Iguala, Guerrero, a 29 de noviembre de 2025.- Familiares y amigos del nutriólogo Irving Arroyo Aranda, trabajador del centro de salud Agustín Batalla, hicieron público un comunicado en el que afirman su inocencia y solicitan un proceso legal justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos, luego de que agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa llevaron a cabo un cateo y su detención el pasado miércoles.
Según el comunicado difundido en medios locales, el operativo se realizó la madrugada del 26 de noviembre, entre las 4:00 y 4:30 horas, en una casa en la calle Luis Donaldo Colosio #30, Unidad Habitacional Nicolás Bravo, en Iguala. Tras la intervención, Irving Arroyo fue detenido sin que sus familiares fueran informados de su paradero inmediato.
Sus allegados dijeron que durante más de cinco horas desconocieron la situación del nutriólogo, hasta que alrededor de las 15:00 horas fueron notificados de que se encontraba en la Fiscalía de la Ciudad de México.
Informaron que los días 27 y 28 de noviembre se realizaron audiencias en las que se le imputaron delitos relacionados con delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares, hechos que —según la familia— “no corresponden a la verdad”. Aseguraron que el profesionista se ha declarado inocente.
Arroyo Aranda es licenciado en Nutrición por la Universidad Fray Luca Paccioli y desde 2013 labora en el centro de salud Agustín Batalla. Sus compañeros y familiares destacan su trayectoria profesional, a la que califican como ética y comprometida con la comunidad.
El comunicado subraya que el caso genera preocupación entre quienes demandan el respeto a la presunción de inocencia y el apego a los derechos humanos. Por ello, solicitaron a los medios de comunicación, periodistas y sociedad civil apoyar en la visibilización del caso y vigilar que el proceso se desarrolle conforme a la ley.
Finalmente, denunciaron que existen planes para trasladar a Irving Arroyo al penal de Almoloya de Juárez este sábado, por lo que reiteraron su llamado a la justicia y a garantizar sus derechos.
El miércoles 26 de septiembre al cumplirse 134 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) y encabezados por su titular Mauricio Pazarán Álvarez, realizaron este miércoles dos cateos en Iguala y detuvieron a tres personas, como parte de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, integrada en el expediente 3213/2025-III por los delitos de delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares.
Los operativos se llevaron a cabo alrededor de las 6 de la mañana, en los inmuebles ubicados en la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 30, en la colonia Nicolás Bravo, y en Ramón Corona No. 15, en el Centro de Iguala. Las diligencias fueron realizadas por personal de la Unidad Especial, con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), así como efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y se ejecutaron bajo orden emitida y firmada por la jueza Quinta de Distrito, adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, Irlanda Gabriela Pacheco Torres.
De acuerdo con los oficios y sellos colocados en el inmueble de la calle Ramón Corona, la orden de cateo fue solicitada por el fiscal Pazarán Álvarez, quien argumentó que los domicilios estarían relacionados con actividades de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente utilizados para reuniones y tratos vinculados al trasiego de drogas. También se señala que dichos inmuebles podrían aportar indicios relacionados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Texto: Redacción
