América Latina termina este 2015 con muestras del enraizamiento de la democracia en la región, al haber alternancias pacíficas del poder, pero también con muchas preguntas relativas a la calidad de la democracia, en sociedades donde la corrupción, la violencia y la impunidad continúan dominando la vida pública.

El año que está a punto de terminar parece haber sido histórico por más de un motivo. En primer lugar, se podría decir que el último vestigio de la Guerra Fría en la región desapareció. Cuba y Estados Unidos, que no habían tenido un diálogo político bilateral desde el rompimiento de las relaciones diplomáticas en 1961, reabrieron sus embajadas a mediados de año, dando secuencia al anuncio hecho por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro a finales de 2014. En segundo lugar, este año fue marcado por alternancias políticas importantes –principalmente de la izquierda hacia la derecha–, ya sea en Argentina, en Venezuela, o a nivel local, en Colombia, donde la izquierda perdió su bastión, Bogotá, como lo hemos reseñado en este espacio en los últimos meses. ¿Podríamos decir que este año ha sido de rupturas en América Latina?
Si bien estos hechos evidencian un nuevo ciclo político –lo cual, en sí, no es un hecho menor, ante la cuasi-hegemonía política de los gobiernos de izquierda y centro-izquierda (con excepción de México) en el subcontinente durante la última década–, la vida política en México y en Brasil en 2015 nos podría llevar a matizar esta afirmación inicial. Más que rupturas, la región parece más bien pasar por un momento de replanteamiento de su modelo político y de desarrollo.
En el caso de México, el año político fue marcado por las elecciones locales, estatales (incluyendo la gubernatura del estado de Guerrero) y legislativas federales de junio de 2015. Estas últimas, contrariamente a lo que se podía esperar inicialmente, fueron ganadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En efecto, el PRI decidió obviar la figura presidencial de su campaña de aire (es decir, de su campaña en medios de comunicación), para concentrarse en la difusión de algunos –buenos– indicadores económicos en las regiones del país donde existía una percepción de (relativa) mejora económica para ganar la mayor cantidad posible de distritos electorales donde era efectivamente posible ganarlos (es decir, excluyendo bastiones de la oposición, como la Ciudad de México). Para sorpresa de muchos, esta estrategia tuvo éxito. El PRI, junto con sus aliados –el PVEM y el Partido Nueva Alianza, Panal–, obtuvo una apretada mayoría relativa en la Cámara de Diputados, lo que le permitirá transitar con mayor tranquilidad en el Congreso durante la segunda mitad del sexenio. Sin embargo, esta aparente normalidad se enmarca dentro de una fuerte erosión del capital político del presidente Enrique Peña Nieto durante el año que termina. Efectivamente, los escándalos de derechos humanos y de corrupción de 2014 –es decir, la desaparición de los 43 normalistas de Ayoztinapa y el escándalo de la Casa Blanca– no sólo se mantuvieron en la agenda pública, sino que se han vuelto un lastre que visiblemente marcará el actual sexenio. Aunado a este hecho, los precios del petróleo continuaron su tendencia a la baja, lo cual ha venido a perjudicar el equilibrio de las finanzas públicas, fuertemente dependientes de la exportación del crudo, y sobre todo, la agenda de apertura del sector energético al capital privado internacional, que está reorientando sus inversiones a actividades menos intensivas en capital que la extracción en aguas profundas. Por ende, el año termina con un presidente históricamente mal evaluado por los mexicanos, pero que consiguió mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, sin que se sepa si conseguirá mantener el control de la sucesión presidencial de cara a la elección del 2018.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff vive un problema a la vez similar y diferente. Por un lado, comparte con su par mexicano una gran impopularidad (menos del 10 por ciento de los brasileños aprueban su gestión gubernamental). De la misma manera que el presidente mexicano, la presidenta brasileña tuvo un año 2014 extremadamente difícil, en particular una elección presidencial muy competida. Sin embargo, contrariamente al presidente Peña Nieto, la presidenta Dilma Rousseff vivió durante el año 2015 una situación muy delicada con su mayoría en el Congreso, en buena medida fruto de una acción de la justicia y de la policía federal, que ningún actor político tiene la capacidad de controlar: el escándalo Petrobras. En efecto, la mayoría de los líderes de la coalición gubernamental (así como varios líderes de la oposición) se encuentran implicados en este esquema de sobrefacturación de obras públicas, incluyendo a los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado, así como dos actuales ministros y varios ex ministros, lo cual ha contribuido a fragilizar todavía más al Ejecutivo federal, al tiempo que la oposición de derecha ha intentado aprovechar este momento político para destituir a Dilma Rousseff. Si bien tal medida parece no haber tenido éxito, después de la intervención de la Corta Suprema, Dilma Rousseff está pagando el costo político de una práctica política que no es de su autoría: la “patrimonialización” del erario público por los grandes actores políticos y empresariales de Brasil. Todo parece indicar que el régimen político del “presidencialismo de coalición” ha llegado a su límite.
Así pues, América Latina termina este 2015 con muestras del enraizamiento de la democracia en la región, al haber alternancias pacíficas del poder, pero también con muchas preguntas relativas a la calidad de la democracia, en sociedades donde la corrupción, la violencia y la impunidad continúan dominando la vida pública. Esperemos que en 2016, este orden político cambie.

Twitter: @Gaspard_Estrada

* Analista Político del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.