Con la liberación formal de Elba Esther Gordillo el martes 7, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufrió la puntilla por el uso político de la justicia. Al desastroso manejo del caso Ayotzinapa se sumó el fracaso de la venganza contra la ex dirigente del poderoso sindicato de maestros y el enésimo señalamiento de que utilizó información hacendaria de forma ilegal. Para colmo, la familia de Gordillo se montó oportunamente en la ola lopezobradorista y ahora se presume que ella tratará de recuperar el dinero y las obras de arte y, sobre todo, el poder que intentó quitarle el derrotado mandatario saliente
Texto: Jorge Carrasco Araizaga / Agencia Proceso
Foto: Redes sociales
Ciudad de México. “¿Cómo podría ser residente de otro país, siendo dirigente de los maestros?”, dijo Elba Esther Gordillo. Llevaba más de dos años presa y aprovechó una audiencia judicial para reivindicar su liderazgo y pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) y a su verdugo en el Poder Judicial, el juez Alejandro Caballero Vértiz, que aplicaran la ley y no criterios políticos.
Gordillo hablaba desde el área médica del penal femenil de Tepepan, al sur de la ciudad, donde estaba recluida, en una videoconferencia con el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la capital del país, con sede en el Reclusorio Oriente, en donde se centró gran parte de la batalla judicial de la “presidenta vitalicia” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ese 17 de agosto de 2015, la PGR argumentaba ante el juzgador por qué debía negarle la prisión domiciliaria. Podría escapar al extranjero, donde tiene propiedades, le dijo el Ministerio Público federal al juez.
“Soy ciento por ciento mexicana y mis visitas al extranjero eran breves y para descansar”, reviró la maestra. Y, directa, le pidió a la PGR: “Quisiera precisar con todo respeto al Ministerio Público tenga a bien aplicar la ley sin ningún sesgo político”. También se refirió al Poder Judicial y remató con una disculpa: “Perdón”.
Fue la primera vez, en los dos años y medio que llevaba en prisión, en que Gordillo Morales aludía públicamente a una persecución política. La PGR llegó a utilizar hasta razones de estabilidad social y de “la paz y la seguridad del Estado” en el proceso judicial que inició con la detención de Gordillo en febrero de 2013, cuando Enrique Peña Nieto apenas tenía tres meses de haber llegado a Los Pinos y se encaminaba hacia la aprobación de la reforma educativa, a la que ella había manifestado su rechazo.
Cinco años después, al final de su sexenio y devastado electoralmente, Peña Nieto sufrió el mayor revés político judicial de su gobierno, luego de que un Tribunal Colegiado descalificó las investigaciones de la PGR en el caso Ayotzinapa. Lo que al principio pareció un triunfo político de Peña sobre Gordillo, quien lo había desafiado a él y a su partido, terminó en un desastre más para la procuración de justicia en México.
Los autores del descalabro presidencial fueron dos de sus principales colaboradores: el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el entonces secretario de Hacienda y ahora secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. El primero, por insistir en un delito que no pudo demostrar en tribunales; el segundo, por proveer información sin autorización judicial. Fueron los dos argumentos que pesaron en la sentencia judicial que le dio la libertad a Gordillo el martes 7 de agosto.
Información obtenida ilegalmente
Libre desde la noche del martes sin haber sido sentenciada por ningún delito, Gordillo, de 73 años, va ahora por lo que considera suyo: el liderazgo vitalicio del SNTE, además de sus cuentas bancarias, obras de arte y otros bienes que la PGR le aseguró. Si se lo propone, está en condiciones de demandar al Estado mexicano por haberla mantenido en prisión durante casi todo el sexenio sin probarle delito alguno.
Gordillo quedó libre porque los recursos fueron lícitos –eran del sindicato–, aun cuando los usó para ropa, atención médica, compra de arte y pago de renta de aviones ejecutivos.
Murillo Karam y Mariana Benítez la acusaron de “operaciones con recursos de origen ilícito” por mil 978 millones de pesos, en un esquema que equipararon al que usan los grupos de delincuencia organizada.
En cinco años y cinco meses, el Ministerio Público federal fue incapaz de demostrar esa grave acusación de delincuencia organizada y de lavado de dinero. En el propio Poder Judicial de la Federación se sabía que era un cargo difícil de sostener. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varios ministros tenían claro también que, si el caso llegaba al máximo tribunal, Gordillo tendría que ser liberada por las violaciones constitucionales que se arrastraban.
En septiembre de 2013, en entrevista con Proceso (1923), Murillo Karam aseguró que la información que la PGR le dio al juez “es contundente y no hay siquiera errores de procedimiento”. Pero desde temprano el gobierno peñista tuvo un revés judicial: la justicia federal determinó que la información con la que la PGR armó el caso fue obtenida de manera ilegal; es decir, que Hacienda se la dio a la PGR sin autorización judicial, lo cual fue ratificado en la sentencia final.
La defensa de Gordillo, a cargo del litigante Marco Antonio del Toro, emprendió una agresiva estrategia de defensa e interpuso numerosos recursos para tirar las acusaciones de la PGR. Abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y del líder minero y próximo senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, logró incluso silenciar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la PGR en relación con el caso.
A través de un amparo, impidió que el órgano encargado de difundir la actividad de los juzgados federales informara sobre el proceso judicial de Gordillo. Lo mismo le aplicó a la PGR bajo el argumento de que las áreas de comunicación social del CJF y de la PGR podían violar la privacidad de los datos personales de la maestra. Del Toro promovió el amparo luego de que se difundieron imágenes de Gordillo tras las rejas.
A partir de 2016, todas las resoluciones judiciales del caso se conocieron a través de la defensa. Fue el propio abogado Del Toro y no el CJF quien informó a la medianoche del martes de la liberación de la maestra.
En un comunicado que leyó a la prensa, expuso que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal decretó la “libertad absoluta e inmediata” de Gordillo. El titular del Tribunal Unitario, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, determinó que los recursos utilizados por Gordillo tuvieron origen legal, al contrario de lo que sostuvo la PGR para encuadrar la acusación de lavado de dinero, una de las modalidades del delito de delincuencia organizada.
El magistrado Aguilar López determinó, además, que la documentación bancaria con la que se armó la acusación se obtuvo con información que careció de autorización judicial. Ambos argumentos implican, respectivamente, a Murillo Karam y a Mariana Benítez, responsables entonces de la PGR, y a Videgaray y a Bazbaz, entonces en Hacienda.
Un tercer argumento del magistrado fue que el SNTE no presentó ninguna querella ni se manifestó como agraviado por algún ilícito de Gordillo.
La PGR consignó a Gordillo luego de una rápida averiguación de los movimientos financieros de las cuentas del SNTE entre 2009 y 2012, en la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón, cuando la maestra alcanzó su esplendor político y económico.
(En la imagen: Un usuario de Facebook, que dice ser originario de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, subió esta selfie en la que aparece abrazado de “la maestra”. La fotografía se titula: “Una sola palabra: JUSTICIA”. Foto: tomada de internet)
