Rosa María Gómez Saavedra
A las mujeres y hombres de las colonias del anfiteatro que vivían en la pobreza y después del huracán Otis viven en la pobreza extrema.
Al entrañable Darvy Batallar Gómez.
A 23 días de huracán Otis, limpiando mi casa, mi calle, mi centro de trabajo, pasan los días lentos, muy lentos. Es el agobio de no contar con luz eléctrica y no poder prender los ventiladores para mitigar el sofocante calor por la deforestación de Acapulco después de la madrugada del 25 de octubre. La labor sin precedentes que realizan los trabajadores de la CFE de levantar los postes caídos y restablecer la energía eléctrica es encomiable; cuando llega la luz a una calle o parte de una colonia se escuchan los aplausos y los gritos de alegría; pero cuando bajan las cuchillas para continuar las labores de reparación y no causar más daños, se genera la incertidumbre de si volverá la luz y con ello la falta de sueño y descanso por el incómodo calor.
Los mosquitos proliferan en los escombros y la basura sigue en la mayoría de las calles. Todo ello, sumado al cansancio del trabajo de reconstrucción de los espacios mencionados, casi me hace olvidar en qué día de la semana estoy y una fecha tan significativa en mi vida: 15 de noviembre de 1983.
Ese día tenía una cita de trabajo con el director del Servicio Médico Universitario para comentar las necesidades de aumentar las plazas de Servicio Social por el trabajo comunitario que se realizaba. La cita era en el restaurante Sanborns del centro. Después de dejar a nuestra hija Gabriela en el kínder de Palma Sola, mi compañero Javier y yo nos dirigimos hacia el centro de la ciudad en nuestro carro Brasilia. Él se quedó a comprar un libro y yo me dirigí a la cafetería para la reunión.
Javier se comprometió a recoger a nuestra hija a las doce y después se iría al Distrito Federal a clases porque estaba concluyendo su carrera en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
Terminó la reunión, tomé un taxi, le pedí que me llevara a la Coordinación de la Zona Sur, que se encontraba en lo que hoy es el Centro Cultural Universitario, en la colonia Infonavit Alta Progreso, y donde yo era jefa de Servicio Social. Al llegar a la esquina de las avenidas Cuauhtémoc y del Tanque había un camión de la Flecha Verde quemado. Alrededor había policías que no permitían subir hacia el Fraccionamiento Hornos Insurgentes y decían que sólo se podía llegar hasta el Tanque. Mi corazón se contrajo, suspiré y le pedí al chofer que avanzara hasta donde pudiera dejarme lo más cerca posible a mi centro de trabajo y él me conminó a no subir por la presencia de los policías; estaba sucediendo algo. Ante mi insistencia, me dijo que haría lo posible de dejarme por la Preparatoria 2 y que me cuidara por las zapatillas que yo llevaba puestas, “a ver si no se cae con tanta escalera que va a subir”. Yo la dejo ahí porque no me van a dejar pasar, ya escuchó a la policía”, fue lo que me dijo el taxista al llegar al Tanque esquina con la calle Tesoro Perdido. No nos dejaron pasar las patrullas de la policía que se encontraban rodeando la colonia 13 de Junio; eran decenas de policías en todo el cerro, cuyas casas de madera fueron derrumbadas a punta de golpes por el personal operativo que llevaban.
Al bajar pude observar el despliegue policiaco en toda la colonia, en ese momento de la mañana se encontraban sólo mujeres y niños. Ahí vi cómo le hicieron cargar un horcón a una mujer embarazada de nombre Carolina que murió días después del desalojo. Al tratar de intervenir en apoyo a la mujer por su notorio embarazo, la policía me dijo que no me metiera en asuntos que no me correspondían. Al ver la desproporción del número de policías, le pedí que no cargara esa madera, que iría por ayuda.
Bajé a la avenida Ruiz Cortines, donde estaban algunos dirigentes del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (CGCPA), organización que dio la lucha contra el desalojo de las colonias de las partes altas de Acapulco, después de que el gobierno de Rubén Figueroa anunciara la creación de Ciudad Renacimiento como una alternativa habitacional para todos los vecinos que serían expulsados del anfiteatro. El CGCPA se convirtió en la organización de resistencia a los arbitrarios desalojos que coordinaba el Fideicomiso Acapulco, organismo estatal que operaba el proyecto. Después de dos años de resistencia y lucha continua, en julio de 1982 el CGCPA logró firmar un acuerdo con el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado de alto al desalojo y respeto a la estancia de los colonos en sus casas de las partes altas, que con tanto esfuerzo habían construido.
Vuelvo al 15 de noviembre de 1983. Se buscó el diálogo, la concertación, había cientos de universitarios y colonos tratando de parar el desalojo violento de la 13 de Junio. Ante la cerrazón, se formó una comisión de mujeres para dialogar con el director de Gobernación municipal, Efrén Leyva Acevedo, quien dirigía el operativo. Después de tres intentos de esa comisión de subir al cerro del Tanque, fuimos detenidas con violencia Eliana García Lagunas y yo. Nos llevaron a los separos, donde había decenas de detenidos, entre ellos los dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), Bulfrano Pineda Abonza, Jorge de la Luz y Uriel Leal Ramírez. Más tarde, violando la autonomía universitaria, se ordenó a la policía municipal y la policía montada ingresar a la escuela de Enfermería No. 2, lanzaron gases lacrimógenos y amenazaron al personal docente y la comunidad estudiantil integrada por mujeres. Fueros sacados con las manos en alto Marco Antonio López García y Darvy Batallar Gómez, luego fueron tirados al suelo a culatazos y fueron presentados hasta la noche con visibles huellas de tortura. El movimiento urbano popular de Acapulco entraría en una clara recesión al ser detenidos dos de sus principales dirigentes.
Al otro día de nuestra detención, quedamos 11 de los más de 280 universitarios arrestados. Para obtener la libertad, todos fueron obligados a firmar un documento acusatorio contra los dirigentes populares; Eliana y yo fuimos identificadas como militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), al igual que los demás compañeros universitarios.
Las autoridades universitarias encabezadas por el rector Enrique González Ruiz iniciaron la negociación por nuestra libertad durante la marcha por el aumento del subsidio a la UAG. Como una forma de solidarizarnos, al interior de los separos de la Policía Judicial iniciamos una huelga de hambre; los judiciales quisieron sabotearla: invitaron a una señora a freír carne y chorizo allí mismo en las oficinas. En huelga de hambre nos trasladaron al Centro de Readaptación Social de Las Cruces, inaugurado ocho meses antes. Nos convertimos en los primeros presos y presas de conciencia de ese lugar, categoría otorgada por Amnistía Internacional después de la visita de doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité de Familiares Pro- Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Durante el año y nueve meses de nuestra reclusión, doña Rosario no dejó un día de luchar por nuestra liberación, acompañó a nuestros familiares a las reuniones a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y apoyó moralmente sus actos de protesta todos los viernes en Chilpancingo en la plaza central, frente al Palacio de Gobierno.
El movimiento universitario-popular logró que los colonos de las partes altas de este municipio conservaran sus terrenos, pero la represión detuvo el proceso de mejoramiento de las condiciones de vivienda y los servicios públicos. El huracán Otis evidenció la fragilidad de muchas de aquellas casas y la falta de condiciones dignas para ser habitadas. Es un buen momento para reflexionar sobre las necesidades de quienes menos tienen en el emblemático e histórico anfiteatro de Acapulco.
