Octavio Klimek Alcaraz
Como todos los años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó el pasado 2 de diciembre de 2024, los datos de las Cuentas Económicas y Ecológica de México 2023 (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CEEM/CEEM2023.pdf).
Es interesante conocer cómo vamos respecto a las cuentas ecológicas después de conocer cinco años de la anterior administración federal (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).
El primer indicador que se tiene es el denominado Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE), que se obtiene de restar al Producto Interno Bruto (PIB, que es la suma del valor (en dinero) de todos los bienes y servicios de uso final que genera el país en el año), tanto los costos por el Consumo de Capital Fijo, (que es la depreciación de los activos fijos que posee y los que utiliza un productor, como consecuencia del deterioro físico, de la obsolescencia normal o de daños accidentales normales), y ojo, los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental. Así, después de restar ambos componentes resulta que el PINE del 2022 es de 76.7 por ciento del PIB, con un monto de 24.4 billones de pesos.
Como referencia el PINE representó en 2019 el 77.1 por ciento, en 2020 el 75.0 por ciento, en 2021 el 75.6 por ciento y en 2022 el 75.7 por ciento del PIB. Es decir, 2023 con su 76.7 por ciento de PINE respecto al PIB ha sido ligeramente un mejor año para el país, respecto a los tres últimos años, aunque no llega todavía al valor de 2019.
De manera específica, en el 2023, los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental fueron equivalentes al 4.2 por ciento del PIB, que representan una cifra de 1.3 billones de pesos. A manera de referencia, los costos ambientales fueron en el 2019 el 4.4 por ciento del PIB, en 2020 y 2021 el 4.1 por ciento respectivamente, y en 2022 el 4.3 por ciento.
Esto, son los costos en los que la sociedad mexicana en su conjunto debería prevenir o buscar resolver evitando la reducción de sus recursos naturales, así como la degradación ambiental.
En el 2023, del citado 4.2 por ciento del PIB en costos ambientales, el agotamiento de los recursos naturales equivale a un 0.5 por ciento (153 mil 009.7 millones de pesos) y la degradación ambiental a 3.7 por ciento (1 billón 184 mil 505.5 millones de pesos) del PIB nacional.
El agotamiento de los recursos naturales abarca el agotamiento de los hidrocarburos por 78 mil 513.7 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB), de los recursos forestales 38 mil 744.2 millones de pesos (0.1 por ciento del PIB) y del agua subterránea por 35 mil 751.8 millones de pesos (0.1 por ciento del PIB).
Respecto a los costos de la degradación ambiental comprende las emisiones al aire por 809 mil 443.1 millones de pesos (2.5 por ciento del PIB), la degradación del suelo por 178 mil 699.8 millones de pesos (0.6 por ciento del PIB), la generación de residuos sólidos urbanos por 130 mil 084.9 millones de pesos (0.4 por ciento del PIB), y la contaminación del agua por aguas residuales no tratadas por 66 mil 277.6 millones de pesos (0.2 por ciento del PIB).
Además del enorme costo de las emisiones al aire de 2.5 por ciento del PIB, no se deja de observar, la degradación de los suelos (0.6 por ciento), como la provocada por los residuos sólidos urbanos (0.4 por ciento del PIB). En tanto, que la suma de costos por agotamiento de aguas subterráneas (0.1 por ciento del PIB) y de aguas residuales no tratadas (0.2 por ciento del PIB) representan un total de 0.3 por ciento del PIB del 2023. Es necesario y urgente que se debe analizar el rumbo de las políticas relacionadas a estos temas del aire, suelos, residuos y agua.
Es importante resaltar, que durante 2023 los gastos relacionados con la protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto equivalen al 0.7 por ciento del PIB (219 mil 766 millones de pesos). Una inversión seis veces menor al 4.2 por ciento del PIB a los Costos Totales por Agotamiento de los Recursos Naturales y Degradación Ambiental. Este gasto en protección ambiental ha sido similar en los últimos años; en el 2019, 2020 y 2021 fueron el 0.6 por ciento del PIB respectivamente, y en 2022 el 0.7 por ciento.
De acuerdo con el Inegi, en el 2023 los gastos en protección ambiental total del sector público, de acuerdo con la Clasificación de Actividades Ambientales de Naciones Unidas, se distribuyeron de la siguiente manera: 24.0 por ciento en gestión de los recursos hídricos, 23.9 por ciento en actividades de protección del aire-ambiente y clima, 13.1 por ciento en gestión de las aguas residuales, y 12.8 por ciento en gestión de los residuos. El restante 26.2 por ciento se erogó en actividades diversas, como protección y conservación de la biodiversidad, gestión de recursos minerales y energéticos, así como en actividades transversales, como investigación y desarrollo, gestión y educación de la protección ambiental.
No se omite el señalar que la carrera en contra del deterioro ambiental del país está perdida de antemano si sólo se apostara a aumentar la inversión en protección ambiental. Lo que se debe es tratar de reducir los costos por agotamiento y degradación ambiental a través de su prevención. De hecho, en el comunicado de prensa del Inegi sobre las Cuentas Ecológicas 2023 se comenta que como proporción del PIB se gasta una cifra similar a la de Suiza o España, aunque no se dice si los costos del PIB por agotamiento y degradación ambiental de dichos países son también iguales a los de México, para efectos de una comparación adecuada.
