López Obrador firma el decreto que pretende disminuir el ISR a trabajadores que ganan menos de 9 mil 81 pesos al mes. Quienes fueron beneficiados por el más reciente incremento a los salarios mínimos de 20 por ciento sólo recibían 14 por ciento del incremento, debido a que el seis por ciento restante se iba al pago de impuestos, explica la Secretaría de Trabajo
Ciudad de México, 3 de mayo de 2024. El gobierno federal realizó una actualización al subsidio para el empleo, el cual aumentará a 390 pesos, con la cual se beneficiará a 8.2 millones de personas trabajadoras que ganan menos de 9 mil 81 pesos al mes.
De este modo, quienes se beneficiaron del reciente aumento de 20 por ciento al salario mínimo, verán que efectivamente ha subido ese porcentaje su salario después de impuestos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer lo anterior en un comunicado difundido este jueves, y explicó que la medida fue tomada debido a que las alzas al salario mínimo rebasaron los subsidios otorgados al Impuesto Sobre la Renta (ISR), “lo que impactó en el monto final del pago realizado a la población trabajadora, ya que, para quienes fueron beneficiados por el último incremento de los salarios mínimos de 20 por ciento, el 6 por ciento del aumento se iba al pago de impuestos”.
Por ello, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) “solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la actualización del esquema, con la finalidad de que el incremento a los salarios mínimos se viera reflejado en su totalidad”.
Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó y firmó el decreto que avala dicha modificación, “la cual nunca se había realizado en el pasado porque el salario mínimo no crecía, pero ahora que subió fue necesario actualizarla para que los que menos ganan paguen menos impuestos”, indicó la STPS.
Con el nuevo esquema, aseguró, “todas las personas trabajadoras que ganan menos de 9 mil 81 pesos (alrededor de 1.2 salarios mínimos) verán una reducción en el impuesto a pagar, lo que permitirá que reciban de manera íntegra el 20 por ciento de incremento del salario mínimo más reciente. Esta es una medida que beneficia a 8.2 millones de personas trabajadoras que menos ganan (37.1 por ciento de toda la población trabajadora formal)”.
Con esto, reiteró la dependencia, “se beneficia nuevamente a las personas trabajadoras que menos tienen, garantizando que el incremento salarial después de impuestos sea de al menos el 20 por ciento, el mismo porcentaje que el aumento al salario mínimo”.
En su conferencia mañanera el mandatario se refiró al decreto:
“Hablando de los trabajadores, sí es importante que se sepa que, como ha aumentado, como no sucedía en décadas, el salario mínimo, esto ha llevado a que se rebase el límite que se tiene de subsidio para no pagar el impuesto sobre la renta; entonces, en los últimos incrementos del 20 por ciento ya los trabajadores nada más recibían 14 por ciento de aumento, porque seis por ciento iba para el impuesto sobre la renta.
“Entonces, nada más informarles que ya se aumentó el subsidio, a partir de hoy ya se publica en el Diario Oficial. O sea, que se van a beneficiar los que ganan menos, calculamos que son como —de los de la economía formal— como nueve millones de trabajadores. Lo digo porque, como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo porque, si no, les van a seguir quitando lo del impuesto sobre la renta, y ya hasta una cantidad quedan exentos, nueve mil 200”, detalló el mandatario.
“Este beneficio fiscal se dirige a aquellos trabajadores que son remunerados con bajos ingresos”, remarcó la STPS.
“Esto significa un avance en el apoyo a la economía familiar”, reconoció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El Fondo de Pensiones para el Bienestar sólo recibirá 25% de las utilidades de empresas controladas por militares
El nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar sólo recibirá 25 por ciento de las utilidades netas de las empresas controladas por militares.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió, por lo menos desde diciembre de 2020, que las ganancias de las paraestatales asignadas al Ejército y la Marina serían para financiar el régimen de pensiones y otros beneficios sociales de la milicia, que se maneja por separado del IMSS y el ISSSTE.
La reforma para crear el Fondo mantiene esta promesa, en su artículo séptimo transitorio, que a su vez respeta lo establecido por el Congreso en el vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2024.
Este último indica que “el remanente de las utilidades netas que, en su caso, se obtengan de los ingresos propios de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina… se destinarán para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud, vivienda, educación y seguridad social”.
La Ley de Ingresos enviaba el 75 por ciento de las posibles ganancias al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), y el 25 por ciento restante al ISSSTE, pues AMLO dijo en enero de 2023 que el dinero también se usaría para las pensiones de los burócratas.
Con la reforma para el Fondo de Pensiones, se mantiene la tajada de los militares, pero el 25 por ciento ya no será para el ISSSTE, sino para el nuevo fondo, que pretende reforzar las pensiones tanto de trabajadores adscritos al IMSS como de burócratas.
Grupo de 727 trabajadores presenta demanda de amparo para evitar la transferencia de los recursos de sus Afores
Un grupo de 727 trabajadores, tanto del sector público como privado, presentó ayer una demanda de amparo para evitar que los recursos de sus Afores sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Rodolfo Martínez, integrante del despacho Trusan y Roma Abogados, aseguró que la disposición que se pretende hacer de los ahorros de los trabajadores es inconstitucional.
“Esta reforma es inconstitucional toda vez que es retroactiva y, además, vulnera el principio de seguridad jurídica”, dijo.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que se pretende completar las pensiones de los trabajadores que están bajo el esquema de ahorros individuales, se financiará en parte con el dinero de cuentas inactivas de trabajadores que hayan cumplido 70 años.
Martínez explicó que al realizar ese traspaso se afectan los derechos de los trabajadores, pues se atenta contra la decisión que ellos tomaron respecto de quién debe administrar sus ahorros.
El abogado anunció que en las próximas semanas trabajadores del Inegi, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral (INE) también presentarán una demanda de amparo.
“Entonces, en este momento se está sufriendo afectación porque la ley está siendo retroactiva, es decir, se está vulnerando el principio de irretroactividad de la ley y aparte está violando el principio de seguridad jurídica”, enfatizó.
Texto: Redacción y Agencia Reforma / Fotograma-Archivo
