Jesús Mendoza Zaragoza
El impacto nacional e internacional del asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Tarahumara ha levantado muchas voces relacionadas con el contexto de violencia y de inseguridad que prevalece en amplias zonas de nuestra geografía nacional. Uno de los temas que más se están escuchando se refiere a la necesidad urgente de revisar la estrategia de seguridad que se mantiene desde el ámbito federal hasta los municipios, pasando por los estados. Desde hace tiempo se escuchan estas voces, pero al parecer, no han sido atendidas. Y cada vez se escuchan más y con más fuerza. Creo que el gobierno federal debiera ser más sensible a estas voces que ahora surgen de organizaciones de derechos humanos, de académicos, de iglesias, de formaciones políticas y de la población en general.
Uno de los temas de controversia relacionado con la estrategia de seguridad tiene que ver con la militarización creciente desde los sexenios de Calderón, Peña Nieto y el actual, de la vida pública del país y, en particular, de la seguridad. Y, además, con un esquema que no ha mostrado los resultados deseados en cuanto a disminución de acciones violentas y de casos de asesinados, desaparecidos y desplazados. Vemos militares en las calles, en carreteras, en retenes y en operativos, pero los grupos delincuenciales siguen intocados. La población sabe dónde operan con plena impunidad y nadie interviene.
¿Cuál es el papel específico que tienen las fuerzas armadas en nuestras calles? Solo quedan confusión y dudas porque los resultados se están tardando. Además, el hecho de que las fuerzas armadas sean los sujetos privilegiados de la seguridad pública ya es una anomalía, tanto jurídica como política. Las fuerzas armadas son instituciones del Estado, que les delega tareas específicas de seguridad, pero es todo el Estado con todas sus instituciones, el responsable de la misma.
Debiera ser el gobierno federal con todas sus instituciones el que debiera tomar las medidas necesarias para dar seguridad y para construir la paz. Desde la educación, la salud, el trabajo, la economía, todos debieran alinearse en una perspectiva preventiva, para poner las condiciones para la seguridad y la paz. La educación pública, por ejemplo, debiera alinearse en la estrategia de seguridad para contrarrestar la subcultura del narco, que ha permeado la manera de pensar y de vivir en muchas partes. Creo que la creciente militarización no nos puede dar, por sí misma, la seguridad que necesitamos. Además de la fuerza de las armas necesitamos la fuerza de la razón, de la palabra y de la legalidad.
Los gobiernos debieran alinearse, de acuerdo con sus facultades específicas, para contribuir con su parte. Hay peldaños de los gobiernos sumamente frágiles que no tienen las condiciones necesarias para cumplir sus responsabilidades, como es el caso de los municipios, de muchos municipios. Si no los tenemos fortalecidos institucionalmente, muy poco podemos esperar de ellos. El avance en la lucha contra la corrupción es importante y se ven algunas señales de que es posible vencerla. Pero su avance es aún muy precario.
Por otro lado, el Estado está ausente en amplios territorios del país, en los que la delincuencia llena esos vacíos capturando las tareas de aquel. Uno de los temas más recurrentes en este sentido, es la administración de la justicia, cuando queda en manos de los grupos criminales. Otro suele ser el manejo mafioso de las economías locales, del comercio y hasta del uso de la tierra. En la práctica, ellos “gobiernan” y las autoridades formales, como los comisarios municipales tienen que subordinarse a su poder “de facto”. ¿Qué hace el Estado para recuperar la gobernabilidad en estos espacios, sobre todo en el campo, pero también en las ciudades? ¿Hay alguna estrategia? Además de tocar las causas de las violencias es necesario atender las situaciones de emergencia que prevalecen en muchas partes.
Y el potencial de la sociedad, que está en condiciones de participar, desde el ámbito civil, ¿por qué no se integra a una estrategia de seguridad? Hay que reconocer que hay profundas fracturas en la sociedad, hay polarizaciones y situaciones traumáticas que tienen que resolverse, pero también hay recursos valiosos que no se han aprovechado. Los espacios comunitarios, las organizaciones civiles, las escuelas y universidades, las iglesias y las empresas, representan un potencial que puede orientarse hacia el desarrollo de medidas de seguridad apropiadas para cada contexto. La reconstrucción del tejido social debiera ser parte de la estrategia nacional de seguridad, pues hay que recomponer a la sociedad misma, tan fracturada y fragmentada, para que se convierta en protagonista apoyando las iniciativas del Estado o abriendo caminos para la seguridad en los diferentes contextos locales.
Un gran problema que está en el fondo de la fallida estrategia de seguridad es la falta de confianza que ha ido creciendo en el actual contexto de polarización social. No nos tenemos confianza, no hay confianza entre gobierno y sociedad, y por ello, cada quien navega con sus propias broncas. Esa maldita desconfianza no nos está permitiendo ni escucharnos siquiera. En la sociedad no nos escuchamos ni nos acercamos entre nosotros. Ese clima genera distancias y dificulta el diálogo. Si los gobiernos creen que los ciudadanos somos unos inútiles para el tema de seguridad, y si los ciudadanos ya no les creemos a nuestros gobiernos, ¿a dónde vamos a llegar? Pues, al infierno, ¿a dónde más? Inhabitables son ya amplios territorios y ambientes aquí en Guerrero, que han quedado convertidos en “infiernitos” e “infiernotes”.
Tenemos que largar nuestros prejuicios y nuestras fobias para sentarnos a escucharnos. Y escuchándonos podemos revisar juntos las estrategias de seguridad necesarias en los contextos locales, regionales y en el nacional. ¿Por qué seguir con el miedo a reconocer nuestros errores y nuestros aciertos, a revisar lo que estamos o no estamos haciendo y a ponernos de acuerdo para construir condiciones de paz y de seguridad?
Todos padecemos la inseguridad, unos más que otros. De ser factores del problema, vámonos convirtiendo en factores de la solución. A los esfuerzos de los militares y a los propios de los gobiernos, añadamos nuestros talentos, que son muchos.
