“Creemos que hay un defecto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) –dijo a El Sur Maru Chávez Fonseca, coordinadora del Programa de Derechos de las Mujeres y Libertad de Expresión–. No es algo nuevo, desde 2016 comenzaron a documentarse algunos intentos de organizaciones de inspiración religiosa que han solicitado concesiones en medios de comunicación. Algunas, quizás poco más de cinco, lo han logrado”.
Ciudad de México, 20 de junio de 2019. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión alberga un error. De otra forma los especialistas no se explican cómo puede ocurrir que una asociación civil llamada La Visión de Dios obtuviera el título de concesión para usar –hasta por 30 años– la frecuencia 101.9 Mhz de FM en Mérida, Yucatán. O cómo es que Radio Dabar haya llegado a fines de 2018 al 95.5 de FM en Guadalupe, Coahuila, y al 197.9 de FM en Hidalgo de Parral para emitir mensajes católicos. O cómo es que el Centro de Rehabilitación El Olivo obtuvo el mismo permiso para operar el 1620 de AM en Cuachochi, Chihuahua.
En realidad, como se difundió en un documento dirigido al Senado y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), La Visión de Dios recibió el 22 de mayo pasado no uno sino dos títulos: “de concesión única de uso social, y de concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social a través de los cuales puede operar frecuencias de radio y TV de paga”.
Esto último, se advierte en el texto –difundido el lunes de esta semana y firmado por Artículo 19, Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, entre otras organizaciones y personas– violenta el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que a la letra establece:
“Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”.
Sin embargo, reconocen especialistas, existe un problema: la regulación en materia de telecomunicaciones no es tan clara; por el contrario, su redacción es ambigua y se presta a distintas interpretaciones.
“Creemos que hay un defecto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) –explica a El Sur Maru Chávez Fonseca, coordinadora del Programa de Derechos de las Mujeres y Libertad de Expresión–. No es algo nuevo, desde 2016 comenzaron a documentarse algunos intentos de organizaciones de inspiración religiosa que han solicitado concesiones en medios de comunicación. Algunas, quizás poco más de cinco, lo han logrado”.
Expedida en 2014, la LFTR fue una de las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto a principios de su sexenio. Con ella se pretendía regular el uso del espectro radioeléctrico para brindar servicios de radio, tv, internet y banda ancha, además de garantizar los derechos de usuarios y audiencias; se establecieron también cuatro tipo de concesiones: para uso comercial, público, privado y social.
Es última categoría “confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidos los medios comunitarios e indígenas”. Esta ambigua redacción ha sido leída como una oportunidad para distintos grupos cercanos a las iglesias evangélicas o inspirados directamente en esa vertiente religiosa.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe que cualquier asociación religiosa o cualquier ministro obtenga o administre una concesión para radio o tv, y ninguna de las agrupaciones que hasta hoy han recibido una concesión están registradas ante la Secretaría de Gobernación como asociaciones religiosas, de modo que “jurídicamente no hay razón para negarles la concesión”, explica Chávez Fonseca.
“A la fecha hay cientos de solicitudes que han llegado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) buscando una concesión de este tipo. Eso es anómalo. En un principio no sabíamos de dónde venían estas solicitudes. Hoy creo que eran ellos: las organizaciones de corte religioso. Y si estas organizaciones tienen la capacidad económica y técnica para que su expediente sea sólido, el IFT por ley no tiene por qué negárselos. Es algo preocupante”.
Presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) en México hasta 2014, Maru Chávez Fonseca se atreve a compartir una anécdota. Cuando presidía la Amarc-México un hombre la contactó; le ofrecía a la organización un millón de pesos a cambio de hacer la gestión necesaria para obtener una concesión “de uso social” para un grupo evangélico.
“Nos negamos porque no estaba entre los principios de la Amarc en México. Sin embargo, y a él le extrañó justo esto, en Sudamérica la Amarc sí lo hace: la Red Fe y Alegría es una red de radios comunitarias gestionada por los jesuitas, por ejemplo, y en Venezuela y Colombia. Pero en México es una política no hacerlo, por respeto al Estado laico. Tal parece que algunas están encontrando un camino para llegar a los medios”.
“Propaganda religiosa soterrada y que ha sido tolerada”
No se trata de un hecho aislado. Apenas en marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en privado a representantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas (Confraternice), quienes pedían que se revisara la legislación actual para que las iglesias y grupos religiosos pudieran obtener concesiones de radio y televisión.
“En estos tiempos es más fácil que existan canales pornográficos en México a que existan canales donde se transmitan principios y valores”, declaró el pastor evangélico y dirigente de la Confraternice, Arturo Favela, al terminar la reunión en Palacio Nacional.
Algún reportero aprovechó para preguntarle sobre el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. “Creemos que también debe revisarse la legislación y respetar al bebé que está en el vientre de la mujer”, respondió entonces el pastor.
Arturo Favela se ha reunido con López Obrador y parte de su gabinete: la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y los subsecretarios de Gobierno Zoé Robledo –ahora director general del IMSS–, y de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez.
