Metales pesados
Tryno Maldonado
A mediados de septiembre pasado el jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) presentó su renuncia al cargo. Omar Gómez Trejo dimitió debido a que no estuvo de acuerdo con la forma en que se presentaron las más recientes órdenes de aprehensión –y posteriores absoluciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el personal militar sin señalar los motivos– en el caso de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada la noche del 26 de septiembre de 2014. Además, como afirma el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, “realizó presiones inaceptables” sobre Gómez Trejo, orillándolo a renunciar.
Días después, el 2 de octubre, el fiscal general de la República designó como nuevo responsable de la UEILCA a Rosendo Gómez Piedra, abogado tabasqueño muy cercano al grupo de sus paisanos en el Poder Ejecutivo y que llama la atención por haber sido parte de la Secretaría de Gobierno durante la administración de Adán Augusto López, actual titular de Gobernación. Es decir: alguien de todas las confianzas de la administración federal, pero totalmente ajeno y desconocedor del caso Ayotzinapa. Las familias han recibido con molestia el nombramiento. No existen siquiera publicaciones de Gómez Piedra sobre la desaparición forzada de los normalistas.
Este nombramiento en un contexto tan turbio como el que ha generado la FGR de Gertz Manero en las últimas fechas respecto al caso, no sólo implicará para las familias y abogados de Ayotzinapa un freno de mano en los avances sino que, en los hechos, significará un doloroso retroceso en la investigación.
Es inevitable realizar una lectura política de esta imposición. Todo indicaría que se quiere congelar el caso. ¿Por qué? ¿A quién beneficia? ¿No se había comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador a llegar al fondo de la verdad desde el día uno de su gobierno? Estamos, de nuevo, ante un manoteo del tablero desde el interior de las instituciones del propio Estado como en la época de Enrique Peña Nieto.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), como uno de los representantes de las familias desde hace ocho años, manifestó su sorpresa y advirtió una injerencia indebida en la investigación. La denuncia del Centro Prodh es importante en lo tocante al personaje Gómez Piedra en sí mismo –tan alejado e ignorante del caso Ayotzinapa o de los derechos humanos que su último cargo fue en Fonatur–, pero también por las formas que han caracterizado al gobierno de la “4T” respecto a las familias de Ayotzinapa: 1) no se consultó ni se explicó a los familiares esta designación, se enteraron por los trascendidos de la prensa, lo que vulnera su doble condición de víctimas; 2) tampoco se informó a sus abogados; 3) y, sobre todo, se dejó de lado al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha generado la más seria y respetuosa investigación sobre el caso condensada hasta hoy en tres informes (en los que se incluyen, por ejemplo, las pruebas de la participación en la noche de Iguala tanto del Ejército como de la Marina y la fabricación de la llamada “verdad histórica”).
En el posicionamiento público del Centro Prodh se hace énfasis en que “la información revelada en un medio de circulación nacional sobre la colusión entre actores del narcotráfico y elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, es de primera relevancia y confirma la necesidad de que integrantes de esa unidad castrense rindan cuentas, sumándose a otros señalamientos que ya existían en este sentido. También muestra los riesgos de la militarización sin controles y corrobora que los padres y las madres tenían absoluta razón al pedir que se investigara al Ejército”.
Entre todo este momento álgido y decisivo para el futuro de la verdad y la justicia a las familias de los 43, el GIEI publicó su posicionamiento en el diario The Washington Post el 10 de octubre. En el texto titulado “GIEI: el caso Ayotzinapa está en una encrucijada”, el grupo de expertas y expertos internacionales afirma que “el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa está en un momento decisivo y puede marcar un hito en la historia de México”.
El retroceso que significa la llegada de un nuevo encargado de la fiscalía para el caso Ayotzinapa terminará, por tanto, beneficiando únicamente a los grandes protagonistas de la autonominada Cuarta Transformación: las fuerzas armadas, coludidas, como se ha demostrado en los informes del GIEI, con el crimen organizado en los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Y, como concluye el GIEI, “en este momento de aceleración de la historia, estamos en la disyuntiva crucial entre la verdad y el ocultamiento. La verdad, aunque sea incómoda, es sanadora, la impunidad dejaría la herida de Ayotzinapa abierta. Ahora se decide el futuro del caso, pero también el de México para las nuevas generaciones”.
