La Justicia andorrana investigó a Alfredo del Mazo Maza por un presunto delito de blanqueo de capitales, pero, según fuentes judiciales las pesquisas se archivaron y los fondos embargados fueron liberados.
Madrid, España, 18 de julio de 2019.- El actual gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros (alrededor de 1.6 millones de dólares) en Andorra, un país blindado en ese momento por el secreto bancario.
El entonces alcalde de Huixquilucan, uno de los 125 municipio del Estado de México, figuró como “representante” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según documentos de esta entidad financiera a los que tuvo acceso el periódico español El País y que pública en su edición digital el periódico Reforma.
En su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo Maza omitió su relación con este banco andorrano, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, la cuenta millonaria asociada a la misma y una supuesta participación en una empresa mexicana de estacionamientos.
Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones de euros (alrededor de 5 millones de dólares).
De esta cantidad, 2.5 millones (2.8 millones de dólares) procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012.
Del Mazo no respondió a las preguntas remitidas por el diario hace diez días.
El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta.
En la BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.
Los 1.5 millones de euros depositados en la cuenta de la BPA representada por Del Mazo fueron congelados por las autoridades de Andorra en 2015.
La Justicia de este país investigó al actual Gobernador mexiquense por un presunto delito de blanqueo de capitales, pero, según fuentes judiciales, las pesquisas que duraron dos años se acaban de archivar y los fondos embargados han sido liberados.
Para condenar por blanqueo de capitales en Andorra, la Justicia de ese país necesita que se demuestre el denominado delito precedente, el origen ilícito del dinero.
En el caso de Del Mazo, como otros dirigentes del PRI, la Justicia mexicana abrió en 2018 diligencias, emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) y remitió este documento a la Justicia andorrana a través de un fiscal especial mexicano.
“Mediante el neap se da el asunto por juzgado, se ata de pies y manos a la Justicia de Andorra, que reclama ayuda. Hay una nula colaboración de las autoridades mexicanas en la indagación de la procedencia del dinero”, afirmó una fuente oficial mexicana que ha investigado estos casos en Europa y que pidió el anonimato.
El acta interna del banco que menciona al Gobernador advertía de que en 2012 Del Mazo era alcalde del municipio mexicano de Huixquilucan y que poseía el 10 por ciento de las acciones de la compañía de estacionamientos Pumasa SA de CV.
Según el documento, Del Mazo consiguió estas participaciones por cesión de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, quien es identificado como su amigo y socio.
Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de Pumasa SA. Sólo aparece uno de los hermanos de este último.
La cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez. Y sus saldos fueron 503 mil 582 euros y un millón 190 mil 957 dólares.
Todos han sido investigados por blanqueo de capitales por la juez andorrana María Ángeles Moreno.
La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018 y la respuesta mexicana ha sido un no ha lugar a la acción penal.
Canòlic Mingorance, la jueza que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuraduría General de la República) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.
Además de la sociedad Abeodan Corporation, se ha investigado también por su relación con la cuenta andorrana de Del Mazo a las siguientes mercantiles instrumentales: Brookside Foundation (panameña), Eldover Holding CV, Consultancy BV, Temple Corporation CV, Edicom SA.
También se investiga la relación con las operaciones de Del Mazo, Madariaga y Graniello de Luis Pablo Laplana, que en 2012 ocupaba el cargo de director de la División Internacional de la BPA. Laplana fue procesado en septiembre con otras 27 personas por el caso PDVSA, que indaga un expolio en la petrolera venezolana a manos de ex líderes chavistas.
Al igual que el Gobernador del Estado de México, Madariaga tampoco ha respondido a las preguntas de este diario. El País no ha logrado contactar con Vicente Graniello para recabar su versión.
El banco destaca en su informe confidencial que el Gobernador del Estado de México, el más poblado del país con casi 17 millones de habitantes, y uno de los bastiones tradicionales del PRI, pertenece a una saga ligada al poder desde hace una década.
Primo del ex presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza es hijo y nieto de los gobernadores de ese estado: Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez.
“Su familia se ha dedicado desde generaciones a la política”, indica la entidad en su acta 5/2012, donde también se refiere en un gráfico a los “intereses inmobiliarios” del Mandatario.
Texto: José María Irujo y Joaquín Gil / El País Internacional
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