Observó un faltante de 12 millones en el programa de pipas a cargo del secretario de Ayuntamiento, afirma Francisco Torres Valdez. Si los ediles presentan algún recurso en su contra, él también podría acusarlos por delincuencia organizada y ejercicio indebido del servicio público, advierte
Acapulco, Guerrero, 31 de agosto de 2021. El ex contralor municipal Francisco Torres Valdez, denunció que fue removido del cargo luego de que encontró irregularidades en un programa a cargo del secretario del Ayuntamiento Ernesto manzano, y advirtió que si los ediles presentan algún recurso en su contra él también podría acusarlos por delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y en contra de la administración de justicia.
Entrevistado en un restaurante de la Costera, Torres Valdez retó a los ediles y demás integrantes de lo que llama “complot” en su contra a que le muestren qué parte del decreto 771 da facultades al Cabildo para removerlo. Reiteró que recurrirá al Tribunal de Justicia Administrativa o al juicio de garantías para solicitar la reinstalación y concluir el periodo para el que fue designado.
El lunes de la semana pasada, el Cabildo aprobó por unanimidad destituir a Francisco Torres como titular del Órgano de Control Interno del municipio (Contraloría municipal) y el martes el contralor denunció que se trató de un “complot” entre el secretario general, Ernesto Manzano Rodríguez, el secretario particular de la Presidencia, Edmundo García López, el sobrino de la alcaldesa, Víctor Román Román –que no tiene ningún cargo en el Ayuntamiento–, y los 22 ediles, de quienes dijo tienen a su servicio hasta 52 trabajadores, algunos supernumerarios y otros en lista de raya y que había avisado a la alcaldesa que auditaría el gasto de gestoría de 140 mil pesos mensuales que reciben.
El jueves, dos días después de las acusaciones del contralor removido, en conferencia de prensa Ernesto Manzano se dijo dispuesto a solventar las observaciones que tenga en la Contraloría y que valora proceder penalmente contra el contralor destituido.
El viernes, cinco ediles pidieron en conferencia de prensa que se investiguen y se sancionen los actos de corrupción que señaló el ex contralor y advirtieron que cada edil tomará la decisión de demandar a éste por daño a su persona.
El ex contralor dijo ayer que una semana antes de su cese, Manzano acudió a la Contraloría a revisar un informe de auditoría por el faltante de casi 12 millones de pesos en el programa de reparto de agua en pipas que opera la Secretaría General, porque no hay contratos que acrediten el uso de ese dinero.
Reiteró que Manzano conoció el informe de auditoría DAFA/0004/2020 resultado de la revisión que se hizo al programa de reparto de agua en pipas en presencia de la alcaldesa Adela Román, quien le dijo a su secretario que atendiera esas observaciones y que una semana después, éste y el director de Asuntos Jurídicos, César de los Santos Mendoza, acudieron a la Contraloría y le ofrecieron hacer contratos fuera de tiempo y les dijo que no estaba de acuerdo y una semana después recibe el primer citatorio del Cabildo.
Recordó que en esa misma reunión con la alcaldesa, cuando informó de las observaciones al programa de reparto de agua en pipas le dijo a la presidenta que antes de concluir la administración se auditaría el gasto de gestoría que reciben los ediles mensualmente, que asciende a 140 mil pesos y al año son un millón 680 mil pesos.
“Es obvio que recibieron información de que yo iba a auditarlos antes de que terminara la administración, entonces se pusieron de acuerdo para destituirme a como diera lugar”.
Consideró que posiblemente “van a tratar de archivarlo o desaparecer” el informe de auditoría que contiene las observaciones sobre el programa de reparto de agua en pipas.
Además, dijo, las quejas de trabajadores a las que recurrieron los ediles para justificar su decisión para destituirlo, se debe a que algunos fueron dados de baja por órdenes de la Presidencia mediante la Dirección de Nóminas para cortar al 20 por ciento de lista de raya y supernumerarios. En su caso dijo que en agosto fueron despedidos ocho de lista de raya y cuatro supernumerarios, los que corresponden al 15 por ciento de cada una de esas categorías.
De la postura de los ediles, que advirtieron que podrían proceder contra él, Torres Valdez respondió que también puede emprender acciones legales contra los ediles, una podría ser acusarlos de “delincuencia organizada porque son 26 los que participaron en su destitución o ejercicio indebido de servidores públicos y en contra de la administración de justicia, por eso les comento como dice el argot campirano, machete estate en tu vaina”.
“En lo personal no busco ese tipo de acciones, pero si me acorralan tengo que hacerlo”, advirtió.
A los ediles les pidió serenarse, que ya hay otro encargado en la Contraloría por lo que ya no se revisará el gasto de gestoría que reciben que un millón 680 mil pesos al año, llamó a la presidenta electa, Abelina López Rodríguez, a que suprima esa prerrogativa que tienen los ediles “es un atraco” porque al multiplicarlo por todos los ediles suman 25 millones de pesos al año.
Explicó que el contralor está obligado a rendir un informe en un plazo de 15 días en los municipios donde por primera vez se iba a integrar esa figura, por lo que no aplica para Acapulco y en términos legales, la representante del Ayuntamiento es la presidenta no el Cabildo “y a ella en los primeros 10 días le informé del programa de trabajo”.
Agregó que la Contraloría no está para informar cómo está la administración, sino para combatir la corrupción y los retó a que le digan qué artículo establece que el titular del Órgano de Control Interno debe comparecer ante Cabildo.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: Jesús Trigo
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