Humberto Musacchio
Avanza el sexenio y los problemas se acumulan. Transcurridos casi cuatro años y medio, cualquiera supondría que las promesas de campaña se habrían convertido en realidades de probada eficacia. Pero no hay tal, pues a las disfunciones que ya existían se han agregado muchas más que han puesto en jaque al Estado mexicano, entendido como el orden institucional que permite la convivencia.
La política de “abrazos, no balazos”, lejos de someter a la delincuencia, ha convertido al país en un océano de sangre; la promesa de crear un sistema salud “mejor que el de Dinamarca” se concreta en un mortal desabasto de medicamentos e instalaciones en la medicina pública; la SEP ha sido puesta en manos ineptas, por la norma de exigir 90 por ciento de lealtad y apenas 10 por ciento de eficiencia. Sin una adecuada política de seguridad, sin un sistema de salud digno de ese nombre y sin una buena educación pública, México se adentra peligrosamente en una jungla donde sólo podrán sobrevivir los más fuertes o quienes decidan emigrar.
Hay en la administración pública grandes agujeros que lejos de estarse tapando se ahondan, frecuentemente por un simplismo que no contribuye al mejoramiento de la sociedad. La desbocada militarización no ha mostrado eficacia en las muchas tareas que se han asignado en este sexenio a las fuerzas armadas, en la absurda creencia de que están integradas por seres impolutos, y no, como lo son en realidad, personas como las demás, sujetas a las tentaciones del poder y el dinero. Por fortuna, la Suprema Corte ratificó el carácter civil de la Guardia Nacional e impidió que quedara a las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El AIFA, construido con premura y sin los necesarios medios de comunicación, es un paquidermo albeante y muy costoso; la refinería de Dos Bocas, inaugurada por el presidente en 2022, no estará terminada en este sexenio, de acuerdo con la opinión de expertos a quienes suele hacer poco caso en estos tiempos; y el Tren Maya, como las otras grandes obras del actual gobierno, ha multiplicado varias veces el costo calculado.
No es un problema menor la supresión de instituciones creadas por la necesidad de infundirle funcionalidad a la administración pública. Pero eso no parece importar, pues ahora se propone desaparecer 18 organismos descentralizados o desconcentrados para convertirlos en meras oficinas administrativas, dependientes de una u otra secretaría. Entre estos se cuentan el Inapam, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, sí, el mismo que hoy es indispensable porque estamos ya en un proceso de cambio climático que puede ser de gravísimas consecuencias.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) es víctima de las fobias de Palacio, pese a que es la ventanilla a la que podemos recurrir los ciudadanos para conocer con precisión el gasto y el funcionamiento del poder público. Pero AMLO lo descalifica sin exponer razones entendibles y aceptables en tanto que el secretario de Gobernación lo tacha de “lastre burocrático”. Ricardo Monreal, líder de los senadores, propone a sus colegas proceder al nombramiento de los tres consejeros faltantes del INAI, pero el servilismo de los morenistas impide resolver la parálisis en que se halla ese instituto, objeto de las diatribas presidenciales.
No es menos grave la decisión del Ejecutivo de suprimir Notimex, bajo el peregrino argumento de que para informar es suficiente con las mañaneras. La citada agencia del Estado –del Estado, no del gobierno– permitía informar en forma profesional, no improvisada, sobre los sucesos de México y el mundo, con un enfoque de interés para nosotros, no para otras naciones, como ocurre con las grandes agencias internacionales. Pero hay algo más: la decisión de suprimir Notimex aplasta al sindicato de esa empresa que tenía tres años en huelga y resistía pese a la creación de un sindicato blanco por parte de Sanjuana Martínez, directora de la agencia, públicamente apoyada por AMLO, todo lo cual muestra el talante del actual gobierno, abiertamente adverso a los trabajadores. ¿O no?
