El juicio contra el ex procurador de la “verdad histórica”, que seguirá en prisión, no podrá iniciarse mientras no se resuelva un amparo contra su detención. El GIEI se retirará ante la falta de acuerdos con el gobierno, adelanta Tlachinollan. Tras la negativa a detener a 16 militares señalados, Amnistía Internacional llama al gobierno a impedir que prevalezca la impunidad
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022. Una juez federal suspendió por tiempo indefinido el eventual juicio a Jesús Murillo Karam por el Caso Iguala, hasta que no sea resuelto el amparo que interpuso contra su proceso por los delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.
Dos días después de declararse incompetente para llevar los amparos de Murillo Karam, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, jueza décima sexta de distrito en Amparo Penal, concedió al ex procurador general de la República la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso.
Desde el lunes, la juez turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Amparo de esta ciudad las dos demandas de garantías que tramitó el ex funcionario, una contra el proceso y otra contra la prisión preventiva justificada.
A pesar de returnar el caso desde el lunes, este miércoles la impartidora de justicia acordó concederle la suspensión definitiva en el primero de sus recursos.
Esa determinación no impide que se lleve a cabo el proceso ni la etapa intermedia, en la que tanto la FGR como la defensa del imputado presentan sus datos de prueba y concluye con el auto de apertura de juicio, por parte del juez.
Lo que sí impide es llevar a cabo el juicio, mientras no exista una sentencia de última instancia en ese amparo.
Al menos esos fueron los términos de la suspensión provisional que dictó la juez el pasado 21 de septiembre.
Ahora los dos amparos estarán a cargo de Antonio González García, juez segundo de Distrito en esa materia, debido a que desde el 20 de agosto admitió el primer amparo de Murillo contra su probable detención ilegal.
La FGR imputa a Murillo Karam ser el artífice de un montaje llamado “verdad histórica” en el Caso Iguala, porque en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La Fiscalía señala que la tortura y los delitos contra la administración de la justicia imputados a Murillo –entre los que se incluyen la siembra, manipulación y desaparición de evidencias–, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, mientras que la desaparición de los estudiantes es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
Murillo fue aprehendido el pasado 19 de agosto en las Lomas de Chapultepec y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
GIEI dejará el caso Ayotzinapa ante falta de acuerdos con el gobierno, adelanta Tlachinollan
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.
Renunció el fiscal de Ayotzinapa por injerencias de la FGR: Amnistía Internacional
La organización Amnistía Internacional (AI) indicó que el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, renunció tras injerencias indebidas de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso de judicialización.
Estas injerencias, señaló en un comunicado, están relacionadas con el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión solicitadas, de las cuales 16 eran en contra de militares a quienes se les acusaba de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
“Los problemas surgidos dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general. Las graves diferencias surgidas entre las distintas autoridades deben resolverse para evitar que la impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático para México”, consideró Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
La organización indicó que durante la gestión de Gómez Trejo, la UEILCA logró avances en la investigación debido a la independencia con la que había trabajado, y a la confianza de las familias de los 43 y al acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“El caso avanzó, además, porque se cuidó la forma de comunicar la información, de tal manera que no se afectara ningún proceso judicial y el debido sigilo que se debe tener en todo tipo de investigación judicial”, agregó.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México dijo que no debe haber más retrasos en la investigación y garantizar condiciones que permitan esclarecer los hechos.
“El Estado mexicano debe generar las condiciones para avanzar en las investigaciones, respetar el trabajo de la Unidad Especial de Investigación, así como asegurar que contará con los recursos, humanos y materiales, necesarios para realizar su trabajo”, planteó.
“Debe garantizar el debido proceso, para evitar cualquier error que impida el desarrollo de los procesos judiciales y ponga en riesgo el derecho a la justicia y a la sanción de quienes resulten responsables de este atroz crimen”, agregó.
Pidió evitar retrocesos en la investigación del caso Ayotzinapa tras la renuncia del fiscal Omar Gómez.
