El año que comienza será decisivo en la historia política del país, en razón de que habrán de renovarse la presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión integrado por 128 senadores y 500 diputados federales, así como en las entidades federadas, la jefatura de gobierno, 16 alcaldías y 160 concejales de la Ciudad de México, ocho gubernaturas estatales, 972 diputaciones locales, mil 596 presidencias municipales –integradas por mil 716  síndicos y 12 mil 509 regidurías– 24 juntas municipales en Campeche y 38 regidurías étnicas. Esto implica toda una gran movilidad política de partidos, grupos, ciudadanos e instituciones electorales.
1.- El ambiente político que se observa es complejo, toda vez que al cierre del año que acaba de terminar y en los primeros días de éste que comienza han ocurrido crímenes políticos como los casos de un diputado local en Jalisco, de un presidente municipal de Petatlán y un aspirante a alcalde de Atoyac, en Guerrero. Es verdad que no existe un ambiente generalizado de violencia política, pero un solo caso vinculado al proceso electoral debe resultar de alta preocupación, a lo cual se debe agregar el clima de violencia e inseguridad en todo el país, que de acuerdo con cifras oficiales 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años, según estos datos al último día de noviembre del año pasado se habían cometido 26 mil 573 asesinatos –80 por día en promedio– y con una media mensual de 2 mil homicidios dolosos.
2.- En el ámbito económico-social, el año comienza con el incremento al precio del kilo de tortilla, entre 1.50 y 3 pesos, y a la gasolina Magna un 5 por ciento. En el caso de la tortilla es un artículo de consumo indispensable en la mayoría de la población mexicana, cuyo aumento lesiona la capacidad adquisitiva de la gente más pobre del país. Respecto de los combustibles se repite el gasolinazo que aplicó el gobierno de Peña Nieto al inicio del año pasado. La liberación del precio de las gasolinas no ha tenido el efecto publicitado por el gobierno federal, en el sentido de que ello serviría para que en la competencia comercial bajaran los precios, como constatamos ahora, ha sido todo lo contrario puesto que cada vez suben más en perjuicio de los usuarios.
3.- En la contienda por la presidencia de la República se han configurado las coaliciones electorales de Morena-PT y PES; PAN-PRD y MC y el PRI-PVEM-Panal, cuyos precandidatos y seguros candidatos llevan algunas semanas de precampaña; se han publicado las convocatorias para los procesos internos de selección de candidatos de todos los partidos que implica las naturales negociaciones entre las dirigencias partidarias por los porcentajes de candidaturas y al mismo tiempo las confrontaciones al interior de las agrupaciones partidistas, por las candidaturas a los demás encargos de elección popular y en estos días se afianzan o se redefinen las coaliciones en las elecciones estatales, en donde se da un rejuego de fuerzas políticas nacionales y locales, que no necesariamente coincide en todos los casos con las decisiones del centro político.
4.- En este contexto de signos graves de violencia política, de violencia pública y de gran descontento social, el gobierno federal de Peña Nieto debería cuidar que prevalezca un ambiente político normal de este proceso electoral y no intervenir en el mismo, como ya en forma desafortunada lo ha hecho su secretario de Educación, el salinista Otto Granados Roldán –de nula experiencia en el sector educativo–, quien en vez de honrar la alta distinción que tiene, se quiere convertir en un fajador callejero al expresar calificativos inapropiados en contra del precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, AMLO. Si este personaje quiere participar en la contienda electoral que renuncie a su encargo y se dedique a la campaña, pero que no haga proselitismo desde una institución pública tan encomiable como es la educación del país.
5.- Los gobiernos federal, los estatales y municipales así como las instituciones electorales en cada ámbito de sus obligaciones están llamados a garantizar un proceso electoral pacífico, democrático, en donde prevalezcan los principios constitucionales rectores de toda elección. Las condiciones tan graves  de violencia y descontento social que hay en el país deben de conminarlos a actuar con suma responsabilidad. El proceso de transición política que hemos vivido en México desde la masacre de estudiantes en 1968, todas las represiones y graves violaciones a los derechos humanos, los fraudes electorales desde 1988, han costado muchas víctimas. Es hora de que en nuestro país haya elecciones auténticas, que demos paso a la elección verdaderamente libre de todos los representantes populares, es hora de la construcción de un Estado democrático social de derecho.

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