Texto: Alina Navarrete Fernández / Foto: Jessica Torres, archivo El Sur
Chilpancingo, Guerrero, 26 de agosto de 2018. De 2010 a 2016 el 20 por ciento de las armas de fuego vendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para las policías Estatal y Federal en Guerrero fueron reportadas como “perdidas o robadas”, según el estudio Abusos graves contra los derechos humanos: el tráfico de armas legal e ilegal a México.
Basado en datos oficiales, el documento también indica que de 2006 a 2017 Guerrero fue el segundo estado en el país con el mayor número de armas adquiridas para el uso de las fuerzas policiacas como perdido o robado, sólo por debajo de la Ciudad de México.
Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la organización no gubernamental Stop US Arms to Mexico, auspiciada por Global Exchange, el estudio documentó que hay evidencia de que armas de fuego legalmente importadas desde Estados Unidos al país han sido utilizadas en algunos de los peores casos de violaciones a los derechos humanos, como en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron ejecutadas seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y otros 43 normalistas fueron desaparecidos de manera forzada.
El análisis particularmente se enfoca en la compra de armas de fuego del Estado mexicano a empresas estadounidenses.
Publicado el 7 de agosto en la página oficial de las organizaciones, señala que México enfrenta una crisis de violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por armas de fuego. El 70 por ciento de armas recuperadas y rastreadas en escenas de crímenes provienen de Estados Unidos.
Aumentaron las violaciones a los derechos humanos por fuerzas del Estado, “con casi completa impunidad”
Después de más de una década de despliegue militar para combatir el crimen organizado, nuevos equipos y armas de fuego para uso del Ejército y entrenamiento para miles de soldados de fuerzas policiacas estadounidenses como parte de la Iniciativa Mérida que es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y países de Centro América para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos en México cometidas por fuerzas estatales son más altas de lo que eran antes de que se implementaran las acciones de esa iniciativa, “con casi completa impunidad”.
En diciembre de 2006 el ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa lanzó su estrategia de seguridad conocida como La guerra contra el narco que mantuvo su sucesor, Enrique Peña Nieto. Desde entonces aumentó la violencia en México, “donde el crimen organizado, policías de todos los niveles (municipal, estatal y federal) y militares han cometido serios crímenes, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y tortura”.
Las consecuencias de los altos niveles de violencia en el país son desplazamientos y migración forzados, traumas psicológicos, injusticias, pérdidas económicas, daños a la libertad de expresión y al periodismo. La guerra y el comercio de armas empeoraron esta situación, plantea.
De diciembre de 2006 a junio de 2018 al menos 37 mil 435 personas fueron desaparecidas de manera forzada en México y 121 mil 35 asesinados, en 2017 los homicidios cometidos con pistola fueron 16 mil 898, “la mayoría de los casos permanece en la impunidad, sin investigación judicial, sentencias ni reparación de los daños”.
La exportación legal de armas y explosivos de los Estados Unidos a México actual es la mayor registrada en los últimos años, entre 2015 y 2017 recaudó 122 millones de dólares de acuerdo con datos de comercio de la oficina de censo de ese país, 12 veces la cantidad de 2002 a 2004, “este crecimiento coincide con el aumento de la producción propia de México para uso militar”.
En junio de 2018 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron a los secretarios de Estado y de la Defensa de ese país una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida y la venta de armas a México, debido a que “el uso del Ejército mexicano en la guerra contra el narco tuvo como resultado el dramático aumento de violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump ha dicho que facilitará el ya desmedido crecimiento de la transferencia de armas a México mediante la iniciativa en la materia (Arms Transfer Initiative) para promover la venta globalmente.
Guerrero
En respuesta a una solicitud de información que las organizaciones que elaboraron el estudio hicieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se informó que de 2006 a agosto de 2017, 20 mil 66 armas de fuego que fueron vendidas a las policías Estatal y Federal en México fueron reportadas “perdidas o robadas”.
Mientras que “algunos estados reportaron porcentajes alarmantes de armas perdidas o robadas” de 2010 a 2016, Guerrero reportó el 20 por ciento y Tamaulipas el 11, el estudio también considera otros estados como Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Sonora, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Baja California, Durango y el Estado de México.
Guerrero también figura entre los estados donde la intervención del Ejército en enfrentamientos armados aumenta el número de asesinatos, así como entre los estados donde se localizaron armas adquiridas para traficar de manera ilegal en México, y es en donde más se cometen homicidios con armas de fuego.
Recomendaciones
Las organizaciones sociales emitieron cuatro recomendaciones al Estado mexicano, la primera es que como parte del cambio en la administración federal se reduzcan los niveles de importación de armas de fuego, por debajo de lo que era antes de la Iniciativa Mérida.
En segundo lugar debe priorizar restricciones en el uso de armas de fuego en el territorio nacional, por encima del uso de drogas, especialmente que invierta recursos para analizar las rutas del tráfico de armas y sus modalidades. La tercera es que aumente la transparencia en el uso legal de armas importadas, y por último, que refuerce el control de armas militares transferidas a fuerzas policiales y que investigue la situación de las armas perdidas y robadas.
