Chilpancingo, Guerrero, a 17 de marzo de 2026.- Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, en Guerrero “se avizora un escenario nada pacífico” en los próximos meses, por la disputa de los grupos delictivos con miras a las elecciones del 2027, porque entre los grupos políticos “ya domina la lógica delincuencial” y se disputan los cargos “como si fueran plazas”.
El defensor de derechos humanos citó como ejemplo la violencia de los últimos meses en municipios como Ayutla, Tecoanapa y Juan R. Escudero, así como en Chilapa y Atlixtac, de las regiones Costa Chica, Centro y Montaña.
En el Cortijo, municipio de Ayutla, el 16 de agosto del año pasado fueron emboscados y asesinados 13 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y esta agrupación responsabilizó al grupo delictivo de Los Ardillos.
Desde entonces, la UPOEG ha querido entrar a comunidades del municipio de Juan R. Escudero y de Tecoanapa donde dice que opera ese grupo delictivo que ha provocado desplazamientos de familias.
El 3 de marzo fueron acribillados con múltiples disparos el coordinador de Obras Públicas del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, Tomás Augusto Lozano, y el tesorero de esa área, Francisco Bonilla, en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, pasando el puente de Omitlán, a unos diez minutos de Tierra Colorada.
Antes, el 2 de marzo, había sido asesinada la directora de Salud de Atlixtac, ubicado en la región de la Montaña, Jessica Macedonio Saldaña y su asistente Fulgencio Salgado Sánchez, en las colindancias de Chilapa y Atlixtac.
Dos días después, fue hallado el cuerpo de un policía municipal que el día de los hechos acompañaba a la funcionaria municipal, cerca de la localidad de Papaxtla, municipio de Chilapa.
Crímenes políticos forman parte de reacomodos
Consultado por teléfono, Barrera Hernández explicó que la violencia en esta zona no sólo es por la disputa del territorio sino por los espacios públicos con miras a las elecciones del 2027.
El activista alertó que es difícil diagnosticar lo que puede pasar de aquí al 2027, porque si no hay acuerdos entre los grupos delincuenciales la violencia se puede agravar “y el panorama será más complicado en términos de violencia por la disputa de los espacios públicos”, pues ahora “se impone más la lógica delincuencial que la lógica política y la lucha democrática pacífica”.
El director de Tlachinollan, quien da seguimiento al comportamiento de la violencia en la entidad, explicó que estos crímenes forman parte de los “reacomodos” que tienen que ver con controles estratégicos no sólo del territorio, rutas, transporte y comercio, sino también por la incidencia en los gobiernos municipales en las obras públicas y espacios político-administrativos.
Abundó que estos “reacomodos” son además para posicionar a los grupos que se han empoderado en el estado y que quieren ampliar su poder, su presencia, control y espacios en el comercio y en la administración pública.
Barrera Hernández abundó que ahora estos grupos buscan tener acceso al poder público desde las comisarías y delegaciones municipales, comisariados de Bienes Comunales y hasta las presidencias municipales.
“El problema ese ese, que han encontrado en este gobierno estatal, manos y rutas libres, porque no hay diques o fronteras jurídicas del Estado para hacer valer el estado de derecho, han visto que como que hay un campo abierto para poder ir avanzando en su estrategia de control territorial”.
Explicó que son varios grupos y quienes les ponen los topes o diques no es la autoridad ni el Estado, sino entre ellos mismos.
“Están palmo a palmo, por esa razón se da la violencia, por la ausencia de las instituciones de seguridad en términos del control territorial. Ellos ha permitido que entre los mismos grupos tengan sus propias formas de control mediante las armas, instalen retenes, tomen comunidades, hagan patrullajes o se den enfrentamientos, porque la rivalidad realmente es entre ellos, no con el Estado”.
Dijo que, en los hechos, el Estado se ha replegado y solamente reacciona cuando las confrontaciones son elevadas u obligado porque a veces se bloquean vías principales, como la Autopista del sol, “es cuando aparecen negociando”.
Declaró que basta hacer una revisión del mapa delictivo para comprobar cómo y en dónde están posicionados los grupos.
El crimen transformó las estructuras comunitarias
El defensor de derechos humanos insistió que en el avance de los grupos delictivos van por todo: el territorio, el comercio y la elección de las autoridades. “Se está transformando la estructura comunitaria con un rostro delictivo que le está imponiendo, eso es lo peligroso, es una bomba de tiempo”.
Reprochó que las autoridades, para evitar tener problemas con miras al próximo proceso electoral, están cediendo. “No entran en conflicto, postergan el problema, lo van dosificando. En ningún momento vemos una estrategia para desarraigar estas estructuras que están contaminando el ambiente que se vive en las comunidades, donde todo tiene un tufo de delincuencia”.
“Yo creo que ya ganó más la lógica delincuencial en nuestro estado, al grado que los mismos políticos tienen una lógica delincuencial, ese es el problema. No vemos a un político que tenga una mirada o estrategia de como revertir este problema. Más bien los políticos se adaptan a la lógica delincuencial, negocian, acuerdan y pactan, están en la locomotora de la economía criminal”.
Añadió que la lógica delincuencial actualmente ha ganado en las comunidades y en las cabeceras municipales, donde se han instalado gente de la delincuencia y siguen tejiendo redes. Al final de cuentas, “quienes están atrincherados en el territorio son los grupos de la delincuencia, no la burocracia ni los políticos”.
Explicó que por eso “esa gente, de pronto, se moviliza, se radicaliza, detiene a funcionarios, sale a las calles, a las carreteras y toma la Autopista, porque están ejerciendo el control territorial con una lógica delincuencial”.
Barrera Hernández, añadió que en estas circunstancias la violencia solo se podría evitar en los próximos meses si hay un pacto entre los grupos criminales, “como ya se vio que ocurrió en Tierra Caliente”.
Sin embargo, adelantó que de aquí a las elecciones del 2027, es difícil diagnosticar lo que puede pasar, porque se necesita el pulso desde el lugar de los actores, “pero si, se avizora un escenario nada pacífico, sino más complicado y complejo, en términos de la violencia y la disputa, porque se impone la lógica delincuencial, no la lógica política, no la lógica de la lucha democrática pacífica, sino la lógica de la disputa de los cargos públicos como si fueran plazas”.
Zacarías Cervantes