El 27 Batallón fue central en la desaparición y muerte de los 43, dice el informe de Covaj
“Al campo militar nadie entra”, esa fue la idea central para encubrir, proteger, simular y engañar sobre el papel central que tuvo el 27 Batallón de Infantería del Ejército, con base en Iguala, en la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) íntegro, sin testar, sin reservas, da cuenta del intercambio de mensajes capturados de los teléfonos de militares, funcionarios, políticos, delincuentes, que crearon una red para actuar en contra de los estudiantes.
Todos sabían del caso, del negocio, y todos fueron cómplices.
Todos sabían, pero todos callaban, particularmente los militares.
Todos estaban coludidos, de acuerdo con los mensajes con los que la Comisión de la Verdad documenta, sustenta e inculpa a los militares de ese Batallón, hoy presos.
Entre ellos el de más alto rango, el entonces coronel y hoy general brigadier preso, José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, quien estaba al frente de esa zona militar de Iguala, en cuyo entorno tuvo lugar la desaparición y muerte de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Pero también están señalados y hay evidencias de colusión con los hechos criminales, del capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado primero de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
La serie de mensajes incluidos en el informe dan cuenta de su participación en la desaparición y muerte de los estudiantes, con omisiones y participaciones para apoyar, dejar hacer, y hasta ofrecer sus instalaciones para resguardar los cuerpos de los estudiantes.
Instalaciones blindadas para poder operar con la intención de no ser incriminados, hasta que se les acabó la protección.
Un mensaje documentado del 28 de septiembre de 2014, entre el capitán Martínez Crespo, adscrito al Batallón, y uno de los líderes de Guerreros Unidos, David Cruz Hernández, El Chino, deja ver la estrecha relación que mantenían.
“Que no se apure negro, al campo militar nadie entra, ya al rato vemos donde los echamos, ya mandé limpiar algunas cosas”.
Era el momento cuando la mayoría de los estudiantes ya habían sido asesinados, y luego de una operación para deshacerse de sus cuerpos, el militar ofrecía las instalaciones del batallón para resguardarlos y luego decidir qué hacer.
Aparente nerviosismo, decisiones de liquidar días después a seis estudiantes que le atribuyen al entonces coronel Rodríguez.
“Rodríguez está muy inquieto, mano, puede ser contraproducente y dice él que nos podemos ir todos entre las patas, yo pienso lo mismo tú y María ya tienen una salida”, dice un mensaje de José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala.
Y sobre la desaparición de los seis estudiantes después de unos días, el capitán Crespo le comenta a El Chino que ellos se encargarán de “limpiar todo” y que ya se encargaron de los seis estudiantes que estaban en la bodega.
Un blindaje militar que consideraron eterno, pero que tuvo un punto final cuando se dio la orden de abrir las instalaciones e integrar expedientes que hoy tiene presos a cuatro militares, entre ellos Rodríguez Pérez, el de más alo rango.
El informe reconstruye los hechos de los estudiantes de Iguala desde el 26 de septiembre. La presencia de los militares fue constante a lo largo de la descripción de los acontecimientos, y la red documentada de comunicaciones da cuenta de un contacto constante de líderes de Guerreros Unidos, militares, policías municipales y funcionarios de diferente nivel.
La sospecha de que en los autobuses en los que viajaban los estudiantes había “una carga” y la intención de recuperarla fue otro de los elementos que se pusieron en el centro de la agresión a los jóvenes.
El informe da cuenta también de presuntos nexos del responsable del Batallón, el general Rodríguez, con los integrantes del crimen organizado, a partir de los mensajes intercambiados entre algunos de los participantes en los hechos.
Desde el informe público se señaló que “del análisis de estos mensajes se identifica la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería”.
En las conversaciones entre El Chino y el “coronel” (se presume que se hace referencia al coronel José Rodríguez Pérez, quien estaba al mando del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala durante los hechos) se comenta que El Negro ya pactó con “El Coronel’ para que a él no le hagan nada.
El Chino indica: “pinche negro traicionero y pinche coronel tanto dinero ke recibió que to personalmente le llevé hasta el 27, pero son traicioneros” (sic).
