El abogado de los padres y madres de los desaparecidos informó que un testigo de la FGR dijo que los normalistas fueron llevados a diversos lugares y trazó una ruta. Los familiares mantienen la demanda de que se cumplan todas las líneas de investigación, subraya. Señaló que hay instituciones “favoritas”, en clara referencia al Ejército, y que el presidente no quiere que se les toque y hasta “le incomoda que se pida que se investigue”
Iguala, Guerrero, 27 de septiembre de 2021. Madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que a 7 años de los ataques en Iguala sí hay avances en las investigaciones pero no como quisieran, y puntualizan que no se aferran a lo imposible, pero que les demuestren “con pruebas” científicas si a sus hijos les hicieron algo.
El abogado de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que el gobierno federal mediante la Fiscalía General de la República (FGR) está fortaleciendo la versión de un testigo que trazó una ruta en la que señala que todos los estudiantes habrían sido asesinados y llevados a distintos lugares, en aparente referencia de la línea de investigación que dio a conocer el martes pasado desde la Barranca de la Carnicería en Cocula, el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, que se refirió a la versión de un testigo del hallazgo de “incineradoras” en esa zona.
“Lo voy a decir y a lo mejor esto me va a costar represalias, pero hay que decirlo, basado en qué tenemos que aceptar esa parte de la investigación que ya tienen, y que ya están por dilucidar”, dijo el abogado en su participación durante el conversatorio en La Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México realizado la tarde del sábado en el contexto de las actividades por el séptimo aniversario de los hechos, y que fue transmitido de manera virtual en la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Rosales Sierra narró que la FGE tiene la declaración de un testigo, “un testigo que traza una ruta y que dice que todos nuestros compañeros habrían sido asesinados y llevados a distintos lugares, están fortaleciendo ese testigo con otras pruebas, pero esos testimonios dejan muchos huecos todavía, no alcanza a constituir verdad, falta mucho por investigar, falta mucho por avanzar, por esclarecer”.
La mamá del normalista desaparecido, Martín Getsemaní Sánchez García, Georgina García, dijo que a siete años de los hechos el dolor de la pérdida de sus hijos es muy grande “por no saber nada de nuestros hijos y por no tener ninguna respuesta de parte del gobierno”.
Criticó que fueron cuatro años de daño, mentiras y sufrimientos con el anterior gobierno, y ahora son tres años de este gobierno, “cuando nosotros nos reunimos con (Andrés Manuel) López Obrador en su campaña, depositamos toda la confianza en él, pensamos que en un año nos iba a dar solución, pero no es así. Él dice que hay muchos avances, sí hay avances pero no como nosotros quisiéramos”.
Y agregó: “le pedimos que trabaje, para nosotros sentimos que esta lucha ya es una eternidad, ya queremos ver a nuestros hijos y que nos den solución, ¿dónde están?, ¿qué pasó con ellos?. Y si a nuestros hijos les hicieron algo, que nos digan con pruebas científicas, nosotros no nos aferramos a lo imposible, pero sí queremos saber qué pasó con ellos, ya los queremos de regreso”.
Otra de las madres lamentó las críticas que han recibido de mucha gente en estos siete años que los califican de vándalos, necios o hasta que ya supieron ‘cómo vivir’. Dijo a esa gente que los ataca que “tener a un desaparecido no sabemos ni cómo explicarlo ni con qué palabras decirles el dolor tan inmenso que tenemos como madres y padres, tenemos a flor de piel nuestros sentimientos, porque nos acordamos de nuestros hijos a cada momento”.
“Tengo mucho coraje y mucha frustración porque no tenemos nada, y hemos hecho todo para pedir por ellos y no los han encontrado”, expuso llorando la madre de César Manuel González Hernández.
Advierte una confrontación con el gobierno federal
El abogado de los padres y madres, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que esta nueva etapa de lucha va a marcar una confrontación mayor con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que los familiares de los desaparecidos mantendrán la exigencia de presentación con vida y cumplimiento a todas las líneas de investigación, “sea la institución que sea” la que resulte implicada.
Destacó que hay instituciones “favoritas” para López Obrador, y no quiere que se les toque, en clara referencia al Ejército, “le incomoda que se pida que se investiguen algunas instituciones, y a nosotros no nos interesa si este gobierno tiene preferencias por algunas instituciones y no quiere que se le cuestione, nosotros vamos a seguir en la exigencia que se investigue y si algunos de los miembros de cualquier institución están implicados, que se investiguen”.
Indicó que hoy escucha hablar al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, “que dice que fue a rescatar a los estudiantes y que había enviado a su personal”, sin embargo, le recordó que cuando ellos llegaron había cuando mucho 16 personas, entre funcionarios y policías, “es decir, el gobierno del estado ni a su policía ministerial fue capaz de enviar”.
Sostuvo que todas las autoridades destacamentadas en Iguala, no sólo de seguridad pública sino del orden político consintieron la desaparición forzada de los 43 estudiantes, así como las autoridades electorales y partidistas que permitieron registrar como candidato a un delincuente que pertenecía al grupo criminal Guerreros Unidos y me refiero al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, “todo el Estado mexicano en su conjunto es responsable de esta desaparición”.
Rosales Sierra narró que una vez que habían desaparecido a los estudiantes, personal de la PGR presionó al gobierno de Guerrero “y le dijo, entrégame los estudiantes porque tengo mucha presión política, van a quitarme del poder, y entonces, personal de la Procuraduría se trasladó a Guerrero, donde gente de la Policía Ministerial de Guerrero se reunió con Guerreros Unidos y le pidió que entregara los restos de los estudiantes, los que tengas, entregaron unos restos y ésos la PGR los llevó al río San Juan (de Cocula), y así construyó la verdad histórica y después la cerraron”.
Da su respaldo la comunidad indígena Otomí
En su intervención la integrante de la Comunidad Indígena Otomí, que fue la anfitriona del foro, Araceli Mora Margarito dijo a las madres y lo padres que no están solas ni solos, “su lucha es nuestra lucha, sabemos el dolor y la rabia que llevan ya que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ no ha hecho nada para encontrar a nuestros compañeros y lo único que demuestra son simulaciones”.
Se sumó a la exigencia de los padres para que el gobierno federal abra la investigación al Ejército, por su involucramiento en la desaparición forzada de los normalistas, y denunció que en estos siete años no se ha tocado al Ejército, a las autoridades municipales de Iguala y estatales de Guerrero, mucho menos al 27 Batallón de Infantería.
Texto: Alejandro Guerrero / Foto: Cuartoscuro
