estos roles, deberíamos celebrar su capacidad para influir desde múltiples frentes y, sobre todo, reconocer que su sacrificio no debe ser sinónimo de precariedad.
