El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Ángel Aguirre se define como “un hombre de izquierda y luchador social” que participó “en innumerables movimientos sociales”. Rechaza alguna responsabilidad en la represión a la movilización normalista de diciembre de 2011, en la que asesinaron a dos estudiantes
Chilpancingo / Ciudad Altamirano, 25 de noviembre de 2021. Este miércoles, en el penúltimo día para anotarse los aspirantes para la Fiscalía General del Estado (FGE) en el Congreso local, se registró el ex secretario de Seguridad Pública estatal en el sexenio de Ángel Aguirre Rivero, Ramón Almonte Borja, quien declaró que de ser elegido no será juez y parte en las investigaciones por los asesinatos de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, ni en la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Dijo que confía que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Congreso local harán una elección transparente del próximo fiscal, además afirmó que “soy un hombre de izquierda, soy un luchador social, que participé en innumerables movimientos sociales”, al ser cuestionado sobre los casos de los normalistas de Ayotizinapa.
Minutos después de las 12 del día de este miércoles, el también ex diputado federal por el PRD, Ramón Almonte Borja, arribó al Congreso local en Chilpancingo, acompañado de su familia para registrarse como aspirante a titular de la FGE, aunque sólo le permitieron ingresar al recinto con dos acompañantes.
Tras cumplir con los requisitos, firmar y mostrar su registro como aspirante, declaró que entre sus propuestas es un diagnóstico de todas las áreas de la Fiscalía para después hacer un plan y programa específico.
Expuso que buscará mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, dignificar los salarios, garantizar la seguridad social y seguros de vida para los empleados operativos, garantizar que los trabajadores de la fiscalía “no tengan la necesidad de buscar recursos de otra naturaleza y en otros lados y podamos estar dedicados al cien por ciento en el trabajo que encomienda la Constitución y las leyes”.
Afirmó que una de sus propuestas es formar en Guerrero profesionales en materia de procuracion de justicia, así como designar agentes del Ministerio Público bilingües en cada comandancia, para que haya un traductor que conozca de la lengua originaria de la región específica.
Al ser cuestionado respecto al caso del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando era secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, respondió que “no tengo ningún tipo de conflicto de interés para seguir investigando los hechos lamentables de Ayotzinapa, en atención a que todos tenemos el propósito de que los hechos se aclaren y se consignen a los responsables”.
“No soy juez y parte, efectivamente yo fui secretario de Seguridad Pública cuando sucedió la desgracia del 12 de diciembre de 2011”, y aclaró que en las averiguaciones previas integradas del caso “yo no estoy señalado en ningún momento y además quienes me conocen desde la preparatoria saben que soy un hombre de izquierda, soy un luchador social, que yo participe en enumerables movimientos sociales, y que no sería yo precisamente el que pudiera ofender a la clase que da la cara por muchos que no la dan”.
Expuso que “yo renuncié a mi trabajo para que se investigará con libertad y con esa libertad se ha realizado la investigación”.
De las protestas del pasado 12 de noviembre en el Congreso local donde estudiantes normalistas de Ayotzinapa quemaron una piñata con su rostro en oposición a que él sea el próximo fiscal, respondió que “es un derecho de manifestación que todos los mexicanos tenemos y se respeta desde luego”.
De su cercanía con el senador Felix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, comentó que “yo no puedo negar mis relaciones de origen ni mis relaciones personales, pero en este caso creo que lo que tiene relevancia es mi ficha curricular”.
Afirmó que todos los que se registaron tienen las mismas oportunidades, “yo confío en que el proceso será transparente en el Congreso, que el proceso será conforme a derecho con la gobernadora, y una vez que regresen la terna al Congreso, pues también las diputadas y los diputados po-drán votar con libertad por quien consideren la mejor persona”.
Almonte es licenciado en derecho, por la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Sociales de la UAG. También tiene una maestría en Derecho Fiscal, por el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacífico, en Chilpancingo.
Entre sus cargos fue secretario Auxiliar “C” en la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) durante tres meses; secretario particular de la presidencia del TSJ del estado tres años; fue asesor jurídico de la delegación estatal del ISSSTE durante un año; procurador de la Defensa del Trabajo adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje durante dos años en Acapulco, aunque en su perfil en la página del Sistema de Información Legislativa están los cargos no se detalla los años en los que fungió.
