Tarde o temprano tenía que darse en México la legalización de las sociedades de
convivencia, impulsada por diversos sectores sociales interesados en obtener condiciones
de equidad legal para quienes tienen preferencias homosexuales. En el Distrito Federal se
ha dado este paso que ha resultado polémico por las posiciones encontradas de
defensores y detractores. Y se trata de un primer paso, que se mantendrá para continuar
con la figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños,
como se ha dado en otras latitudes en Europa y en América del Norte.
Y como siempre en este tema, la Iglesia católica se ha pronunciado en contra del intento de
desvirtuar el modelo de la familia tradicional y, desde luego, la institución matrimonial entre
hombre y mujer. En el pronunciamiento del Episcopado Mexicano, el secretario general de
este organismo eclesial, Carlos Aguiar Retes, señaló que “cuando el valor de la familia
esté amenazado por presiones sociales y económicas, la Iglesia reaccionará reafirmando
que la familia entre un hombre y una mujer, es necesaria no sólo para el bien privado de
cada persona, sino también para el bien común de toda sociedad, nación y Estado”.
Señalaba yo al principio que, tarde o temprano tenía que darse esta reforma legal en
México, por el hecho de que detrás tiene un movimiento filosófico que sostiene una peculiar
ideología de género que ha ido ganando terreno ámbitos políticos y parlamentarios. El
relativismo filosófico, que sostiene que la verdad es siempre relativa y que puede
someterse a los parámetros de la democracia, es decir, a la mayoría de votos, es un punto
de referencia que se ha ido imponiendo en el pensamiento contemporáneo y en el ámbito
de las decisiones públicas.
“El pensamiento social y político de la época moderna, escribía hace unos años Agustín
García-Gasgo, arzobispo de Valencia, ha sido reacio a plantearse en términos de verdad.
Desconfiaba de la capacidad del hombre para abrirse a la verdad y temía los fanatismos
que la pudieran invocar a su favor. El pensamiento democrático optó por hacerse escéptico
y relativista, en la mayor parte de los autores, pues creían con ello ser, al mismo tiempo,
pluralistas y tolerantes. En esa situación, la misión de la Iglesia de anunciar al hombre la
verdad sobre el hombre en Jesucristo, se hace poco menos que insoportable; el hecho
cristiano se pretende reducir al foro de lo privado y encerrarlo en la sacristía”. Este
planteamiento señala la gran debilidad de una sociedad construida sobre bases
relativistas cuando la verdad se subordina a la democracia y no la democracia a la verdad.
Hay que entender que la democracia es siempre un medio y no un fin. Es un medio para
construir la convivencia social en los mejores términos para todos y con la participación de
todos. Y no puede colocarse sobre la verdad como si ésta pudiera derivarse de una
mayoría de votos. Y, mucho menos en nuestras democracias tan rudimentarias aún, más
representativas y formales que participativas y reales. El caso las elecciones puestas bajo
sospecha, nos muestra que nuestros procedimientos democráticos dejan mucho que
desear y que nuestra democracia está sometida a juegos de intereses de los más
variados, a mentiras, a desinformación, a manipulaciones y que la verdad, a final de
cuentas, es lo que menos interesa.
La verdad sobre el hombre, a la que alude García-Gasgo, es el fondo de la cuestión. Se
trata de una concepción sobre el hombre que no puede estar al arbitrio de cada quién, y
menos, subordinada a juegos de poder. La filosofía sobre el hombre, la antropología como
manera de explicar el hecho y la condición humana y el sentido de la existencia humana de
manera racional tiene referentes propios orientados por la verdad. Es cierto que los
conceptos, las ideas y las verdades no son neutrales y que siempre están condicionados
explícita o implícitamente, en mayor o en menor medida, por prejuicios, por intereses y por
proyectos visibles u ocultos. Pero la inteligencia sigue reclamando la necesidad de una
verdad objetiva que siga iluminando las grandes y las pequeñas historias humanas.
Es más, la inteligencia ejerce un constante reclamo por buscar y encontrar la verdad a la
cual nos podemos ir acercando de manera humilde y sin la pretensión de poseerla, sino
con el deseo de reconocerla y de contemplarla para vivir de manera coherente con ella. Es
esta inteligencia la que alimenta la investigación científica y la búsqueda filosófica y no
acepta ser extraviada por intereses de poder o de otra clase.
Una legislación, cualesquiera que ésta sea, está orientada hacia el bien de las personas y
de la sociedad entera cuando se subordina a la búsqueda de la verdad que está más allá
de las preferencias políticas. Y en el caso que nos ocupa, ha de examinarse si realmente
se avanza en equidad cuando se legisla pasando sobre la verdad. Si no existe una verdad
última, la cual guía y orienta la acción política, entonces, las ideas y las convicciones
humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia
sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como
demuestra la historia.
La legislación que nos ocupa puede ser sólo un avance fugaz e ilusorio que a largo plazo
resulte frustrante para todos al debilitar el hondo sentido de la verdad que necesita la
sociedad para edificarse en la justicia y en la equidad. Sabemos que lo que se construye
sobre cimientos frágiles o inconsistentes, tarde o temprano se derrumba. El derrumbe de
los sistemas socialistas del Este, ¿no se debió, precisamente, a que se construyeron a
partir de una visión distorsionada y opresiva del hombre, es decir, a partir de una
antropología cerrada que arrebataba la libertad a los hombres y las mujeres? Un sistema
político que pasa sobre la verdad está condenado al fracaso.
La Iglesia católica tiene como punto de referencia una verdad religiosa, revelada y
transmitida –que comparte en gran parte con las demás confesiones cristianas– a sus
fieles. Se trata de una verdad que sustenta principios de vida y de pensamiento. Es una
verdad que no nos pertenece sino que se acoge para dejarse modelar por ella para vivir
como hijos de Dios. Jesucristo señaló, de manera firme que “la verdad os hará libres”,
refiriéndose al hecho de que la grandeza y la dignidad humana sólo se pueden edificar a
partir de la verdad objetiva y no de las “verdades” construidas arbitrariamente.
Es cierto que no se pueden imponer verdades religiosas en una sociedad democrática.
Esto sería indebido y una falta de respeto a la dignidad de quienes no las comparten. Las
verdades religiosas tienen que ser aceptadas de la manera más libre y consciente. Pero de
ellas se desprenden convicciones que se pueden y se deben proponer como puntos de
referencia válidos que pueden beneficiar a todos. La Iglesia católica puede y tiene que
pronunciar su opinión como un servicio a la verdad, sea aceptada o rechazada. En el
concierto de las voces que se escuchan en la sociedad se reconoce como una
interlocutora que tiene algo que decir y ofrecer. Aún cuando se le tome como “aguafiestas” y
aunque provoque la furia de quienes tienen posiciones distintas y se enojan ante los
llamados a buscar y reconocer la verdad como punto de referencia necesario para que la
sociedad se desarrolle de manera saludable.
La Iglesia católica sabe que entre sus mismos fieles hay muchos que asumen
preferencias homosexuales. Y tiene la responsabilidad de recibirlos y aceptarlos como son
y de ofrecerles la oportunidad de abrazar el Evangelio que es para todos, sin
discriminaciones. Es el Evangelio el que puede iluminar la vida de todos, cualesquiera que
sea su condición, para ayudarles a vivir dignamente de acuerdo a la Verdad de Jesucristo.
Es esta Verdad el presupuesto de una verdadera equidad y de una justicia reivindicadora.