Ciudad de México, 5 de diciembre de 2017. Cada vez más mujeres indígenas se “han apropiado de sus derechos para defenderlos”, gracias al trabajo de defensoras de los derechos humanos de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC) y la Red Péepeno’ob en Yucatán.
En el primer caso trabajan por incrementar la presencia de indígenas en puestos políticos, y en el segundo con el análisis y difusión de las leyes que las defienden.
Así lo expusieron en entrevista la defensora de derechos humanos Diana del Rocío Rodríguez, de REMIAC, y la coordinadora de la Red Péepeno’ob, Esther Noemí Tuz Canté, al hacer un balance sobre la incidencia de su trabajo en los últimos tres años en Chiapas y Yucatán, acompañadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea.
Mujeres indígenas en puestos políticos
Los estereotipos de género que califican a las mujeres de “incapaces” para ocupar cargos públicos son los principales obstáculos que enfrentan para ejercer sus derechos políticos, señaló la antropóloga social Diana Rodríguez.
Para hacerles frente, añadió, la REMIAC trabaja en la formación de chiapanecas indígenas de 25 a 50 años “para que conozcan sus derechos y progresivamente vayan ejerciéndolos en cargos de elección popular”.
La incidencia de la Red se vio reflejada principalmente en San Miguel Mitontic, el municipio tzotzil de los altos de Chiapas que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población hablante de lenguas indígenas (99.6%), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con Rodríguez, en los últimos tres años las defensoras centraron ahí su labor, y las mujeres que previamente ocuparon puestos importantes en la comunidad son capacitadas para que inviten a más mujeres a participar en la toma de decisiones.
Como resultado de ese trabajo, actualmente hay mujeres que laboran en el Patronato de Obras Públicas de Mitontic, “un área de la presidencia municipal tradicionalmente ocupada por hombres”, informó la defensora de derechos humanos. Esto “permite naturalizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos”, agregó.
Destacó que si bien en México la paridad es un principio constitucional que desde 2014 obliga a los partidos políticos a postular en sus candidaturas a 50% de mujeres y 50% de hombres, en los pueblos indígenas de Chiapas no se ha visto reflejado, pues ellas siguen sin ocupar cargos políticos, y en caso de tenerlos son menospreciadas.
El Fondo Semillas y el ILSB han señalado que el trabajo de estas defensoras es esencial, porque tan sólo en las elecciones de 2015 en Chiapas resultaron electas 779 regidoras, pero muchas de ellas renunciaron a sus cargos en el primer año de gestión para ser suplidas por hombres.
La REMIAC también busca la participación activa de más mujeres indígenas en la toma de decisiones, pues aunque varias de ellas han liderado los comités de educación, salud y cocina comunitaria –en este último una mujer puede coordinar hasta a 40 mujeres más– es necesario que “dejen atrás el miedo y no sólo asistan a las asambleas municipales, sino que también hablen”, afirmó Diana Rodríguez.
En Chiapas sólo 29% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres y tienen 33% de las diputaciones en el Congreso estatal, según muestra el Atlas de Género del Inegi basado en datos actualizados hasta 2015.
Yucatán: Asumirse sujetas de derecho
En los últimos tres años, en Campeche y Yucatán las mujeres mayas de la Red Péepeno’ob analizaron cuatro instrumentos internacionales y siete leyes nacionales e internacionales que nombran los derechos indígenas, y concluyeron que los estatutos legales vigentes en México “fueron hechos sin perspectiva de género, pues aunque existen leyes que hablan de los pueblos indígenas, no asumen a las mujeres como sujetas de derechos”, denunció la defensora Esther Noemí Tuz Canté.
El estudio derivó en la Cartilla: “Derechos de las mujeres indígenas mayas”, que enumera 21 derechos con los que cuenta esta población con el objetivo de visibilizarlos y compartirlos con las diferentes comunidades de la Península de Yucatán. Posteriormente buscarán que se difunda a otros estados cercanos como Quintana Roo.
La Red Péepeno’ob presentará la cartilla en Yucatán el próximo sábado 9 y solicitará que las instituciones gubernamentales “cumplan su papel” y difundan el documento en las instancias públicas como los centros de salud y las procuradurías de justicia de la entidad.
“Esa es la parte que sigue, no solo debemos saber cuáles son nuestros derechos, también debemos saber quiénes nos los garantizan y a dónde dirigirnos para exigir que se ejerzan”, precisó.
Texto: Montserrat Antúnez Estrada, Apro-Cimac / Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
