Ante los “graves” hechos recientes la respuesta de las autoridades estatales ha sido “tardía, agresiva y con el objetivo político de minar la relación entre víctimas y personas defensoras de derechos humanos”, afirma.
Chilpancingo, 24 de noviembre de 2018. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) condenó ayer, el “grave” problema de los desplazamientos debido a la violencia en Guerrero.
En un comunicado advirtió que la situación se complica más con respuestas “desproporcionadas” que da el gobierno del estado en contra de organismos como el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), que ha dado acompañamiento a los grupos de desplazados.
La Red TDT se refiere al desplegado del gobierno estatal publicado el miércoles pasado en El Sur, en el que se acusa al director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández, de ser el responsable de la división de los desplazados de Leonardo Bravo.
Frente a esta postura del gobierno estatal la Red TDT expresa su “respaldo y reconocimiento” al Centro Morelos y a su director “por el importante acompañamiento que dan a las víctimas”.
Menciona que ante los “graves” hechos recientes de desplazamiento la respuesta del gobierno estatal ha sido “tardía, agresiva y con el objetivo político de minar la relación entre víctimas y personas defensoras de derechos humanos.
La Red hizo un llamado público “particularmente al gobernador Héctor Astudillo para no incrementar el nivel de conflictividad”.
Expresa su preocupación, en general, ante los hechos de violencia recientes en diversas comunidades del estado de Guerrero.
“En estos hechos comunidades enteras han resultado desplazadas por grupos armados, socorristas de la Cruz Roja han sido agredidos y asesinados y personas víctimas y defensoras de derechos humanos han quedado expuestas al fuego cruzado. Todo ello agudiza la de por sí grave crisis de derechos humanos existente en Guerrero”, denuncia el organismo.
Condena que, “las respuestas del gobierno de Guerrero ante estos hechos demuestran su falta de voluntad política y de capacidad para cumplir con su compromiso constitucional de garantizar los derechos humanos y la integridad física de todos los habitantes”.
Agrega que el desplazamiento de comunidades del municipio de Leonardo Bravo desde el domingo 11 de noviembre y la vulnerabilidad en que han vivido hasta ahora, “son una muestra más de la incapacidad del gobierno del estado para garantizar el Estado de derecho, incluso contando con el apoyo de fuerzas federales”.
Denuncia que esta situación se agrava más cuando ante las denuncias a El Sur del Centro Morelos -que ha realizado labores de acompañamiento de derechos humanos a las comunidades desplazadas-, “se ha dado una respuesta desproporcionada y fuera de lugar”.
Cuestiona que en lugar de ejercer su derecho de réplica en el medio que publicó la nota, el gobierno del estado publicó en la mayor parte de los medios del estado un desplegado críptico y confuso donde desmiente al vocero del Centro Morelos, mientras llama a la “participación constructiva de la sociedad civil”.
En el desplegado publicado el miércoles se reclama a Olivares Hernández haber denunciado que el gobierno estatal es omiso para resolver el problema de los desplazados por la violencia, y cómplice de los grupos que la originan.
También lo acusa de ser el factor de división del grupo de desplazados de las comunidades de Leonardo Bravo, tras la irrupción de policías comunitarios de Heliodoro Castillo en Filo de Caballos.
“Este uso desproporcionado de recursos públicos, al conjuntarse con un inusitado despliegue de ayuda humanitaria a los desplazados inmediatamente después de la publicación del desplegado, se constituye en una demostración de poder que busca minar la confianza entre las comunidades desplazadas y las personas defensoras de derechos humanos”, dice el escrito de la Red.
“Por ello, como Red Nacional hacemos un llamado público al gobierno del estado y particularmente al gobernador Héctor Astudillo para no incrementar el nivel de conflictividad. En el mismo sentido llamamos a garantizar no sólo la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, sino también las condiciones mínimas para que puedan seguir ejerciendo su derecho a defender derechos humanos”.
Los representantes del organismo advierten que estarán vigilantes de la situación en Guerrero, “y estamos considerando junto con nuestros aliados posibles acciones para favorecer la distensión social, los derechos de las víctimas y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero”.
Asimismo denuncian que el gobernador Astudillo Flores incumplió “en repetidas ocasiones”, su compromiso de tener una reunión de trabajo con la Red TDT para abordar “precisamente estos temas”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
