La abogada Neil Arias considera que esta resolución puede disuadir los casamientos infantiles, forzados, o por acuerdos en las comunidades donde rige el sistema comunitario
Tlapa, Guerrero, 19 de octubre de 2022. La propuesta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de sancionar con 10 a 15 años de reeducación a los padres que vendan a sus hijas y a los que las compren para sus hijos “puede disuadir los matrimonios infantiles, forzados o por acuerdos”, opinó la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio.
Aunque las sanciones deben incluir a los coordinadores de las Casas de Justicia y de las Casas de Enlace porque ahí se tolera esa práctica y se les debe poner atención.
Enfatizó que se debe establecer un apartado especial sobre matrimonios infantiles y se especifiquen las sanciones que no existen, hasta que sea aprobado, en el reglamento de la CRAC-PC.
Remarcó que la decisión puede ayudar a disminuir la venta de niñas, pero es mínimo. Puso como ejemplo que de los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, donde se dan más casos, tienen más de 100 comunidades cada uno, de las cuales apenas unas 10 son parte de la CRAC-PC.
Y lo acordado por la CRAC-PC “es sólo para las comunidades que pertenecen al sistema de justicia comunitario, no es para todas, sin embargo han tenido casos en que aunque las comunidades no sean parte detienen a las personas”.
Las Casas de Enlace que deben focalizarse, de acuerdo a Neil Arias son la de Dos Ríos en Cochoapa el Grande, donde se registró el caso de Angélica, niña de 15 años que fue casada a los 11, violada por su suegro y al no permitir huyó de la casa, pero fue encarcelada por los comunitarios junto a sus padres para que regresaran el dinero que dieron por ella y la de Chilixtlahuaca de Metlatónoc. En estos se registran más casos de matrimonios infantiles.
Arias Vitinio mencionó que Tlachinollan tiene documentados 10 casos de enero a la fecha entre los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc.
La abogada considero importante que en sus 27 años la CRAC abordara la venta de las niñas, adolescentes y mujeres porque es un gran avance que se les dé mayor voz a las mujeres para que emitan opiniones y participen en asambleas, sobre todo porque la población le tiene confianza.
Mencionó que estuvo bien la presencia de los coordinadores de la cinco Casas de Justicia, pero era necesario que estuvieran los de las Casas de Enlace, sobre todo de Dos Ríos, que pertenece a San Luis Acatlán y de Chilixtlahuaca que pertenece a Espino Blanco porque ahí han sucedido los casos de Angélica, de Melesia, Marcela y otras menores encarceladas para obligar a sus papas a que regresaran el dinero.
Neil Arias dijo que el reglamento de la CRAC-PC ya contemplaba algunas cosas en su apartado del capítulo tres, de faltas o errores y su competencia, como la Fracción Novena en que se prohibía terminantemente la venta de mujeres porque serían sancionados, sin embargo no decía cómo y ahora ya había años como propuesta y para enriquecerlo se debe agregar niñas y adolescentes, porque mujeres son las mayores de 18 años.
Dijo que la Fracción 25, debe adicionarse o modificarse y habla del incumplimiento de la promesa de matrimonio, ya que varios coordinadores o enlaces de la CRAC-PC se agarran de él para justificar su injerencia en los matrimonios.
Mencionó que en las comunidades los matrimonios forzados o venta de niñas se siguen realizando ahora más silenciosos o clandestinos por lo que debe exigirse más compromiso de las autoridades municipales y estatales.
Y se deben ver los mecanismos de atención concretos porque si bien proponen que sea el DIF el encargado de atender a las menores, éste tampoco tiene un lineamiento claro porque “Marcela, de Joya Real está desde noviembre del año pasado en un albergue, sola, su hogar son cuatro paredes, con ausencia de una red familiar, no habla con otras porque se comunica en tu’un savi”.
Y para que esas niñas puedan ser acogidas en un albergue forzosamente tienen que denunciar haber sido víctimas o no las reciben y las familias tienen miedo de que las encarcelen y mejor no dicen nada porque se propicia la desintegración familiar
“Entonces lo que falla es el Estado, porque no hay una autoridad que actúe con protocolos de atención a las niñas y se cuide su estabilidad emocional y familiar”.
Por eso se debe ver como las instituciones intervienen para proteger, no bastan los talleres de sensibilización que se dan con lenguaje técnico más cuando no todas las comunidades reciben de buena manera la información sobre los matrimonios infantiles.
Además de la falta de voluntad de los gobiernos municipales para actuar de manera directa para atender desde la presidencia, sindicaturas y sus direcciones porque se sabe que aún celebran actas de acuerdo por temas que tienen que ver con menores.
Resaltó que los presidentes de Metlatónoc y Cochoapa el Grande han dicho que no tienen dinero para atender, al menos con información, a todas sus comunidades.
Ante las propuestas de la CRAC dijo que los comités que se crearán para monitorear y evaluar deben trabajar en consenso con los coordinadores y los enlaces para que no se siga con estas prácticas y se vea cómo atenderlas y se plasmen en las adecuaciones al reglamento.
Se debe tener cuidado con las policías que se crean en las comunidades porque en la cabecera municipal de Cochoapa el Grande existe una Policía Ciudadana que es “independiente” de un sistema, pero la nombró el pueblo y actúa bajo su cuenta con el argumento de la autodeterminación que tiene como una pueblo indígena “por ejemplo, ahí van a seguir deteniendo para juzgar a las mujeres”
Sobre el no castigar el aborto dijo que es bueno porque tuvieron un caso de una mujer detenida por ese motivo en la Casa de Las Juntas, en el municipio de Acatepec.
Texto: Carmen González Benicio
