DE NORTE A SUR
Silber Meza
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no es perfecto, pero es lo mejor que hemos tenido en décadas, por eso hay que cuidarlo, defenderlo y mejorarlo.
Costó mucho trabajo construirlo y su implementación se ha realizado de manera lenta porque los gobiernos federal y estatales no se animan a darle independencia, lo ven como un caballo bronco dentro de la cocina. Asumo que tienen temor a que el sistema de verdad funcione y luego el combate a la corrupción se salga de sus manos.
El mensaje que nos mandan los gobernantes es claro: sí quiero combatir la corrupción siempre y cuando sea la corrupción que yo quiero combatir.
Y si hay algo que les saca ronchas a la mayoría de los gobernantes es la participación ciudadana. Ciudadanos empoderados dentro de la estructura oficial, vigilantes y con presupuesto pueden ser su peor pesadilla.
Desde hace décadas en este país la palabra corrupción se escuchaba en todos lados, menos en el discurso político, y aún menos en la política pública. Fue hasta que empezamos a conocer un caso tras otro de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que este país decidió hacer algo para cambiar las cosas.
El esfuerzo no fue poco: se tuvo que reformar la Constitución para darle más fuerza a la Auditoría Superior de la Federación, establecer responsabilidades a servidores públicos y a particulares (esto último en verdad trascendente), y además crear y reformar leyes para fortalecer el combate a la corrupción.
De acuerdo al sitio oficial del SNA, éste se define como una “instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales que busca combatir eficazmente a la corrupción”. Se integra por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción. Además de una Secretaría Ejecutiva y una Comisión Ejecutiva.
Pero el poder mayor recae en el Comité Coordinador, responsable de diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción. ¿Y qué creen? Está integrado en su mayoría por servidores públicos: por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, del Instituto Nacional de Transparencia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa… ah, y por el Comité de Participación Ciudadana. Seis servidores públicos y un ciudadano.
Esta disparidad de número coloca en clara desventaja a los integrantes del CPC porque para solicitar alguna información sobre investigaciones o para dirigir alguna recomendación se tiene que votar por estos siete integrantes. ¿Y qué creen? Pues que regularmente pierden por mayoría los integrantes del CPC, al menos en los casos más incómodos para el poder.
Cuando la ex presidenta del CPC, Jacqueline Peschard propuso al Comité Coordinador que la entonces Procuraduría General de República entregara información del caso de espionaje conocido como Pegasus se rechazó la solicitud con el argumento que no era un caso de corrupción.
Es imperativo que los CPC nacional y de los estados y de los municipios que lo conformen tengan más fuerza legal y mayor relación con la sociedad civil organizada. Esa será la clave de su poder mientras se logra una reforma del SNA 2.0 que empodere aún más a las estructuras ciudadanas y equilibre la balanza en el Comité Coordinador.
Este esquema nacional se repite en los estados, y la idea es que se replique en los municipios, pero lamentablemente no está clara la participación de éstos, y en muchos estados ni siquiera se contemplan los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) a pesar de que los municipios son la base territorial del Estado mexicano y donde se asientan severos problemas de corrupción, como policías en nómina del crimen, moches por servicios de iluminación y obra, predial, entre tantos otros. Además la no creación de los SMA implica disminuir la participación ciudadana e incrementar la representación gubernamental.
Al Sistema Nacional Anticorrupción, a los sistemas estatales y a los municipales hay que apoyarlos, vigilarlos y mejorarlos, pero sobre todo hay que estar cerca de los CPC y no dejarlos solos.
Como lo dice el más reciente informe de Transparencia Internacional, el SNA debe de dar resultados rápidos. En su último informe caímos tres posiciones y nos ubicamos en el lugar 138 de 180 a nivel global. Si no queremos caer aún más posiciones hay que ayudar y vigilar al SNA. Nuestra puerta ciudadana se llama CPC. Hay que usarla.
