Gildardo López “sí era un sujeto clave en Guerreros Unidos, él sabe perfectamente qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014”, dice el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
El Sur / Ciudad de México, 4 de septiembre 2019. El abogado de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, desde junio de 2018 ya veía que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas –que llevaba el caso de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, presunto líder de Guerreros Unidos y uno de los principales responsables de la desaparición de los 43– apuntaba a su liberación por considerar ilícitas las pruebas en su contra.
“La liberación de esta persona borra del mapa mucha información sobre el paradero de los 43”, dijo este martes en entrevista vía telefónica.
“Información nodal que ellos poseen no sólo sobre este caso sino sobre toda la red delincuencial que operaba y sigue operando en Iguala, Guerrero, y en Morelos, donde además están inmiscuidos policías de distintas instituciones, alcaldes y diversas autoridades.
“Había una oportunidad para hacer una radiografía de todo esto y se desaprovechó. Y eso, hay que decirlo, es culpa de la administración pasada pero también de la actual”.
Expuso que la nueva administración tuvo la oportunidad y el tiempo suficiente para incorporar nuevos elementos y pruebas en contra de López Astudillo, en cambio, y este es sólo un ejemplo, se prefirió retardar meses el nombramiento del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, desaprovechando tiempo valioso que pudo haber servido para reforzar los elementos de la investigación en curso.
“Es una lástima, porque sí advertimos que podría pasar, y notamos que hay instituciones que no acompañan el trabajo probado de Alejandro Encinas –subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación– para darle celeridad al caso”.
Además de la Fiscalía General de la República (FGR), advierte Vidulfo, diversos elementos de la Policía Federal han sido señalados con algún grado de responsabilidad en el caso Ayotzinapa, no obstante, éstos no han sido puestos a disposición de ninguna autoridad.
Hay instituciones que “no caminan en parejo con la voluntad de solucionar el caso de los 43, aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad expresa de que se haga todo lo necesario para que el caso se resuelva, ellos simplemente hacen como que las virgen les habla”, criticó.
No uno, fueron cuatro los liberados el sábado pasado
Gildardo López Astudillo es identificado como uno de los mandos medios dentro del grupo delictivo Guerreros Unidos, se le acusaba de ser el autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tras haberlos señalado como miembros de Los Rojos, un grupo delictivo rival.
Fue puesto en libertad el pasado sábado 31 de agosto luego de que el juez primero de distrito en Materia de Procesos Penales federal, con residencia en Tamaulipas, lo absolviera del cargo de privación ilegal de la libertad, el último delito que se le imputaba.
Detenido casi un año después de la desaparición de los 43 normalistas, durante su proceso judicial López Astudillo hizo declaraciones que revelaron una red de corrupción en la que se involucraba a policías y alcaldes de distintos municipios –Taxco, Iguala, Teloloapan, Cocula y otros– a quienes pagaba por protección.
Con su sentencia dictada el pasado 30 de agosto dentro de la causa 66/2015, otros tres detenidos por el caso Ayotzinapa –Joaquín Lagunas Franco, Juan de la Puente Medina y Óscar Veleros Segura–, acusados de delincuencia organizada, también fueron absueltos.
“La fundamentación de esta sentencia absolutoria es que no hay elementos para una condena –explicó Vidulfo Rosales–, toda vez que las pruebas torales en las que se sostiene la acusación fueron obtenidas de manera ilícita: su confesión fue obtenida bajo coacción, con presunta tortura, y todas las otras pruebas descansaban sobre esta confesión, así que se les excluye del proceso”, explicó.
En total, 44 personas vinculadas al caso han recuperado su libertad
No es la primera vez que esto ocurre. En septiembre de 2018 se ordenó la libertad de otros ocho presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, acusados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de delincuencia organizada.
En total, 44 personas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas han recuperado su libertad.
“Quedan muy pocos dentro –lamentó Rosales–. Consideremos que existe un universo total de 120 detenidos pero sólo poco más de 70 están vinculados al secuestro en agravio de los estudiantes, los otros fueron detenidos por razones indirectas. De esos 70 ya liberaron a 44: estamos hablando de más de la mitad”.
“Muchos de ellos no nos preocupaban, porque fueron quienes usaron para montar la versión del basurero de Cocula. Pero El Gil sí era un sujeto clave en Guerreros Unidos, él sabe perfectamente qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, eso es incuestionable y es lo que más nos preocupa”.
A discusión, “la prevalencia del interés superior”
Este martes los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron a conocer su postura sobre la liberación de El Cabo Gil, la cual demuestra, recalcaron, que la PGR incurrió en violaciones a los derechos humanos y que la actual FGR no tomó medida alguna para corregir los errores en el proceso.
Por separado, el Centro Prodh, también en un comunicado de prensa señaló que la sentencia absolutoria en favor de Gildardo López es consecuencia tanto “de las irregularidades y violaciones graves a derechos humanos” cometidas por la PGR durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como de la FGR en la actual administración que –coincidieron en señalar– “no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias de dichas acusaciones”.
El viernes pasado el subsecretario Alejandro Encinas alertó que “uno de los principales perpetradores” de la desaparición de los 43 podría quedar libre.
Las irregularidades comenzaron desde mucho tiempo antes. De acuerdo al segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, López Astudillo no fue testigo de los hechos y denunció haber sido torturado por autoridades para emitir su testimonio.
El mismo reporte de su detención fue soslayado como sospechoso por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH): mientras en conferencia de prensa las autoridades aseguraron que la detención había sucedido en Taxco, la orden de aprehensión indica que se le detuvo en la capital del país, frente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Vidulfo Rosales criticó que una práctica como la tortura, tan común y extendida en nuestro país, sea la que esté minando los debidos procesos y dejando en libertad a los involucrados en el caso.
“Esto demuestra también qué tan normalizada estaba la tortura como un método de investigación, como una práctica sistemática. En algunos casos, claro, tiene una intencionalidad política, pero es evidente que las autoridades también conciben la tortura como un método eficaz para obtener pruebas, para incriminar, para resolver el caso… sobre todo cuando hay presión política. Hace muchos años que estas prácticas debieron quedar atrás porque lo único que provocan son impunidad”.
Texto: Carlos Acuña / Foto: El Sur
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