Pese a su gran presencia en este periodo, el estado es uno de los que más criminalidad tiene, advierte Abel Barrera. Parece una medida para contener la protesta social que viene, advierte el Centro Morelos
Chilpancingo, Guerrero, 14 de mayo de 2020. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la labor del Ejército mexicano no ha dado resultados en el combate a la violencia en casi cuatro décadas en Guerrero, y que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública implica graves riesgos a los derechos humanos.
“Es complicado que ahora con este acuerdo se quiera restablecer el orden imponiendo la fuerza y dándole mayores facultades al Ejército con las que se violenta la Constitución”.
En declaraciones telefónicas, opinó que en la “endeble democracia” y con instituciones que no están fortalecidas en cuanto a procuración y administración de justicia, el Ejército en las tareas de seguridad no ayuda para el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo para la protección de los derechos humanos.
Agregó que el Ejército ha tenido una presencia e influencia muy importantes en Guerrero en los últimos 40 años y, aún así, somos uno de los estados con mayor criminalidad, además ha sido cuestionado en todo este periodo por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, organismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Añadió que ahora que se formaliza su actuación “se está dando cancha abierta al ejército” y la calificó como una “postura regresiva” al darle facultades de policías.
“Entendemos que en estas tareas de prevención van a poder instalar operativos, retenes, revisiones a las personas y una serie de acciones que van a poner en entredicho los derechos fundamentales”, criticó.
Además, agregó que al señalarse que las fuerzas armadas podrán realizar acciones para el restablecimiento del orden, “quiere decir que pueden hacer operativos antimotines o reprimir una protesta”, pues añadió que no se establecen los criterios respecto a cómo el ejército va a restablecer el orden.
También criticó el hecho de que sea el mismo ejército el que vaya a investigar a sus propios elementos si cometen alguna violación a los derechos humanos. “El órgano de supervisión va a ser el mismo ejército. El ejército se va a investigará asimismo”.
Calificó como grave que las fuerzas armadas no vayan a rendir cuentas a una autoridad civil. “Yo creo que en ese sentido es grave porque se le da todas las facultades para que realicen sus operativos”.
“Eso es grave porque en Guerrero hemos tenido que acudir a instancias internacionales para hacer valer el derecho de las víctimas y aplicar los estándares y principios internacionales de protección a los derechos humanos”.
Recordó los casos del desaparecido Rosendo Radilla; las violaciones a Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como la tortura a los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. En todos los casos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por miitares.
Insistió que independientemente de que su presencia en Guerrero no ha servido para reducir la criminalidad desde hace cuatro décadas, hoy se le otorga “un manto de impunidad al darle las facultades a los órganos internos para que sean los que investiguen a sus propios elementos, y volvemos al mismo círculo de protección”.
Opinó que también se teme que por el uso de la fuerza excesiva vaya a haber nuevamente un patrón de criminalización y de represión de los movimientos y a los luchadores sociales, “con esa acción conspirativa que tiene la autoridad castrense que mira a todo el que protesta como alguien que está atentando contra el orden establecido”.
Se esperaba con las cosas serían diferentes en el gobierno de AMLO
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares opinó que “desgraciadamente vemos que eso que ya había sido un intento de los gobiernos anteriores, hoy se viene a concretar con alguien en quien se había depositado la confianza y con quien se tenía la certeza de que las cosas iban a ser diferentes”.
Dijo que tal pareciera que lo que se está pretendiendo con ese acuerdo es volver a sacar de manera oficial a las calles al Ejército y a la Marina, como una medida de contención hacia el movimiento social que se prevé que pudiera desarrollarse cuando se dé una manifestación más fuerte por las consecuencias de esta pandemia.
“Todos sabemos que se incrementó el desempleo, todos sabemos que estamos ante una recesión económica, aunque algunos quieran negar, muchos empleos no se van a recuperar, los campesinos no van a tener los apoyos suficientes para poder sobrevivir, los jornaleros agrícolas no tienen ninguna posibilidad de sobrevivencia, entonces, algunos analistas están previendo que va a haber mucha inconformidad y movilización reivindicativa el respecto a los derechos humanos, y es sospechoso que justo en este momento se haya sacado ese acuerdo”.
Por su parte, Hoguer Morales, del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP), advirtió que se avecinan problemas muy graves en Guerrero por la historia de violaciones a los derechos humanos por el Ejército.
Añadió que el gobierno siempre ha catalogado a la gente de Guerrero como de combate “y si ellos van a resolver el problema de inseguridad estamos ante un problema muy grande”.
Recordó que en su campaña el presidente condenó la militarización, “y hoy le da la espalda a la opinión de la gente”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero-Archivo
