Texto: DPA / Foto: sintonia102.com y teimporta.com
“Se terminaron de recolectar 3 mil 3 muestras de ADN”, confirmó hoy la jueza Rosa Falco, de la ciudad de Quimilí, al canal Todo Noticias.
Según la jueza, el objetivo de las pruebas de ADN es cotejarlos con las muestras genéticas halladas en su momento en la ropa de la víctima. En especial, Falco pretende dar con “el autor material del abuso” del niño.
El crimen fue cometido el 31 de mayo de 2016 en Quimilí, situada en la provincia de Santiago del Estero, a unos 900 kilómetros al norte de Buenos Aires.
El cuerpo descuartizado un niño de 11 años fue hallado allí en dos bolsas arrojadas en un campo situado en las afueras de la ciudad.
La víctima había sido vista por última vez mientras iba en su bicicleta a pescar en una laguna de la zona.
A partir del hallazgo del cadáver, la Justicia comenzó a reconstruir el crimen. La autopsia determinó que el niño había sido estrangulado y abusado sexualmente como parte de un supuesto rito religioso.
El homicidio
Mario Agustín Salto, de 11 años de edad, fue visto por última vez el 31 de mayo de 2016 mientras pedaleaba su bicicleta con rumbo a una represa cercana en la que tenía pensado pescar.
El niño fue reportado como desaparecido y encontrado el 2 de junio desmembrado en un basural cerca de la ruta provincial número 6, de la población santiagueña de Quimilí, a 180 kilómetros al sureste de Santiago del Estero.
Al notificar su desaparición se organizó una amplia búsqueda policial en una represa cercana de la ruta 116, a unas 10 calles de la casa en la que vivía el niño en el barrio de San Francisco.
Las pesquisas llevaron a la localización de su bicicleta y una caña de pescar que llevaba consigo cuando desapareció; sin embargo, su cuerpo fue encontrado en el extremo opuesto de la localidad.
El basural se hizo notorio luego de que algunos perros de la Unidad K9 de la Policía de San Luis y Río Negro llevaran a los investigadores hasta el lugar en el que se encontró una especie de altar satánico, así como un Fiat Palio negro en el que se presume fue trasladado el niño luego de su secuestro. Ahí se encontró su cuerpo, distribuido en partes, en 11 bolsas de basura.
De acuerdo con las investigaciones periciales, el niño fue violado en múltiples ocasiones, luego colgado de un árbol con un alambre, para más tarde ser degollado y desmembrado, en uno de los casos de violencia más atroces en Argentina en 2016.
Los inculpados
Los avances de la investigación dieron como resultado que Mario Salto fue asesinado en medio de un ritual satánico, de acuerdo con declaraciones de la jueza que lleva el caso, Rosa Falco de Ranieri. Y se consiguió detener a seis inculpados: Miguel Ángel Jiménez (58), alias El Brujo; su hijo Miguel Ángel (23); su esposa, Arminda Lucrecia Díaz (57), directora de la Escuela 1214 y docente del Profesorado Secundario para Adultos; el hijo de la mujer, Alfredo Daniel Albarracín (22); y Pablo Ramírez (38), alias El Loco, todos con residencia en Quimilí.
Más tarde también se detuvo al jefe de la policía del lugar, Walter Céliz, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos.
La defensa de El Brujo Jiménez, Hugo Frola considera que “no existen pruebas en contra del acusado”, y ha cuestionado los procedimientos con perros de la policía, mediante los cuales se llegó a la detención de su cliente pues tiempo atrás fue sometido a una compleja operación de corazón.
En el caso también hay otros cuatro detenidos: Rodolfo Rody Sequeira (45), acusado del secuestro del niño; Ramón Burra Rodríguez (59); David Tomás Sosa (23), quien inicialmente declaró como un testigo de identidad reservada, y Alfredo Daniel Albarracín (22).
Los investigadores sospechan que El Brujo Jiménez planeó el homicidio, y además era asiduo participante en las marchas por el reclamo de justicia por el crimen del niño.
Los familiares de Marito anunciaron que la próxima semana se realizará la marcha 122 en reclamo de justicia. Será encabezada por el padre de la víctima, el peón rural Mario Salto, y tendrá lugar la plaza principal de la capital santiagueña.
La jueza del caso ordenó las 3 mil 3 pruebas de ADN en la sospecha de que faltan aún dos sospechosos sin identificar entre los pobladores de la comunidad.
