La organización ABA considera que el proceso debería ser revocado. Señala que la activista fue sometida a detención injustificada, condena basada en pruebas viciadas, trato inhumano. Cuestiona que las autoridades de México hayan permitido la participación de la enjuiciada mediante videoconferencias en lugar de su presencia física
Chilpancingo, Guerrero, 27 de julio de 2022. En su informe de observación de juicio: México vs Kenia Hernández, el organismo American Bar Asociation (ABA), por sus siglas en inglés, resolvió que el juicio en contra de la defensora guerrerense por robo, “estuvo plagado de irregularidades” y que “parece ser una fachada para una campaña de persecución contra una activista de los derechos indígenas, que refleja un patrón de criminalización del derecho a la protesta en México”.
ABA es un colegio de abogados de Estados Unidos, que se dedica al establecimiento de estándares académicos para escuelas de derecho, la formulación de códigos de ética, modelos para el ejercicio de la abogacía, fomenta la comprensión pública sobre la importancia del Estado de Derecho en el mundo, promueve programas y recursos prácticos que ayuden a los abogados y jueces en su trabajo y acredita las facultades de derecho.
El informe del organismo con oficinas en Chicago Illinois y en Washington, fue dado a conocer ayer por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que asume la defensa de Kenia Hernández Montalván, presa en el penal federal femenil de Coatlán, Morelos, desde octubre de 2020.
ABA determinó que el juicio contra Kenia Hernández en Ecatepec, Estado de México “tiene una calificación de D”, que significa que: “Este caso equivale a una serie de violaciones a los humanos”.
Destaca que fue sometida a una detención injustificada, a un enjuiciamiento y a una condena basada en pruebas viciadas. Asimismo, que fue sometida a un trato inhumano, que incluye la denegación de atención médica, así como a un procesamiento que no cumplió con las normas internacionales y regionales de equidad procesal.
“Se le negó su derecho a estar presente en el juicio, y a ejercer adecuadamente su derecho a una defensa completa, viéndose discriminada en el proceso”, sostiene el organismo de Estados Unidos.
Agrega: “Como persona indígena, se enfrentó a varios obstáculos para ejercer su derecho a hablar en su propia lengua en el juicio y a ser asistida por un intérprete”.
Refiere que, en resumen: “El proceso judicial estuvo plagado de ilegalidades, y parece ser una fachada para una campaña de persecución contra una activista de los derechos indígenas, que refleja un patrón de criminalización del derecho a la protesta en México”.
Refiere que estas violaciones de los derechos garantizados por Hernández Montalván en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, junto con la falta de pruebas y el contexto más amplio -diez casos penales abiertos en su contra en los últimos dos años- “sugieren abuso del proceso”.
“En otras palabras, el juicio de Hernández por robo agravado, parece haber sido un medio de represalia en respuesta a su activismo de derechos humanos”.
Destaca que Kenia es líder del Colectivo Zapata Vive; y cofundadora del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
De la revisión del caso, el organismo menciona que la defensora, a lo largo del proceso “fue objeto de una serie de abusos en un juicio justo, incluida la violación de su derecho a estar físicamente presente”, pues añade que el juez negó las solicitudes de la defensa para llevarla al juicio, “debido al supuesto riesgo de un intento de rescate violento, a pesar de que no hay indicios concretos de tal y a pesar de retener esta evaluación de la defensa”.
Añade que al impedir que Hernández asistiera al juicio, las autoridades no garantizaron la calidad de la conexión a Internet en la prisión.
“Esto significó que Hernández luchó por entender y seguir los procedimientos, violando su derecho a la participación efectiva. Además, las audiencias tuvieron que ser aplazadas en 9 ocasiones debido a fallas de conexión, retrasando indebidamente el proceso”.
De tal forma que, sostiene, la procesada no pudo comunicarse confidencialmente con su equipo de defensa durante el juicio.
“Como resultado de lo anterior, el caso de Hernández ha sido irreparablemente perjudicado” denuncia, y añade que, en general, el procedimiento refleja indicios significativos de abuso de proceso.
Agrega que junto con las irregularidades y violaciones antes mencionadas, hubo una falta de pruebas que respaldaran la condena por robo agravado.
“El caso de la fiscalía se basó casi por completo en el testimonio de testigos oculares de las presuntas víctimas, que identificaron a Hernández sólo después de buscar información en línea sobre el Movimiento Nacional para la Libertad de los Presos Políticos y que en el juicio tuvieron dificultades para proporcionar detalles sobre su apariencia”.
Concluye: “A la luz de las innumerables violaciones en el caso de Hernández, su condena no poseía las garantías de equidad requeridas. Debería ser revocado. En términos más generales, las autoridades mexicanas deben garantizar que los acusados no se vean obligados a participar en sus juicios penales por videoconferencia en lugar de la presencia física”.
El caso valorado por ABA es el que se resolvió el 19 de febrero pasado por el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, que la sentenció a diez años y seis meses de prisión, luego de que el 5 de febrero del 2022 se emitiera sentencia condenatoria en su contra “por el cargo fabricado de robo con violencia”.
El organismo norteamericano destaca que este es apenas uno de los diez casos penales abiertos en contra de Hernández Montalván en los últimos dos años.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Facebook de la activista
