Aunque fue exonerada por la Suprema Corte, Adriana Manzanarez ya no pudo regresar a su comunidad El Camalote en Ayutla. Sus hijos, ahora adolescentes, le reclaman su abandono y quiere irse de Guerrero pero no tiene medios económicos para hacerlo
Chilpancingo, Guerrero, 14 de junio de 2021. Pronto habrá transcurrido el mismo tiempo que Adriana Manzanarez Cayetano, indígena me’phaa, lleva en libertad, con lo que vivió en reclusión, acusada por homicidio en razón del parentesco debido a un aborto involuntario.
Tenía 7 años con 9 meses en prisión cuando la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la exonera el 22 de enero de 2014, y aún padece las consecuencias de la estigmatización de su comunidad, El Camalote, en Ayutla de los Libres, de donde fue desplazada de manera forzada, y la criminalización del sistema de seguridad y justicia del estado.
En entrevista con El Sur, explicó que sus hijos, hoy una joven y un adolescente, siguen reclamando por abandono, pese a que no fue su decisión irse.
También quiere irse de Guerrero para dejar de encontrar a personas que le recuerdan un pasado doloroso, pero no tiene los medios económicos para hacerlo.
A la cita en una casa particular, llegó con una niña de 5 años, su tercera hija, para señalar que su libertad, no fue justicia.
“En México no hay justicia, tanto como mujeres y hombres, hay mucha gente encerrada sin culpa. Por ejemplo, sí, hay gente con sentencias largas, pero ¿qué pasa?, es que está muy duro (salir de ahí). (Los funcionarios) ni hacen lucha de sacarlos, tampoco dicen qué puedes hacer, sólo (dicen) que tienen que pagar (con prisión)”.
Tampoco confía en que los abogados de oficio trabajen por los detenidos, “o no estudian bien cómo van a defender, o les da igual la gente”.
En 2006 fue víctima del machismo en los usos y costumbres que hay en las comunidades y en las instituciones del Estado. Con 19 años de edad, y pocas horas después de haber tenido un aborto, al final de un embarazo, fue señalada, golpeada y socialmente condenada en un juicio sumario por los hombres de su localidad, que la acusaron y entregaron al Ministerio Público.
En la agencia del MP, se obligó a la detenida a firmar una declaración autoincriminatoria por homicidio en razón de parentesco. “Tú tienes que pagar lo que hiciste”, le dijo el ministerial desde el primer día y un juez le impuso la pena máxima de 32 años de cárcel, que se redujo a 22 en un proceso de apelación.
Hasta que la Primera Sala de la SCJN, que atrajo y analizó el caso, determinó que no había pruebas suficientes para inculpar a Adriana del delito, y que se violentaron sus derechos a una defensa adecuada y a la no autoincriminación. En un amparo liso y llano finalmente ordenó la libertad inmediata de Adriana.
En el transcurso de estos años ha cambiado en parte la estructura legal sobre el tratamiento del aborto. El Estado reconoce la criminalización hacia las mujeres en casos como el de Adriana, y estableció leyes de amnistía para que obtengan su libertad.
Sin embargo, poco o nada hizo para erradicar el estigma social, fuera de las acciones propias de la ciudadanía.
Durante décadas, organizaciones de mujeres han luchado por el aborto legal y seguro que aún tiene restricciones legales y resistencias del funcionariado y de sectores sociales.
En estas luchas, se dictó el junio de 2020 en Guerrero, una Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres por Agravio Comparado, por incumplimiento de las autoridades a la Norma Oficial Mexicana 046, en la atención de víctimas de violación, en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. En respuesta a la no atención de un punto en la primera declaratoria de violencia feminicida, de 2017, que va en el mismo sentido, para proteger a las víctimas de abusos sexuales.