Y es que cuando delincuentes, políticos y militares empezaron a intercambiar culpas y responsabilidades, luego de la desaparición y muerte de los estudiantes, las acusaciones y posibles delaciones se multiplicaron.
“El 29 de septiembre El Chino comenta con El Gordo que un halcón vio a El Negro con el coronel entrar al 27 batallón”. “Y que iva como sin nada, me dijo el paletero que se metió al 27 y que el se aprontó a su casa y que no salió”, señala el mensaje de celular.
“El Capitán Crespo le confirma por mensaje a ‘El Chino’ que ya como quiera el Alcalde está al tanto de todo” (sic), con obvia alusión al José Luis Abarca.
Los mensajes dan cuenta de la familiaridad con la que intercambiaban comunicaciones militares y criminales.
El Chino, La Gorda y El Negro están en la lista de los 24 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos mencionados en el informe como parte de esta operación en contra de los 43 estudiantes.
Las instalaciones y el 27 Batallón, al parecer, estaban blindadas hacia el exterior, pero no hacia el crimen organizado.
No fue omiso y mandó investigar qué ocurría la noche del 26, dice el general que está preso
El general brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, aseguró que el Ejército nunca fue omiso durante la noche en que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, a pesar de que no le correspondían las labores de la policía.
El mando castrense hoy preso en el Campo Militar Número 1, rindió tres testimonios ante la FGR en los que relata lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Aseguró que envió a varios militares a verificar información de los incidentes y al hospital donde decían que estaban heridos algunos de los estudiantes.
“No existe motivo o justificación legal para que el personal militar haya tenido que intervenir en esos hechos, puesto que no observó la comisión flagrante de un delito, lo que vio fue a las autoridades competentes ejerciendo sus legítimas facultades”, dijo.
“Incluso el cabo Ezequiel Carrera, que no le constan los hechos, los reportó porque lo escuchó de la gente, que los estudiantes estaban agrediendo a los policías en la calle Hermenegildo Galeana, porque se querían llevar tres autobuses y que los policías dispararon al aire; eso nos puede dar una clara idea que los estudiantes normalistas estaban en una actitud francamente hostil, es humanamente imposible imaginar que con posterioridad dichos detenidos iban a ser víctimas de los delitos que se investigan”.
En su declaración, Rodríguez Pérez insiste en que los militares no deben ejercer funciones de policía.
“Pero ante la situación que estaba ocurriendo, no me quedé pasivo, puede observarse claramente que en ningún momento existió omisión de parte del personal militar”, sostuvo.
El entonces comandante relata que la noche del 26 de septiembre el teniente Joel Gálvez Santos, comisionado en el C4, le dio la primera noticia de los hechos en Iguala. A las 19:30 horas, Gálvez le reportó que un grupo de normalistas estaba en la caseta de la salida a Puente de Ixtla.
Poco después le reportó que los estudiantes se desplazaron sobre la calle Hermenegildo Galeana, y en Hermenegildo Galeana y Melchor Ocampo se suscitó un enfrentamiento con la Policía Municipal.
“Los estudiantes normalistas habían tomado camiones y se encontraban realizando disturbios, por lo que estaban tratando de ser contenidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala e incluso la actitud de los normalistas era de agresividad, motivo por el cual los policías municipales los estaban deteniendo”, recuerda.
El mando relata que enseguida fue informado que los autobuses circularon sobre la calle Juan N. Álvarez, y al llegar a Periférico Norte volvieron a ser interceptados por policías municipales.
“Aproximadamente como a las 10:00 de la noche, me informa que los policías municipales tenían otro autobús detenido con estudiantes sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, después de esto hablo con el director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, a quien le pregunto si tenía problemas con los estudiantes o si sabía de algún problema. Él me contesta que no”.
De acuerdo con su testimonio, a los oficiales del Ejército no les consta que aquella noche haya habido agresiones y disparos contra los normalistas, sólo recabaron testimonios de los ciudadanos en ese sentido.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo
