Señalan a jueza por irregularidades en el proceso que se inició a partir de la denuncia que presentó la bailarina mexicana Lesly Guadalupe en Madrid
Ciudad de México, 11 de noviembre de 2024. El productor musical Nacho Cano comparecerá ante el juzgado el próximo 20 de diciembre por presuntos delitos contra los derechos de trabajadores y extranjeros en el musical Malinche.
Esta declaración llega tras meses de investigación y una serie de acusaciones cruzadas que han puesto en el centro de la polémica tanto al músico como al proceso judicial, que se lleva a cabo en Madrid, que lo involucra.
Desde el inicio del caso, en el que acusan al famoso de llevar a España a un grupo de mexicanos con visa de turista, pero que trabajaban en su espectáculo, él solicitó reiteradamente ser llamado a declarar y se ha puesto a disposición del juzgado. Sin embargo, según su defensa, el retraso en su comparecencia es responsabilidad de la jueza Inmaculada Iglesias, a cargo del juzgado 19, quien, según señalan, ha gestionado la instrucción del caso de forma irregular.
Estas supuestas irregularidades incluyen el rechazo de pruebas clave aportadas por la defensa del ex integrante de Mecano, como mensajes de WhatsApp de la bailarina mexicana Lesly Guadalupe, denunciante en el caso.
Según la defensa, estos mensajes demostrarían un intento de chantaje contra Cano, ya que Lesly Guadalupe habría exigido una suma de dinero a cambio de no presentar la denuncia que dio origen a las acusaciones.
No obstante, estas mismas pruebas fueron aceptadas por el juzgado 22, que imputó a la bailarina por intento de extorsión. Ella deberá declarar el próximo 14 de diciembre en relación con este otro caso.
Este contraste entre la actuación de los dos juzgados ha intensificado las críticas hacia la jueza Iglesias, quien también enfrenta una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y prevaricación, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El equipo legal de Cano sostiene que el caso en su contra es un “montaje” con el objetivo de desviar la atención pública de otros escándalos políticos, especialmente aquellos que involucran al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y su entorno familiar.
Como parte de esta narrativa, señalan que las fechas de las declaraciones relacionadas con el caso de Cano, incluida la suya el 20 de diciembre, coinciden con hitos procesales en casos que afectan a figuras cercanas al presidente.
La defensa también ha cuestionado la forma en que la jueza Iglesias fue asignada al caso, argumentando que hubo irregularidades en el procedimiento que podrían involucrar a funcionarios del decanato judicial de Madrid y a la comisaría de policía de Leganitos.
Además, acusan a la magistrada de alargar innecesariamente el proceso, afectando los derechos del productor musical y generando un desgaste mediático premeditado.
Texto: Agencia Reforma
