AMERIZAJE
Ana Cecilia Terrazas
Quién sabe el detalle fino de por qué se frenó dictaminar y votar –meter aplanadora– el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) enviado por el Poder Ejecutivo en los albores de 2025. Lo cierto es que, en este tema, en México sucede que los grandes avances ocurren casi de manera aleatoria, sin que esta columna deje de valorar que en paralelo se construyen sustentos teóricos, prácticos, académicos, reflexivos y experienciales por parte de muchas personas.
En días recientes se dieron cinco conversatorios plurales y diversos en el Senado, liderados por Javier Corral Jurado, para debatir, discutir y señalar los problemas con los que emergió la iniciativa que regulará ahora, a nivel federal, las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Esta ley es de suma importancia –siempre lo fue y ahora lo es más– porque se encarga de normar todo lo que tiene que ver con la comunicación mediatizada en el país y por ende todos sus contenidos. Esta ley, históricamente, en sus poco menos de cien años de existencia, ha dado fiel cuenta de cómo están los juegos de poderes, sobre todo entre el empresariado dueño de los medios –radio y televisión, esencialmente– y los distintos gobiernos en turno. En su articulado se van transparentando con toda nitidez los pesos y contrapesos de la comunicación, del negocio de la comunicación, de las restricciones o alcances que pueden tener los contenidos mediáticos y, sobre todo, cuánto –si acaso– importa la población mexicana, en su carácter de audiencias, respecto de los medios.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014 no era perfecta, pero tenía grandes aciertos –que al final fueron impugnados o frenados, pero estaban inscritos– e incorporaba conceptos, figuras y jugadores que antes ni siquiera se habían enunciado. Ejemplos del progreso en esa iniciativa: se nombraron las concesiones como sociales, públicas, comerciales y privadas; es decir, por primera vez se les llamó a los medios públicos como tales, ya no solamente como concesiones y permisos. Se diseñó y creó un órgano regulador, autónomo, especializado –que pudo haber funcionado mejor o no, pero que era independiente y no juez y parte– para otorgar concesiones. Se enunciaron y delinearon los derechos de las audiencias; esto es, se consideró que todas las personas éramos sujetas de derechos respecto de los medios y hasta se crearon las defensorías de las audiencias*. Se señaló que el espectro radioeléctrico es un espacio de interés público a través del cual se deben respetar los valores civilizatorios, ciudadanos y de igualdad.
Esa LFTR, a diferencia de la anterior, también tomaba en cuenta a las audiencias con discapacidades y abría la discusión a la ética como algo fundamental para los contenidos: consideraba importante que a la gente, a la población, a las audiencias, no se les diera de antemano información falsa –“gato por liebre” como diría la maestra Beatriz Solís Leree–, comerciales entreverados con datos duros, el comentario editorial como si fuese la nota.
Cuando se leyó la nueva posible ley, en este periodo legislativo, la gran mayoría de los jugadores con algo de voz o poder, especialidad o práctica en estos terrenos, hallaron huecos, lagunas, despropósitos inconstitucionales, recarga de poder y algunos retrocesos.
Paradójica -pero- lógicamente, a cargo de hacer una pausa y reconsiderar el texto de la presente iniciativa de LMTR, tomando en cuenta –o escuchando por lo menos– a muchas voces de diferentes especialidades, ha estado un integrante del propio partido que diseñó ese documento: Javier Corral Jurado. Cabe recordar que, durante años de su carrera política, el hoy senador de Morena estudió a fondo y apoyó el derecho a la información (en cuyo seno están la libertad de expresión, el derecho a solicitar información y el derecho a ser informado con oportunidad, veracidad, pluralidad, independencia editorial y respeto; esto todo es el centro de los derechos de las audiencias). Antes panista, ahora el morenista quedó perfecto como el designado para comprometerse, según dijo el pasado 23 de mayo, con “hacer una minuta con las principales propuestas y cambios que se perfilen; tenemos que hacer una especie de compendio de propuestas y sugerencias”.
Se espera que el lunes 30 de junio se logre tener un dictamen que se revise en comisiones y posteriormente en la mesa directiva, y quizá se apruebe una nueva ley en la materia en un periodo extraordinario de sesiones en julio. El aire y el debate ya agregados han valido mucho la pena. El escrito final dirá qué poderes tendrán más peso y cómo quedarán las simetrías o asimetrías en el sector.
@anterrazas
