Jesús Mendoza Zaragoza
Después de encontrarse con empresarios de Chilpancingo y con activistas de 32 organizaciones sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció una convocatoria para “elaborar una estrategia común contra la violencia” en el estado de Guerrero. Hasta ahora, aunque no la conocemos, el gobierno estatal dice que la tiene. Una réplica de la que el gobierno federal promueve con su Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Esta Mesa es, fundamentalmente, una instancia gubernamental en la que las autoridades hacen sus análisis y determinan sus estrategias para responder a situaciones estructurales y coyunturales relacionadas con la inseguridad y la violencia.
Este esfuerzo gubernamental es muy válido y se canaliza a través de políticas públicas y de respuestas de emergencia ante la evolución de los hechos violentos en el país y, consecuentemente, en el estado de Guerrero. Es una estrategia que se construye desde el poder y desde el poder se opera, mediante programas sociales en los que la sociedad es beneficiaria pero no protagonista.
Dicha estrategia tiene sus límites, debido a que responde a los intereses de los gobiernos que no siempre coinciden con el bien de la población y, además, no integra el punto de vista de la sociedad, que tiene otra manera de ver la realidad y representa un potencial inmenso para dar su aporte específico “desde abajo”. La mirada y los análisis hechos desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, desde el ámbito empresarial y desde las comunidades campesinas e indígenas son diferentes y, a la vez, complementarios. Y hasta ahora no han sido tomados en cuenta por los gobiernos.
Hay que esperar la convocatoria de la gobernadora para que no se quede en el discurso y se haga efectiva la participación de la sociedad en la construcción de la paz en el estado de Guerrero. La “estrategia común”, de carácter social, daría aportes muy valiosos a la estrategia gubernamental, a la vez que desata el protagonismo de los diferentes sectores sociales que ya están cansados de no ser tomados en cuenta en los temas de la inseguridad y de la violencia. Ya hemos visto, desde años, que el gobierno solo no puede, pero no se ha animado a dejarse acompañar por la sociedad civil.
La pregunta que salta a la vista es ¿por qué en tantos años que llevamos con dinámicas violentas, los gobiernos han sido reacios a aceptar la participación organizada de la sociedad en estos temas? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no se han animado a caminar al paso de las comunidades y de los pueblos? Es muy seguro que si los gobiernos se proponen escuchar a las comunidades y a los pueblos, y a caminar junto con ellos, muy pronto se verían resultados importantes. Ya es tiempo de que eso suceda. Y si la gobernadora tiene esta iniciativa, podrá constatar que fue muy acertada su convocatoria. El pueblo es el mejor aliado, no como destinatario de las acciones gubernamentales, sino como protagonista.
Los habitantes de las colonias urbanas y del campo conocen las dinámicas locales de las violencias que les causan grandes perjuicios. Tienen la información local precisa y pueden ofrecer una colaboración valiosa desde dentro de los núcleos comunitarios para ir resolviendo “desde abajo” los factores locales de las violencias que no suelen ser considerados “desde arriba”. Las estrategias gubernamentales pueden encontrarse y articularse con estrategias sociales para dar más fortaleza a la construcción de la paz. Hay que entender que esta es una tarea colectiva, que sólo puede ser cumplida de manera incluyente y participativa.
Hay que pensar en un proceso de diálogo para que la “estrategia común” pueda suceder. Tiene que contar con mecanismos permanentes de colaboración y de participación para que no se quede en el aire o en el ámbito de la informalidad. Si fuera necesaria una legislación que respaldara estos esfuerzos, hay que proveerla para que la estrategia sea vinculante y permanente.
