EDITORIAL
Amenaza contra el director de El Sur
En un breve y violento comunicado, el presidente, el secretario y el tesorero del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec hacen imputaciones infamantes y calumniosas en contra del director general de este periódico, Juan Angulo Osorio y del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
No vamos a especular aquí si el origen de ese virulento texto está en alguna oficina del gobierno del estado.
Si es la respuesta de poderosos intereses que se sienten agraviados porque se haya puesto en libertad a 13 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Prota (Cecop) y su vocero Marco Antonio Suástegui que estuvieron presos en Las Cruces un año y cinco meses.
Si es la reacción de la Novena Región Militar a nuestro titular de ayer, que recoge la denuncia de familiares de que soldados mataron a cuatro campesinos de la UPOEG en la sierra de Tlacotepec.
Nadie nos puede acusar con razón de que en El Sur vivimos de la “generación de violencia”, como lo hacen los firmantes del comunicado Isaac Valeriano García, Francisco Morales y Rogelio García Rodríguez y tienen que hacerse responsables de sus consecuencias.
Por nuestra parte analizaremos si acudimos a las instancias jurídicas pertinentes para denunciarlos por esta clara amenaza contra la integridad del director de El Sur, que además es claramente un atentado a la libertad de expresión que afecta a todos los que trabajan en este periódico.
Pese a diversas restricciones que nos han impuesto algunos grupos de simpatizantes a la construcción de la presa, en la cobertura del ya añejo conflicto en Cacahuatepec El Sur ha buscado a todos los actores. El proceso de elección del nuevo comisariado tuvo espacio en estas páginas, y apenas hace un par de días publicamos declaraciones muy críticas de una activista del lugar en contra del vocero del Cecop.
Tenemos principios y nuestra línea editorial favorece las transformaciones democráticas, pero en nuestras notas no hacemos propaganda por ningún movimiento o partido.
Y la amenaza del Comisariado pone en riesgo a nuestros reporteros también, y eso nos impide cubrir desde ahora sus actividades.
Somos periodistas y nuestro trabajo está garantizado por la Constitución y las leyes. Se lo recordamos a los gobiernos estatal y federal para que obren en consecuencia, pues este conflicto fue abierto por un grupo de campesinos que tiene estrechos vínculos con diversas autoridades.
La amenaza va dirigida al director de un periódico y al representante de una prestigiada organización de derechos humanos cuyo trabajo puede resultar incómodo para grupos de poder.
Creer que el origen del ataque está en una organización de comuneros, por más despiertos que éstos sean, sería pecar de ingenuidad.
Llamamos a nuestros lectores a estar pendientes para enfrentar esta que parece una nueva ofensiva contra El Sur y Tlachinollan.
