Determina la jueza que la FGR ofreció indicios suficientes para enjuiciar a Francisco Narváez Pérez por desaparición forzada de personas
Ciudad de México, 20 de julio 2023. Una juez federal dictó formal prisión al soldado Francisco Narváez Pérez, ex integrante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, determinó que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para iniciarle un juicio por el delito de desaparición forzada de personas.
Con esta determinación, el soldado de Infantería permanecerá en la prisión del Campo Militar Número Uno, durante el tiempo en que se tramite este proceso iniciado bajo las reglas del anterior sistema de justicia por escrito.
Narváez Pérez fue detenido el pasado 11 de julio por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, cuando circulaba en inmediaciones de la Alameda Hidalgo de la Colonia Centro, en la ciudad de Querétaro.
Él es uno de los 16 militares contra los que el año pasado la FGR procedió penalmente y consiguió las órdenes de aprehensión, para luego desistirse y volver a tramitar los mandamientos judiciales, librados de nueva cuenta el pasado 13 de junio.
De este grupo, todos ex integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería, ya fueron detenidos 10 y todos se encuentran procesados en el Campo Militar Número Uno.
De los militares presos, 8 se entregaron voluntariamente para que les ejecutaran las órdenes de captura, mientras que Narváez y el coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón, fueron detenidos en acciones policiales.
Los únicos que continúan prófugos son los soldados Santiago Muñoz Pilo, Óscar Cruz Román, Ezequiel Carrera Rifas, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano, y Enrique Martínez Chávez.
La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la FGR acusa a los militares de la desaparición de los estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con pruebas como las declaraciones de los testigos protegidos Juan y Carla, ex integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.
El primero de ellos afirma que este grupo criminal pagaba desde 60 mil hasta 5 millones de pesos mensuales a cada militar que tenían en la nómina y, aunque dice que el mejor pagado era un general, identifica al “Coronel Nieto” -presumiblemente el ex jefe del 41 Batallón- como supuesto receptor de sobornos.
Según Juan, un grupo de normalistas detenidos fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería y luego entregado a Guerreros Unidos para su desaparición. Algunas de las víctimas fueron entregadas muertas, de acuerdo con el testimonio.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo-Jessica Torres Barrera
