A 26 años del asesinato de 17 campesinos, familiares de las víctimas, la OCSS y representantes de organizaciones sociales acompañados por padres de los 43 normalistas desaparecidos marchan al vado donde la policía estatal cometió el crimen. Han pasado cinco gobiernos federales y cuatro estatales, y no han mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los autores: Norma Mesino
Coyuca de Benítez, Guerrero, 29 de junio de 2021. La Organización de la Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y familiares de los 17 masacrados en el vado de Aguas Blancas demandaron a la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda justicia y que intervenga para que sean castigados los implicados: el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, su secretario general José Rubén Robles Catalán, y el ex procurador Antonio Alcocer Salazar.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes recordaron ayer el aniversario 26 de la masacre ocurrida el 28 de junio de 1995 por la Policía del Estado (se llamaba Policía Motorizada) contra los campesinos que iban a protestar a la cabecera municipal de Atoyac.
A la exigencia de ayer se unieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Rural, y representaciones de maestros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Antes del mitin realizado en el monumento a los campesinos masacrados se realizó una marcha que partió a las afuera de la comunidad de Aguas Blancas, donde participaron una cien asistentes quienes depositaron tres ofrendas florales. Al frente llevaron una manta donde se leía “no abandonaremos la lucha mientras falte la justicia al pueblo masacrado. 28 de junio no se olvida”.
La integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino, en nombre de las familias de las víctimas expresó: “queda hoy la responsabilidad a la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, de dar continuidad a esta política de impunidad de sus antecesores o de hacer justicia de una vez ante este crimen de lesa humanidad. Como OCSS mantenemos nuestras exigencias que año con año y gobierno tras gobierno hemos planteado”.
Concretamente demandó que se cumpla con la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de abril de 1996, donde se señala la existencia de graves violaciones a las garantías individuales de los gobernados en los hechos de Aguas Blancas “se concluye que dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida, José Rubén Robles Catalán, ex secretario de general de gobierno, Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de justicia”.
Además, cumplir con la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitida el 18 de febrero de 1998 donde se pide al Estado mexicano ejercer acciones penales y que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte y que se impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables.
La dirigente sostuvo que con estas resoluciones se determinó la responsabilidad del gobierno de Figueroa Alcocer en la planeación y ejecución de la masacre, así como la existencia de una deficiente y tendenciosa investigación efectuada por la entonces Procuraduría de Justicia del Estado “que pretendió encubrir a los responsables de la masacre y desviar la atención de los medios de comunicación y de la sociedad difundiendo un video editado que fue desvirtuado para que pareciera que las víctimas eran los victimarios”, pero la grabación original sacó a la luz pública que se trató de una masacre.
La activista insistió en que se haga justicia y que se castigue a los responsables que siguen estando cubiertos por la impunidad, “después de 26 años de la masacre de Aguas Blancas se evidencia que el poder de la dinastía Figueroa goza de plena salud y de impunidad, que una de las organizaciones más perseguidas en el estado de Guerrero es la Organización Campesina de la Sierra del Sur” porque después del hecho el gobierno ha tenido la intención de enterrar el crimen de lesa humanidad.
Señaló que cinco gobiernos federales, dos priistas, dos panistas y ahora con un morenista, así como cuatro gobiernos estatales, tres priistas, y un perredista no han mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre a pesar de los señalamientos de los organismos internacionales de derechos humanos. “La pasividad de los gobiernos en turno demostró su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del vado de Aguas Blancas”.
En declaraciones Norma Mesino dijo que la exigencia y la aplicación de la justicia no está sujeta a una consulta, y que se tiene que aplicar la Ley.
Los sobrevivientes
El señor Juan Hernández Lozano sobrevivió a las balas de la Policía Motorizada que asesinó a 17 campesinos cuando trataban de llegar a la cabecera municipal de Atoyac para protestar por la desaparición de un integrante de la OCSS y demandar fertilizante, insumos para la producción del campo y láminas para las viviendas.
Agradeció a los representantes de las organizaciones sociales que se dieron cita en la conmemoración de este hecho para que en una sola voz exigieran justicia y castigo al ex gobernador Figueroa Alcocer. También pidió que el gobierno pare las masacres, y con el cambio y la llegada de la 4T al estado que el gobierno sea mas transparente y limpio.
“Estábamos pidiendo fertilizante. No se resuelve matando sino cumpliendo”
Hilario Mesino recriminó que a 26 años de este hecho no haya una respuesta de las autoridades de justicia y de castigo contra los responsables como el ex gobernador Figueroa Alcocer.
Denunció la ola de asesinatos que hubo después de ese día contra los dirigentes de organizaciones sociales que se habían unido a la exigencia de justicia a favor de las familias y de los niños que quedaron huérfanos.
Recordó a Arturo Hernández Cardona de Iguala, Ranferi Hernández de Ahuacuotzingo y asu propia hija Rocío Mesino de Atoyac.
Siguen las muertes y las desapariciones
El padre del estudiante de Ayotzinapa desaparecido Carlos Iván Ramírez, Margarito Ramírez, reconoció la lucha de las familias que lleva 26 años. Dijo que los gobiernos pasados prometieron mucho pero no cumplieron y se fueron, pero le dieron la confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo los problemas que dijo que iba a resolver siguen y no hay una respuesta concreta al caso de los 43 normalistas desaparecidos.
“Sigue lo mismo, siguen las desapariciones, la muerte”. Señaló que no se ve la cuarta transformación y que el pueblo debe de seguir organizado y luchando para que el gobierno cumpla lo que prometió en campaña.
Al acto también acudió la hija del fundador del PRD y luchador social asesinado en octubre de 2017, Raferi Hernández, Diana Itzel Hernández, quien señaló que el gobierno jamás le ha dado al pueblo lo que le corresponde, y que hoy a las carencias que enfrentan las familias, se suma la inseguridad y la violencia que hay de manera sistemática contra las organizaciones sociales.
Recriminó que el gobierno manda a la policía a reprimirlos cuando salen a protestar y exigir sus derechos y justicia pero para ellos la vida de los ciudadanos no vale “mientras no le toquen a sus familiares”. Expresó que no se puede vivir en la impunidad y por eso debe de haber justicia contra la política criminal que busca que la gente no se organice.
Los manifestantes también demandaron justicia para los dirigentes asesinados: Miguel Ángel Mesino Mesino, Rocío Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Luis Olivares, Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Arnulfo Cerón.
También la libertad de los presos políticos de la OCSS Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco, y Jerónimo Hernández Refugio, y la presentación con vida de los 43 normalistas desparecidos.
Texto y foto: Jacob Morales Antonio