También fue titular de la primera agencia del Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco; diputado federal por el PRD de 2006 a 2009, y secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero en los primeros meses del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en 2011, pues tras los asesinatos de dos normalistas en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de ese año, solicitó licencia, junto con el procurador Alberto López Rosas.
Se inscribe Raymundo Pérez Medrano
Otro que se registró este miércoles como aspirante fue Raymundo Pérez Medrano, de 51 años de edad, con domicilios en Coyuca de Catalán y Acapulco, quien de acuerdo con su currículum es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con tres maestrías en Ciencias Penales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad del Valle de México, y en Administración Pública por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.
De su experiencia laboral menciona que fue abogado coordinador en la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), así como secretario instructor del Consejo de Profesionalización, coordinador de Área, y fiscal ejecutivo asistente adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la PGR, éste último hasta 2010.
De acuerdo con su currículum es abogado litigante de septiembre de 2010 hasta la fecha, y fue aspirante a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero, en abril de 2018; en 2019 fue director de Enlace Institucional y Proyectos en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Publica (SEP).
Sus más recientes empleos son de asesoría y representación legal de empresas privadas.
También Roberto Salgado, quien defendió casos contra la policía y el Ejército
Este miércoles también se registró el abogado Roberto Salgado Santana, quien fuera candidato a presidente municipal por Morena en Ajuchitlán en el 2018.
Roberto Salgado es un abogado litigante quien se ha destacado por defender casos en contra de cuerpos policiacos y del Ejército, como fue la liberación del periodista Roberto Tepepexteco Hipólito, quien en el 2010 después de ser auxiliado por el Ejército tras haber sido secuestrado por hombres armados mientras cubría diversos hechos violentos que ocurrieron en un mismo día en el municipio de Arcelia, pasó de ser víctima, al hacerlo pasar como delincuente tras una confusión interna entre los mismos mandos del Ejército. Fue el propio Roberto Salgado quien llevó el caso y logró su liberación sin cargo alguno cuando ya se encontraba recluido el periodista en un penal de alta seguridad.
Con Almonte y Martín Celis suman cuatro los abogados de Tierra Caliente que aspiran a ser fiscal general del estado que se han vinculado con apoyo en campaña de manera directa al senador Félix Salgado Macedonio y se han declarado amigos del político calentano.
Enroque: pasa Villalpando a la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Mauro García a Invisur
Por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hubo un cambio entre los titulares de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y en la dirección del organismo público descentralizado (OPD), Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur).
A partir del lunes pasado, quien era subsecretario de la primera dependencia, Mauro García Medina, fue a ocupar la dirección de Invisur, en tanto que quien era director de este organismo, Carlos Villalpando Milian, fue designado subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
Hasta ayer, el gobierno del estado no había informado oficialmente de este enroque. Sin embargo, Villalpando Milian lo confirmó al ser consultado vía telefónica.
“A partir del lunes estoy al frente de la Subsecretaría, los motivos no sé, únicamente me dijeron que pasaba a formar parte de la subsecretaría, ante esas circunstancias atendí el llamado y extendieron mi nombramiento”, dijo quien fue un año director de Asuntos Jurídico del gobierno de Félix Salgado en Acapulco y en la contienda electoral pasada fue el representante de Morena en los organismos electorales, materia que maneja pues fue secretario técnico del antiguo Consejo Estatal Electoral.
Villalpando aseguró que a partir del lunes ya se encuentra en la oficina de la Subsecretaría “atendiendo todos los asuntos y coadyuvando con el maestro Saúl López Sollano, que es el secretario titular de la Secretaría General de Gobierno”.
El funcionario confirmó también que el hasta entonces subsecretario García Medina, fue nombrado director del Invisur.
García Medina –integrante principal del grupo Pro AMLO que permitió el regreso de Félix Salgado a la política– había sido designado como subsecretario el 18 de octubre, tres días después de que asumió el cargo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ese mismo día fue designado como subsecretario de Desarrollo Político y Social, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; como subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales, Óscar Luis Chávez Rendón y como subsecretario de Asuntos Agrarios, Daniel Cahua López.
Estos y los secretarios de despacho que tomaron protesta el 15 de octubre, han sido los únicos funcionarios del actual gobierno a quienes les tomaron protesta y les entregaron sus nombramientos de manera pública. El resto de subsecretarios y directores han tomado protesta y recibido sus nombramientos en sigilo o al menos sin informar a los medios de comunicación.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena e Israel Flores