También fue invitado al Acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México y en Favor de la Amistad con el Pueblo de Estados Unidos, realizado en Tijuana para celebrar los acuerdos alcanzados con el gobierno de Estados Unidos para evitar que Donald Trump impusiera aranceles a los productos mexicanos.
“Damos gracias a Dios porque puso orden en el gobierno de México y en el de Estados Unidos –dijo el pastor Favela en su discurso durante el mitin político–. Si no ayudamos al extranjero acarreamos maldición para México”.
“Son señales de alarma”, define Florence Toussaint, doctora en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y autora de los libros Televisión sin fronteras y Televisión pública en México.
“La iglesia busca poder: no es parte de un Estado sino que pretende ser un estado universal, por encima de todos los estados –continúa Tossaint–. Y su propósito es el control de la conciencia en las comunidades. Así sucedió durante la Edad Media. No hace falta recordar las masacres que han ocurrido en Chiapas, cómo los grupos evangélicos influyeron en el conflicto de las comunidades. O los testigos de Jehová que prohíben a sus fieles las transfusiones de sangre, por ejemplo. La separación que hizo Benito Juárez entre la Iglesia y el Estado es importante por estas razones”.
La especialista recuerda que la violación al carácter laico de los medios de comunicación ha estado presente en distintos momentos de los últimos años. Los programas de Televisa sobre la Virgen de Guadalupe, remarca, constituyen una especie de propaganda soterrada y religiosa que ha sido tolerada.
En una democracia en construcción “es muy fácil caer en estos retrocesos”
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que toda prédica religiosa debe tener lugar, salvo ocasionalmente y con los permisos necesarios, adentro de los templos únicamente. Los medios de comunicación, sin embargo, son un bien público y que un mensaje religioso sea transmitido por medio del espectro radioeléctrico viola la ley, subraya Lilia Vélez, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
“Los ciudadanos necesitamos vigilar estos contenidos –advierte en entrevista telefónica con El Sur–. Y el IFT, que tiene la facultad de otorgar estas concesiones, debe hacer análisis jurídicos a fondo de las asociaciones civiles que las están solicitando. No debe limitarse a verificar que no estén registradas ante Segob como “asociaciones religiosas”; y si no puede evitar otorgárselas, entonces se tienen que revisar los contenidos. Que no sean propagandísticos, que sean plurales, que reflejen la diversidad cultural, religiosa y social del país. Eso es lo que establece la ley. Y eso es lo que está en riesgo.
Vélez hace énfasis en esas dos palabras: pluralidad y diversidad.
Que un grupo evangélico acceda a un medio de comunicación –es decir, que pueda pagar por instalaciones, equipo técnico, gestión y personal– no quiere decir que los hare krishna o incluso otros grupos cristianos puedan hacerlo.
“En otros países, como Noruega, que la religión acceda a espacios en medios de comunicación no es un tema —explica por separado Maru Chávez Fonseca—. Allá las iglesias tienen el mismo peso que una asociación civil. Incluso reciben dinero público: tú como contribuyente puedes decidir que tus impuestos los reciba la iglesia. En Venezuela o en otros países sudamericanos también sucede. El tema en México, el peligro, es cómo pueden estas voces de adoctrinamiento religioso incidir en una sociedad donde existen unas posturas ultraconservadoras muy arraigadas. Yo no me escandalizo: podría funcionar. Pero la iglesia ya tiene un peso enorme en nuestra vida cotidiana, ¿por qué darle poder en la vida pública?”, cuestiona.
“Una emisora de índole religiosa es, por definición, adoctrinante, basada en actos de fe y no en evidencias científicas del progreso humano, parcial y excluyente, todo lo cual es contrario a nuestros fundamentos constitucionales”, se lee en un comunicado dirigido en marzo pasado al Senado de la República y al Instituto Federal de Telecomunicaciones por más de 15 organizaciones y académicos, periodistas y activistas.
“Las organizaciones civiles y personas que signamos este documento exigimos al Instituto Federal de Telecomunicaciones aclare su desconcertante actuar que da indicios de renuncia a su autonomía, violentando el marco legal vigente”.
“Los marcos jurídicos están relacionados con la historia de cada país, con su contexto —concluye Lilia Vélez—. En el caso de México, los primeros documentos reconocían como religión única la católica. La posibilidad de tener otras religiones es una gran conquista de nuestro marco jurídico.
“La decisión de un Estado laico se funda en esto: que cada quien pueda creer en lo que quiera. Ya tenemos en Brasil, con Bolsonaro, un ejemplo de cómo los grupos religiosos imponen posturas religiosas sobre la política pública. En México por eso es peligroso: tenemos una democracia todavía en construcción, donde todavía el reconocimiento a la diversidad y a la pluralidad está en construcción, y es muy fácil caer en estos retrocesos”.
Texto: Carlos Acuña El Sur/ Ciudad de México – Foto: Twitter
