Ciudad de México, 20 de agosto de 2025.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que los mexicanos que se refugiaron en Guatemala son familiares de criminales.
En una declaración publicada en sus redes sociales, el mandatario morenista negó, como lo han hecho sus funcionarios desde la semana pasada, la existencia de un desplazamiento forzado en la frontera sur, y afirmó que detrás de esta afirmación, hay una estrategia para desacreditar su administración y la política de seguridad implementada en la región.
Según Ramírez Aguilar, las familias que huyeron de territorio chiapaneco y se resguardaron en la aldea Guailá, en Huehuetenango, Guatemala, tienen vínculos con el crimen organizado.
“Reflexioné mucho antes de escribir este texto, pero es necesario que sepan que respecto a las personas que se fueron del ejido Sabinalito, Frontera Comalapa, y ahora se resguardan en Guatemala, les informo que varios de los familiares de ellos están detenidos enfrentando un proceso penal”, expuso.
“Me duele reconocer que, aunque no fue en mi tiempo, el tejido social se coludió con el crimen organizado. Hubo una organización llamada “El Maíz”, liderada por El Colocho, persona que se encuentra con total impunidad en Guatemala, donde en esos tiempos se cometieron muchos cobros de piso, extorsiones y desapariciones de personas que fueron el resultado de una ausencia del Estado de Derecho”.
El Mandatario argumentó que los grupos criminales en Guatemala buscan infundir la idea de desplazamientos forzados para desestabilizar la paz social en Chiapas.
“Sin embargo, ahora hay todas las garantías de la aplicación de la ley que es transparente y sin sesgo. La delincuencia organizada que opera en el vecino país de Guatemala quiere desacreditar nuestra estrategia de seguridad pública que ha dado tranquilidad y paz social a Chiapas, tratando de menoscabar nuestras acciones y querer infundir que en Chiapas hay desplazamientos forzados por la delincuencia”, sostuvo.
“Niego categóricamente ese hecho, pues hemos visitado y llevado a cabo nuestras mesas de paz en la región. Estoy consciente de que quieren actuar confundiendo a la opinión pública diciendo que en Chiapas no se actúa con imparcialidad. Pero les digo que el gobierno que encabezo es un gobierno honesto, con autoridad moral, y si hay una prueba en contra, que se exponga, pues estamos sujetos a las investigaciones judiciales correspondientes”.
Ramírez Aguilar aseguró que su actuación está en el marco de la legalidad, con transparencia y autoridad moral, y que garantizará la tranquilidad y la paz social en Chiapas.
Las declaraciones del Gobernador contrastan con la información emitida por el gobierno de Guatemala.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó este miércoles que otorgó el Estatus de Permanencia por Razones Humanitarias a 161 mexicanos, de los cuales 69 son niños, quienes se refugiaron en el país tras huir de la violencia del narcotráfico en México.
El Instituto detalló que las 39 familias beneficiadas se desplazaron derivado de la conflictividad que persiste en el estado de Chiapas.
Este permiso humanitario fue concedido después de que el Instituto, la Cruz Roja, el Plan Internacional y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala brindaran asistencia humanitaria a los refugiados.
Los datos de autoridades guatemaltecas refieren un incremento de personas originarias de Chiapas que buscan refugio por motivos de inseguridad.
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala confirmó la semana pasada la llegada de 60 personas y la Municipalidad de La Democracia habilitó una escuela como albergue temporal.
Autoridades de Guatemala notificaron la presencia de personas catalogadas como desplazados y con esa definición activaron sus protocolos de ayuda correspondientes.
La negación del desplazamiento por parte de funcionarios chiapanecos es un discurso sostenido.
La semana pasada, el Fiscal Jorge Luis Llaven, y el Secretario de Seguridad, Óscar Aparicio, afirmaron que en recorridos no constataron el desplazamiento forzado como tal.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a reforzar la seguridad en la zona tras una reunión con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo.
El año pasado, unos 600 mexicanos huyeron a Guatemala por la misma causa, y regresaron a sus casas casi siete meses después.
La región fronteriza, según analistas, es un campo de batalla por el control de rutas de tráfico de drogas entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
Agencia Reforma