Adriana
En entrevista con El Sur, Adriana explicó que tiene estudios de primaria terminada, se juntó con una pareja a los 14 años de edad, con quien tuvo una niña que a los 2 años de edad, y un niño al año, se quedaron al cuidado de sus abuelos, cuando ella fue llevada a prisión.
Estaba separada cuando su papá se dio cuenta de que estuvo embarazada de una relación extramarital y que perdió el producto. Enojado, la acusó ante la asamblea del pueblo, donde la obligaron a confesar un crimen que no cometió y decir el nombre de quién la embarazó, que también fue llevado al Ministerio Público, pero no llegó a prisión. Un claro ejemplo del trato diferenciado para hombres y mujeres en el sistema judicial.
El Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, que preside, Silvia Castillo, contactó al Centro Las Libres de Guanajuato, y a la Clínica de Interés Público y Litigio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para la defensa de Adriana.
Aunque en prisión, la joven estaba desesperada al no poder estar con sus hijos y sin comprender la lentitud del proceso, aseguró que nunca perdió la esperanza.
La desgracia de Adriana no terminó con su estancia en la cárcel, ya que también fue desplazada de su comunidad, a donde ya no quiere volver. Radica en Chilpancingo, donde recibió un pequeño departamento en una unidad habitacional, como medida parcial de reparación en 2014, una decisión política del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, ante el caso que evidenció un ineficiente sistema judicial estatal.
“De allá me dijeron que dónde quería (la vivienda), si acá o allá en Cuernavaca, y estoy arrepentida de haber elegido (Chilpancingo)”. Aquí mucha gente no respeta el trabajo. El agua donde quiera no hay. Aparte, aquí en la capital llega gente que no quiero ver, porque me recuerda cosas del pasado”.
Sin más detalle, indicó que se encuentra frecuentemente con personas de su pueblo y con otras que conoció en la cárcel, “todo el tiempo pregunta ‘¿qué pasó?, ¿cuándo saliste?, ¿cuánto tiempo ya pasó?’”.
Añadió que como parte del acuerdo para resarcir el daño, los infantes también recibían becas que se terminaron cuando dejaron sus estudios de educación básica.
Detalló que cuando se reencontró con los dos adolescentes, los halló resentidos y que todavía le recriminan un abandono que no fue por su voluntad.
Las autoridades también se negaron a pagar atención sicológica especializada con particulares, alegando que había peritos disponibles en la Fiscalía General del Estado.
Se podría demandar un juicio contra el gobierno del estado para la reparación integral del daño, que podría costar millones. Pero sólo los defensores sabían que la víctima se negó a continuar el proceso legal, tratando de alejarse del pasado.
Silvia Castillo reveló ahora que el conductor de TV Azteca , Javier Alatorre, fue a entrevistarla por el caso de Adriana, y le preguntó qué esperaban de las autoridades estatales. De bote pronto respondió que que tal vez deberían darle una casa donde pudiera vivir con sus hijos.
Al final, el periodista le confió que su jefe era muy amigo de Aguirre Rivero y lo envió a conocer el caso.
En pocos días, Adriana y la defensora recibieron una invitación para ir a Casa Guerrero, donde ya las esperaban con la propuesta de un departamento, becas y un proyecto productivo de cocina, que en ese momento parecía tener buena expectativa. Al final insuficiente para el libre desarrollo de la familia.
Adriana señaló que cuando se vive en carne propia la privación de la libertad por una injusticia, sin visitas familiares, se puede comprender lo injusto que es el gobierno.
El trabajo en cocinas particulares dentro de la cárcel fue distractor y salvación porque no sufrió por alimento.
“Una vez tuve la visita de mi mamá en Chilpancingo. Ya faltaba poquito para salir, y una amiga, compañera que salió antes, me fue a ver, dos o tres veces, nunca tuve nada más de eso. Fue mucho tiempo de sufrimiento, sin esperar a nadie. El día de las madres trabajaba como todos los demás, aunque la paga era poca, tenía alimento y esperanza.
Texto: Lourdes Chávez
