Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre de 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso local aprobó una serie de reformas al Código Penal del estado para ampliar el marco legal en materia de delitos sexuales contra menores de edad.
En la sesión de la Comisión de Justicia, sus integrantes aprobaron tres iniciativas que resultaron en un solo dictamen para reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales contra menores.
Se trata de la adición al artículo 115° para que no prescriban los delitos sexuales contra menores.
En el dictamen se indica que la prescripción de ese tipo de delitos es “un obstáculo para garantizar la justicia y la reparación integral del daño”, ya que limita el tiempo en que se puede denunciar, y se corre el riesgo de que muchas víctimas no puedan acceder a la justicia.
“No deben prescribir los delitos sexuales contra menores, porque su impacto psicológico, emocional y social requiere una atención permanente y sin limitaciones temporales. La protección integral de los derechos de los niños y niñas demanda un esquema legal que garantice la posibilidad de acceder a la justicia en cualquier momento, facilitando que la víctima pueda denunciar, aún años después del hecho, y así buscar reparación, justicia y apoyo psicológico duradero”, argumenta el dictamen.
La siguiente reforma es una al artículo 180 del Código Penal para que los delitos sexuales en contra de menores sean perseguidos de oficio y no solo por denuncia ante un Ministerio Público.
La propuesta se fundamenta en la protección integral del menor y en el reconocimiento de su estado psicológico y emocional vulnerado tras ser víctima de un acto de violencia sexual.
“Los menores víctimas de delitos sexuales generalmente se encuentran en estado de trauma profundo, que les dificulta comprender, evaluar y actuar frente a su situación. La mayoría de las veces no están en condiciones de ejercer una voluntad libre, informada o autónoma para iniciar una denuncia”.
Y la tercera es ampliar la tipificación del delito de abuso sexual, incluyendo conductas realizadas a través de medios electrónicos y digitales, como el envío forzado de contenido sexual, el acoso sexual en plataformas digitales (redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico) y la coerción para que la víctima observe o produzca actos sexuales en línea sin su consentimiento.
Las tres propuestas fueron aprobadas por la Comisión de Justicia y turnadas al pleno del Congreso para su posterior votación, y en su caso, aprobación.
Las propuestas fueron presentadas por la diputadas Obdulia Naranjo Cabrera, Marisol Bazán Fernández, y las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género: Leticia Mosso Hernández, Araceli Ocampo Manzanares, Obdulia Naranjo Cabrera, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Pilar Vadillo Ruiz.
José Miguel Sánchez
