El presidente del Cruz Azul está acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos. El equipo no corre riesgo de ser desafiliado por la FMF, porque el directivo no es el dueño del club cementero
Ciudad de México, 30 de julio de 2020. La Fiscalía General de la República giró orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de siete empresas factureras.
Sin embargo, el equipo no tiene riesgo de ser desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ni de perder su lugar en la Liga MX.
De acuerdo a los reglamentos y estatutos de la federación se contempla la desafiliación para “dueños o directivos de clubes que incurran en actos delictivos”, siempre y cuando así lo evalúe el Comité Ejecutivo del organismo.
De comprobarse por la autoridad correspondiente la culpabilidad de Guillerno Álvarez Cuevas en actos de lavado de dinero, entonces la FMF procedería a determinar esa posible desafiliación, comentó a Grupo Reforma en mayo pasado una fuente del organismo.
Y aclaró que en dado caso el proceso de desafiliación se abriría para las personas involucradas y no para el club Cruz Azul, ya que el equipo es propiedad de la Cooperativa Cruz Azul y no de los hermanos Álvarez Cuevas ni de Víctor Garcés.
Ayer se reveló que un juez federal ordenó la aprehensión de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, y otros cuatro colaboradores y abogados, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, libró las capturas, al estimar que existen indicios de que los imputados se constituyen una organización delictiva para desviar fondos de la cementera.
Las capturas también fueron libradas contra Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Víctor Manuel Garcés Rojo, director y ex director Jurídico de la empresa; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.
El caso es de gravedad, pues el delito de delincuencia organizada tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que en caso de ser detenidos, los imputados serán encarcelados en el Penal del Altiplano y no tendrán derecho a la libertad provisional.
Texto: Staff / Agencia Reforma / Foto: Archivo
